Santa Fe: prestadores de servicios para personas con discapacidad denuncian crisis por falta de pago

Este jueves, prestadores de servicios para personas con discapacidad de la provincia de Santa Fe salieron a la calle bajo la consigna “Una luz por la discapacidad”. La marcha, que reunió a diversos trabajadores y trabajadoras del sector, junto a familias de pacientes afectados, denunció el retraso sistemático en los pagos por parte de las obras sociales y la falta de actualización de los aranceles, congelados desde diciembre de 2024.

“Estamos sosteniendo con esfuerzo un sistema que el Estado debería garantizar. Llegamos a un punto de quiebre: no podemos seguir trabajando sin cobrar lo que nos corresponde”, expresó una de las manifestantes, profesional de la salud. En este contexto de crisis, la situación económica llevó a muchos a buscar otros empleos o reducir sus horas de atención por no poder afrontar los costos básicos como el alquiler de consultorios, la compra de materiales, continuidad de capacitaciones y hasta el pago de servicios.

Los reclamos apuntan tanto al Estado nacional, en un marco de recortes a través de la motosierra de Javier Milei, como también al provincial que lidera actualmente el gobernador Maximiliano Pullaro. Según indicaron durante la movilización, las y los trabajadores denuncian que "el nomenclador nacional paga por debajo del mínimo ético profesional, estimado en $12.000, mientras que obras sociales como Iapos pagan apenas $9.300, y con mayores demoras".

“Hoy me llegó un material para el consultorio y me di cuenta de que no puedo seguir comprando. Estoy esperando que me paguen trabajos hechos en marzo”, relató otra trabajadora, presente en la movilización. “Y con lo que pago de intereses, porque no llego a fin de mes, termino perdiendo”, agregó.

La protesta también contó con la participación activa de familias de personas con discapacidad, quienes respaldaron a los profesionales que piden por mejores sueldos y pagos al día. “Estamos en el medio de esta crisis. Sin las obras sociales, nuestros hijos no pueden acceder a terapias. Los acompañamos porque los necesitamos, pero también entendemos que no pueden trabajar gratis”, dijo la madre de un niño que depende de estas prestaciones.

Junto con el deterioro económico previamente mencionado, las y los prestadores también expusieron el desgaste emocional y profesional que viven día a día ante la falta de respuestas. “Nos están obligando a elegir entre la vocación y sobrevivir. No es justo. Uno pone amor, pero con amor no se pagan las cuentas”, sentenció una de las manifestantes.

Las demoras, los sueldos congelados y la indiferencia institucional ya impactan directamente en la atención: hay pacientes que están quedando sin terapias. “Las obras sociales ni siquiera contestan los mails. Todo va a auditoría. Mientras tanto, las familias quedan desamparadas y los profesionales, agotados”, denunciaron.

El reclamo, que se repite en distintos puntos del país, no tiene bandera política y así lo señalan los propios trabajadores en la marcha. “Es un reclamo histórico. Todos los gobiernos han fallado en reconocer y sostener el trabajo de los prestadores para personas con discapacidad. No pedimos favores: exigimos lo que nos corresponde”, concluyeron.