La exjueza de Familia de Pilar Alejandra Claudia Velázquez fue condenada a tres años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos después de ser hallada culpable del delito de cohecho agravado. La sentencia fue dictada por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro y marca una síntesis en una extensa investigación que comenzó hace casi 10 años a partir de graves denuncias vinculadas a procesos de adopciones ilegales.
Aunque la condena contempla la prisión, Velázquez seguirá en libertad, ya que se le computó el tiempo que estuvo detenida después de ser extraditada desde España. La exmagistrada había sido arrestada en julio del 2024 en el aeropuerto de Barajas por efectivos de Interpol, por permanecer fuera del país mientras avanzaba la causa judicial en su contra.
La sentencia tendrá vigencia hasta julio del 2028, mientras que la inhabilitación para ocupar cargos públicos se extenderá hasta 2031.
La admisión de los hechos
La resolución fue posible a partir de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, en el que Velázquez reconoció haber cometido el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. La investigación determinó que había ofrecido dinero a dos empleadas estatales con el objetivo de influir en actuaciones relacionadas con expedientes de adopción.
Según la interpretación del tribunal, el delito quedó configurado con el solo ofrecimiento de la coima, independientemente de que las funcionarias rechazaran lo planteado y el hecho en sí nunca llegara a concretarse.
La condena corresponde específicamente a este tramo de la causa penal, que originalmente también incluía acusaciones por falsificación de instrumento público. Otros aspectos de la investigación continúan en trámite judicial.
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Una trayectoria de denuncias y destitución
El caso de Velázquez se remonta al 2017, cuando fue destituida de su cargo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, del que había sido titular desde su creación. Un año antes ya había sido suspendida mientras avanzaban diversas denuncias en su contra.
Entre las irregularidades señaladas figuraban el fechado falso de sentencias, denuncias por acoso laboral y la firma de más de 600 expedientes por parte de auxiliares durante ausencias de la magistrada, muchas de ellas sin autorización de la Suprema Corte bonaerense.
Las acusaciones más graves, sin embargo, estuvieron relacionadas con una presunta intermediación ilegal en procesos de adopción. De acuerdo con testimonios de la causa, Velázquez habría impulsado un sistema de contactar mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, para facilitar la entrega de bebés a familias interesadas, a cambio de dinero.
La investigación también sostiene que trabajadoras sociales fueron convocadas para realizar tareas fuera del ámbito judicial con el objetivo de identificar esos embarazos en barrios vulnerables de Pilar. Según los testimonios recogidos en el expediente, la entonces jueza les habría indicado que existían matrimonios con alto poder adquisitivo dispuestos a pagar por esas gestiones.
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