La decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública afectó seriamente no solo a los ciudadanos que ven el deterioro de la calidad de vida, sino también a múltiples empresas, ya sea porque realizaban las construcciones o porque eran proveedores de las mismas. En este panorama crítico, Materiales Razzini –que incluye a Hormigones Ricci– solicitó formalmente el concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Civil y Comercial de la Octava Nominación de Rosario, a cargo del juez Luciano Juárez, luego de no lograr acuerdos de pago después de varios meses de negociaciones.
La crisis económica desatada por la administración de La Libertad Avanza (LLA) sigue provocando graves consecuencias en las compañías más destacadas de la construcción. Este es el caso de la hormigonera rosarina, cuyos problemas se intensificaron luego de invertir en una nueva planta en un contexto de recortes a la infraestructura y donde la demanda privada cayó drásticamente durante 2024. Esta realidad económica dejó a la empresa con alto stock de materiales comprados “caros” y ventas menores a lo esperado, generando una gran desalineación financiera.
La empresa de la diputada nacional santafesina del PRO Verónica Gabriela Razzini, presentó la convocatoria el 29 de julio, la cual se tramitará en el juzgado civil y comercial de la octava nominación a cargo del magistrado Luciano Juárez. Según la Central de Deudores del Banco Central, todo el Grupo Razzini Materiales, de la que es parte Hormigones Ricci, tiene 188 cheques rechazados en cuentas de personas jurídicas por un total de algo más de 573 millones de pesos.
En los últimos meses de 2018, inició un plan de inversiones de u$s 2,5 millones que permitió duplicar la producción de hormigón que la empresa tenía cuando el Grupo Razzini se hizo cargo. Entre 2021 y 2022 incorporó más de 10 mixers nuevos, además de equipamiento de punta. Sin embargo, la llegada de Milei a la Presidencia selló su futuro. La empresa empezó el primer trimestre de este 2025 con la imposibilidad de cumplir con las entregas de materiales programadas y previamente pagadas.
El modelo de negocios también resultó arriesgado: tras adquirir Ricci Hormigones en 2019, los propietarios lanzaron una desarrolladora que integraba canjes con constructoras. Se entregaba hormigón y se cobraba con unidades terminadas, algo inviable sin capital de respaldo. La falta de liquidez derivó en retrasos de pagos y el corte de cuentas por parte de proveedores clave como Holcim, profundizaron la desesperante situación.
Esta situación marca lo que vive todo el sector de la construcción: el modelo de valorización financiera que impuso el Presidente, acompañado de la recesión autoinfligida para bajar la inflación y el ajuste salvaje del gasto, fue en claro desmedro de las actividades productivas. La industria finalizó el año pasado con un retroceso acumulado de 9,4%, con desplomes en la mayoría de sus rubros, mientras que la construcción se contrajo un 27,4% ante la parálisis de la obra pública.
Venado Tuerto marchó contra los recortes de Milei y le exigió la reparación de las rutas
El pasado sábado, se realizó una gran movilización en la ciudad de Venado Tuerto contra de la desidia en infraestructura impulsada por la gestión libertaria. En este marco, dirigentes, legisladores, intendentes, presidentes comunales, representantes de instituciones, cámaras empresariales y vecinos se reunieron en la rotonda de Venado Tuerto para pedir recursos para la reparación y el mantenimiento de las rutas nacionales que cruzan por la región.
La iniciativa fue impulsada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y buscó visibilizar la crítica situación de estas arterias viales fundamentales para la conectividad y la producción del sur de Santa Fe, y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional. El grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. A pesar de múltiples reclamos realizados por la comunidad y por los representantes provinciales, las promesas de Nación no se materializaron.
Ante esta situación, se realizó una actividad desde las 14, en la rotonda de las rutas 8 y 33. Allí, sin interrumpir el tránsito, cientos de personas firmaron un petitorio con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas a la Casa Rosada. El primer orador de la marcha fue el jefe de Bomberos de Venado Tuerto y de la Federación Santafesina, Francisco Acrap, quien exigió: "Pedimos que las rutas sean seguras, algo que no está pasando en este momento. Son rutas de trabajo, salud, educación, transporte, de productores y de la sociedad. Esto es un reclamo genuino que no tiene partidismo político y que nos va a dignificar".
Luego, fue el turno del ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, quien abogó para que la imagen de la concentración de demandantes llegue al Presidente. "Este reclamo no es contra ningún gobierno, porque ya los hemos realizado ante todas las gestiones, pero el pueblo tiene que salir y expresarse, tienen que conocerse que las cosas no están bien con las rutas, estamos pagando impuestos que no vuelven en obras", aseguró.
A su vez, pidió "que arreglen la ruta y que corten el pasto". "El Gobierno debe saber que los santafesinos no nos quedaremos de brazos cruzados hasta que esto se solucione", apuntó. Además, exigió que "si el Gobierno nacional no quiere, no sabe o no puede, ceda las rutas a la provincia para organizar un esquema de mantenimiento".
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