El Procurador General de Entre Ríos Jorge García acaba de rechazar el recurso judicial presentado por la defensa de Néstor Pavón para impedir que realicen un nuevo juicio en su contra, esta vez bajo la acusación de coautoría del femicidio de Micaela García.
Pavón ya había sido condenado a cinco años de prisión como encubridor y su taller fue señalado por la Fiscalía en la reconstrucción de los hechos. El Procurador fundamentó su decisión en lo resuelto previamente por la Corte Suprema, que dispuso un replanteo integral del caso contra el acusado.
Cómo se dio este giro en la Justicia
El Tribunal de Juicio de Gualeguay había descartado inicialmente la hipótesis de una participación más directa de Pavón en el femicidio. Esto se revirtió en la Cámara de Casación Penal de la provincia, donde se anuló la sentencia y se dispuso un nuevo juicio. Esta instancia sostuvo que las pruebas existentes no habían sido valoradas en relación a la presunta colaboración de Pavón con Sebastián Wagner, el hombre condenado a prisión perpetua por la violación y el homicidio de Micaela.
Tras ello el caso llegó nuevamente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que recibió los planteos formulados por la defensa de Pavón y restableció la condena bajo el mismo delito. De esta manera el acusado recuperó su libertad en agosto del 2024.
Paralelamente, la querella y los fiscales insistieron en la revisión integral de la causa, gestionando recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. En septiembre de este año el máximo tribunal finalmente ordenó realizar un nuevo juicio.
En ese momento la defensa de Pavón alegó que proceder en un nuevo juicio violaría el principio ne bis in idem, que sostiene que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Sin embargo, el Procurador resolvió que el planteo carece de sustento jurídico. En su dictamen explicó que el principio ne bis in idem no aplica, ya que no existe una sentencia definitiva e irrevocable sobre el fondo de la acusación.
El femicidio de Micaela García
El femicidio de Micaela García y la lucha de sus padres impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género para las y los agentes de la administración pública.
Micaela fue encontrada muerta en Gualeguay una semana después de su desaparición, el 1 de abril de 2017. Había salido a bailar y en el camino de regreso a su casa fue interceptada por Wagner, quien la subió a su auto, la violó y la mató.
El femicida tenía antecedentes y estaba en libertad por el beneficio que le otorgó, en ese entonces, el juez Carlos Rossi.
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