El debate sobre la desregulación del mercado inmobiliario en Argentina sumó un nuevo capítulo después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expusiera un proyecto en un evento del sector organizado por Reporte Inmobiliario en la UCA, Puerto Madero.
Sturzenegger confirmó que el Gobierno trabaja en un plan que busca modificar aspectos centrales del mercado inmobiliario, incluyendo la intermediación, el esquema de costos y la incorporación de herramientas digitales. La iniciativa estaría lista para ser enviada al Congreso en junio.
La presentación generó respuestas inmediatas de los colegios profesionales, que cuestionaron el alcance y los posibles efectos de las medidas. Uno de los puntos más controvertidos es la posible flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
El ministro sostuvo que el objetivo del proyecto es aumentar la competencia, reducir los costos y eliminar barreras que actualmente limitan el funcionamiento del mercado, proponiendo un esquema más abierto y dinámico.
Los cuestionamientos del sector inmobiliario al gobierno
Sin embargo, desde el sector inmobiliario advirtieron que esos cambios podrían afectar la seguridad jurídica, fomentar la informalidad y debilitar los controles en una actividad que involucra decisiones patrimoniales importantes.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci), fue una de las voces más críticas. "No hay sustento jurídico para avanzar en ese sentido. La organización de la actividad inmobiliaria es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación", afirmó al medio IPprofesional.
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Liotto destacó que el corretaje inmobiliario no es una simple actividad comercial, sino una profesión que requiere formación técnica y actualización constante. Según ella, la matrícula y colegiación son garantías para la sociedad. Enfatizó que el problema no está en los corredores, sino en los ciudadanos: "Eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas, con riesgo de errores, fraudes y prácticas abusivas".
Además, rechazó que una apertura mayor reduzca los costos de las operaciones, explicando que los gastos principales están ligados a impuestos, tasas y costos registrales, no a los honorarios profesionales.
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Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), coincidió en que eliminar la matrícula representaría una desprotección para todas las partes. "Si no se controla al intermediario, ante una mala praxis solo queda la justicia ordinaria, con costos y demoras", señaló.
Vrancich subrayó que los colegios cumplen un rol clave en la supervisión, sancionando conductas no éticas y mediando en conflictos, lo que evita que muchos casos lleguen a la justicia, y recordó que el mercado inmobiliario funciona sin obligatoriedad de intermediación, ya que las personas pueden operar por cuenta propia, pero el respaldo técnico de un profesional es fundamental en operaciones que suelen involucrar los ahorros de toda una vida.
