Durante las elecciones legislativas 2025 del pasado domingo, las fuerzas de seguridad implementaron operativos especiales para garantizar el normal desarrollo de la votación y la protección de los electores. Estos procedimientos permitieron la captura de personas con órdenes de detención pendientes. En ese marco, la Justicia de Córdoba detuvo a un hombre denunciado por violencia familiar y de género e identificó a otros dos sospechosos este lunes durante allanamientos en barrio Centroamérica.
El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que todos fueron conducidos al Centro de Monitoreo y Alarma de la Policía de Córdoba, cuya sede se encuentra en el Polo de la Mujer. Este organismo encargado de colocar tobilleras electrónicas y controlar que se cumpla la orden de restricción de acercamiento.
Quinteros detalló que hay 16 solicitudes de la Justicia para que se coloquen estos dispositivos, pero los agresores no se presentan ante las autoridades. Los nueve Juzgados de Violencia Familiar y de Género, que se encargan de intervenir de inmediato apenas una víctima denuncia a un presunto agresor, son los organismos que pueden disponer que no haya contacto entre las partes. Para ello, emiten órdenes de restricción de acercamiento como un modo de protección a la víctima, a quien le entrega un botón antipánico.
El monitoreo es 24/7; es decir, durante todo el tiempo. Emite un alerta cuando se aproximan a menos de un radio de 1.500 metros, es decir que solo es posible colocarlo cuando ambos viven a más de 15 cuadras de distancia. Otro elemento que tienen en cuenta los Juzgados de Violencia es el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas anteriormente. Si la víctima se ve amenazada, inmediatamente emana la orden de colocar la tobillera.
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El caso de Pablo Laurta: por qué el doble femicida no tenía tobillera electrónica
Sin embargo, la colocación de la tobillera electrónica no siempre se dispone y esto pone en riesgo la vida de miles de mujeres que sufren violencia. La jueza María Jalilo Manfroni, quien estuvo a cargo del caso del doble femicida y asesino Pablo Laurta e intervino en las denuncias de violencia que presentó su expareja Luna Giardina (26), explicó por qué no se le puso una tobillera. “Se le otorgó el botón antipánico desde el primer momento y también se ordenó la colocación de la tobillera, el tema es que él no tenía domicilio constituido en Córdoba”, declaró la magistrada a Cadena 3 de dicha provincia.
En ese sentido, Manfroni detalló que “su domicilio real” era en Uruguay, por lo que “nunca se lo pudo ubicar para la colocación” del dispositivo. Al respecto, señaló que “había una notificación” en la Dirección de Migraciones de que, cuando ingresara a Argentina, se enterara para poder dar cumplimiento a las medidas que fueron ordenadas.
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No obstante, la jueza señaló que, durante el proceso que la pareja tenía abierto por la tenencia de su hijo, se le hizo una pericia psiquiátrica al hoy detenido, que “dio que él no era una persona peligrosa”. Por el caso de Luna y su ex suegra Mariel Zamudio, Laurta está imputado por doble homicidio agravado por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego. El fiscal Gerardo Reyes, además, le agregó el agravante de "alevosía" y aún analizan también si sumarle una pena más por el secuestro de su hijo de cinco años. Por estos delitos, le corresponde prisión perpetua.
En la provincia de Entre Ríos, Laurta está imputado por homicidio criminis causa por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio (49), cuyo cuerpo fue encontrado en Puerto Yeruá, a unos pocos kilómetros de Concordia, lugar en el que el conductor y el doble femicida se encontraron por un supuesto viaje a Santa Fe.
Actualmente, el doble femicida se encuentra alojado en una prisión de máxima seguridad llamada Cruz del Eje, ubicada al norte de la ciudad. Laurta permanece en una celda individual, aislado de la población carcelaria general y es vigilado permanentemente a través de una cámara de seguridad.
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