El sueño de obtener el pasaporte italiano se volvió pesadilla para miles de argentinos que viajaron a Italia con una carpeta repleta de papeles, certificados de nacimiento, traducciones selladas y la esperanza de reconstruir el hilo roto de su identidad familiar. Hoy, muchos de ellos están varados en pueblos pequeños y ciudades dispersas, sin respuestas, sin permisos, sin claridad.
La causa: un decreto impulsado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que esta semana fue convertido en ley. La norma restringe el acceso a la ciudadanía por descendencia —el conocido Ius Sanguinis— y limita el derecho a reclamarla sólo a hijos y nietos directos de italianos nacidos en el país europeo. Para muchos descendientes sudamericanos, especialmente en Argentina, esto implica un cambio de reglas con el partido ya empezado.
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“Vinimos aquí siguiendo un llamado profundo, legítimo y legal: el de reconocer nuestra ciudadanía italiana por derecho de sangre. Muchos de nosotros llegamos antes del 28 de marzo de 2025, fecha en la que de manera repentina y sin previo aviso, se cerraron las puertas de un proceso que habíamos iniciado de buena fe, con documentación preparada, alquileres firmados, contratos registrados, presencia declarada, hijos inscritos en colegios italianos y, en algunos casos, incluso con constancia formal de residencia”, enunció un manifiesto de Italo-descendientes Varados en Italia, redactado para este medio.
Cambiaron las reglas en medio del juego
Hasta ahora, el derecho a la ciudadanía italiana por sangre se extendía más allá de dos generaciones, y aunque el proceso era engorroso y costoso, miles de argentinos lo emprendían cada año. En 2023, el Consulado General de Italia en Buenos Aires registró cerca de 30.000 reconocimientos de ciudadanía. La cifra crecía año a año.
Pero con la nueva legislación, quienes no tengan un abuelo o padre nacido en Italia o no puedan probar que sus progenitores residieron al menos dos años en el país antes de su nacimiento, quedarán afuera. Según el gobierno italiano, se trata de frenar “abusos” y evitar que el pasaporte italiano se convierta en una “mercancía”.
Desde Italia, un grupo autogestionado llamado AMERITANOS habló con El Destape para detallar el estado de desesperación de quienes viajaron para iniciar el trámite y hoy se sienten atrapados en “un limbo legal”: “Estamos atrapados en una zona gris legal. Incluso quienes presentamos la documentación con anticipación nos encontramos bloqueados. Exigen primero el permiso de soggiorno, luego la residencia, pero todo se comunica verbalmente. No nos entregan recibos, no hay protocolos oficiales. Lo único que todos tenemos en común es que nadie ha logrado obtener la constancia de inicio de trámite”.
Desde AMERITANOS solicitan apoyo institucional para no quedar a la deriva.
El reclamo apunta a la falta de criterios uniformes: cada municipio interpreta la normativa a su modo, impone condiciones distintas y no hay mecanismos efectivos de apelación. “Fuimos invisibilizados. Nadie alzó la voz por nosotros. No pedimos privilegios, pedimos justicia: que no se borre nuestro esfuerzo”, exigen.
La italianidad bajo sospecha
En el Parlamento italiano, el debate fue áspero. Mientras que sectores aliados a Meloni aseguraron que se trataba de una “corrección necesaria” para evitar el colapso administrativo y preservar la identidad italiana, la oposición remarcó que la migración es parte constitutiva de la historia del país.
“Muchos descendientes podrán seguir accediendo a la nacionalidad, pero se establecerán límites para evitar fraudes y la comercialización del pasaporte. La ciudadanía debe ser una cosa seria”, advirtió en ese contexto Antonio Tajani, canciller italiano y uno de los impulsores del proyecto, que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados.
“El migrante forma parte del ADN italiano. La italianidad puede encontrarse en las palabras, la cocina y las costumbres de millones de personas en Brasil, Argentina o Uruguay”, replicó el diputado del Partido Democrático Toni Ricciardi.
Según cifras oficiales, en los últimos 20 años el número de italianos en Sudamérica pasó de 800.000 a más de dos millones. Solo en Argentina se estima que más del 60% de la población tiene al menos un antepasado italiano.
La nueva ley, sin embargo, marca un giro en la política migratoria de Italia, y muchos lo leen como un gesto simbólico: el cierre de una puerta que por generaciones permaneció abierta.
Mientras tanto, en comunas rurales y pasillos de oficinas municipales del sur de Italia, jóvenes argentinos siguen esperando que alguien los escuche.
Qué cambia y quiénes quedan afuera
La nueva ley italiana redujo drásticamente el alcance del derecho a la ciudadanía por sangre (iure sanguinis) pero, además, exigirá ahora que los solicitantes residentes en el exterior mantengan vínculos concretos con el país, como haber ejercido derechos civiles, solicitado documentación oficial o participado en elecciones, al menos una vez cada 25 años. Una novedad que pone en jaque la idea de ciudadanía como herencia pasiva.
Por fuera de ese margen, quienes desciendan de bisabuelos o tatarabuelos italianos -la mayoría de los casos en Argentina- ya no tendrán acceso al reconocimiento por vía administrativa, salvo que hayan iniciado el trámite en tiempo y forma antes del 27 de marzo de 2025. El resto quedará fuera del alcance de la ley anterior.
“Hoy nos encontramos en un país que nos mira, pero no nos reconoce. No somos ciudadanos, ni turistas, ni migrantes regulares. Estamos atrapados entre leyes cambiantes y trámites interrumpidos. Tratados como parias sin rumbo. Somos madres, padres, hijos, trabajadores, estudiantes. No somos números ni expedientes incompletos. Somos descendientes de Italia”, expresaron los varados a este medio.
Y agregaron: “Dejamos nuestras vidas atrás. Renunciamos a trabajos, vendimos bienes, postergamos estudios y despedimos a nuestras familias con la esperanza de reconstruir una nueva vida en la tierra de nuestros antepasados. Una vida con derechos, deberes, arraigo, dignidad”.
Aún más, se creará una nueva oficina centralizada en el Ministerio de Asuntos Exteriores para recibir las solicitudes. Los consulados dejarán de canalizar nuevos expedientes y se concentrarán sólo en asistir a ciudadanos ya reconocidos. Hasta que esa oficina esté en funcionamiento, el proceso está en una pausa técnica y sin fecha cierta de reactivación.
Para cerrar, las y los varados expusieron: “Pedimos a las autoridades italianas, a las comunas, a la sociedad civil, a los defensores de derechos, que escuchen esta voz colectiva. Y a quienes están en nuestra misma situación, les decimos: no están solos. Juntos somos una red, una comunidad, una voz que no se dejará apagar. Italia es también nuestra casa. Non ci arrendiamo”.
Radicarse o litigar
Con el endurecimiento del acceso a la ciudadanía italiana por ius sanguinis, muchos argentinos que antes calificaban quedaron fuera del nuevo esquema. Para ellos, solo quedan dos rutas posibles: establecerse en Italia y cumplir con al menos dos años de residencia legal antes de iniciar el trámite, o bien iniciar un proceso judicial en tribunales italianos, apelando al principio del derecho adquirido. Ambas opciones implican tiempo, dinero y paciencia: desde conseguir un permiso de soggiorno que habilite la permanencia en el país, hasta contratar abogados que litigan en el extranjero.
Sin embargo, los varados cuyos trámites ya habían sido iniciados, queda en stand by: “Hay que buscar solución para los que quedaron varados en el limbo de una ley que avalaba sus acciones y se encontraron con el nuevo decreto que les impide el reconocimiento de su ciudadanía”, expusieron desde AMERITANOS. Y concluyeron: “Como ya sabemos, el hecho de rearmar la historia familiar a través de actas, tomar la decisión de emigrar, dejar la zona de confort para buscar otros horizontes, cruzar el océano y llegar a un país nuevo conlleva muchísimo desgaste. Es muy frustrante”.
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