En el marco de los hallazgos en el ex centro clandestino "La Perla" de Córdoba y a dos semanas del 50° aniversario de la última dictadura cívico militar, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó la elevación a juicio oral de seis exmilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra integrantes de la comunidad universitaria en la década del '70.
Los hechos investigados ocurrieron entre junio y noviembre de 1976, dejando como consecuencia un total de 30 docentes, estudiantes y trabajadores vinculados a la Universidad Nacional del Sur (UNS) como principales víctimas de ataques, secuestros y torturas.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, junto a los auxiliares fiscales Paula Molini y Pablo Fermento, quienes sostienen que los secuestros, torturas y detenciones ilegales formaron parte de un plan sistemático de persecución política dentro del ámbito universitario.
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Entre los imputados se encuentran tres exoficiales que integraron el Comando del V Cuerpo del Ejército: el coronel Osvaldo Bernardino Páez, el mayor Osvaldo Lucio Sierra y el teniente primero Norberto Eduardo Condal.
A ellos se suman tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y el suboficial Víctor Raúl Aguirre.
Según indicaron las autoridades en la presentación, a todos ellos se los acusa de "violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos por persecución política, delitos considerados de lesa humanidad". A su vez la fiscalía señala que los imputados actuaron como coautores mediatos, con excepción de Aguirre, a quien se le atribuye participación directa.
Las detenciones y los pedidos de cara al juicio
La investigación sostiene que las detenciones se realizaron mediante operativos de inteligencia, vigilancia y espionaje dirigidos contra docentes, estudiantes y trabajadores de distintas áreas como Economía, Filosofía, Historia, Matemática y Biología.
De acuerdo con la hipótesis de Fiscalía, el objetivo era desarticular la actividad política y académica dentro de la universidad, a la que sectores del régimen militar señalaban como un espacio de “adoctrinamiento subversivo”.
Además del pedido de juicio, la fiscalía solicitó que se admita como querellantes a organizaciones y entidades vinculadas a las víctimas, entre ellas H.I.J.O.S. Bahía Blanca y el organismo de derechos humanos Equipo Nizkor.
Con la elevación parcial del caso, la Justicia deberá definir la realización del juicio oral contra los seis exmilitares, en una causa que busca esclarecer el rol de las fuerzas armadas en la persecución a la comunidad universitaria durante la dictadura.
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