La advertencia “¿Me vas a denunciar? Vas a saber quién soy yo y quién sos vos”, dicha por un superior a una subalterna, no es un episodio aislado. Es la frase que condensa la trama de poder y silencio que atraviesa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Argentina.
El informe “Análisis de casos de violencia sexual en el contexto laboral de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas”, elaborado por la UFEM, recopila 23 casos de esta índole sucedidos entre 2011 y 2023. Allí se muestra que el 96% de los agresores ocupaba cargos jerárquicos, en promedio 16 años mayores que sus víctimas, casi todas mujeres en rangos bajos o medios.
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“La impunidad trae más impunidad. Si no hay consecuencias para los agresores, lo que aparece es la expulsión de las víctimas y un pacto de silencio institucional”, advirtió la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, en diálogo con El Destape. Para la fiscal, el informe expone cómo la verticalidad militar y policial reproduce la desigualdad y la convierte en un mecanismo de disciplinamiento.
La incorporación de mujeres en estos espacios históricamente masculinizados comenzó tímidamente en la década del ‘60. Entre las más recientes: la Fuerza Aérea en 2001, la Armada en 2002 y las Armas de Infantería y Caballería del Ejército en 2012. Las mujeres llegaron a un escenario ya moldeado por valores asociados a la masculinidad —poder, violencia, disciplina— y quedaron a merced de la verticalidad institucional, con escasa perspectiva de género.
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Aunque en los últimos años se crearon oficinas de género, protocolos y mecanismos de resguardo tanto en Defensa como en Seguridad, su aplicación real dista de lo que prometen las normas. Este medio intentó dialogar con referentes del Ministerio de Defensa de la Nación, pero el recambio de autoridades generó dilaciones y desencuentros que impidieron contar con su versión en esta nota.
Este medio intentó dialogar con referentes del Ministerio de Defensa de la Nación, pero el recambio de autoridades generó dilaciones y desencuentros que impidieron contar con su versión en esta nota.
La violencia sostenida
El informe da luz a años de oscuridad para las mujeres de dichas fuerzas: el 60% de los hechos denunciados fueron prácticas sostenidas en el tiempo, que se prolongaron hasta siete años. En la mayoría, la violencia comenzó como acoso “sutil” —invitaciones, comentarios, presiones— que luego escalaron hasta llegar al abuso sexual.
Una suboficial recuerda que sus compañeros le decían: “Acá hay varios que queremos embarazarte”. Otra escuchó: “Nada es gratis acá dentro”. Y muchas sufrieron amenazas directas: “Si hablás, se termina tu carrera”.
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El 80% de los casos, detalla la UFEM, se cometió aprovechando la asimetría jerárquica. “Ese abuso de poder está en el corazón del fenómeno”, explicó Labozzetta. “Son instituciones verticalistas y masculinizadas, donde las mujeres ingresan en los rangos más bajos y los varones ocupan los cargos más altos. Eso configura un escenario que facilita la violencia sexual y, sobre todo, la dificultad de denunciarla”.
Denunciar(se)
El 74% de las víctimas realizó primero una presentación interna en su institución antes de radicar una denuncia penal. En promedio, transcurrieron cuatro meses entre una instancia y otra. “Hay una notoria dilación entre el hecho que ocurre y la denuncia. Influyen múltiples factores: la desconfianza en la justicia, el miedo al victimario, la dependencia económica o la naturalización de la violencia. Todo eso conspira contra la decisión de denunciar”, señaló Labozzetta.
En la práctica, muchas mujeres pagaron con su carrera el hecho de hablar. Trece debieron tomar licencias temporales, diez fueron reubicadas y varias fueron desplazadas a funciones pasivas. Apenas cuatro agresores fueron despedidos. En algunos casos se llegó al absurdo: mujeres trasladadas para “cuidarlas” y agresores que conservaron su lugar de mando, dejando el mensaje de que denunciar, es denunciarse.
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“Denunciar en estas instituciones no es solo reportar un delito: es desafiar la cadena de mando, romper un pacto de silencio”, resumió la fiscal. “Por eso cada testimonio también es un acto de resistencia”.
La UFEM intervino en más de la mitad de los casos relevados, colaborando con fiscalías federales de todo el país. “Nuestra tarea es aportar experiencia y protocolos de investigación especializados en delitos sexuales, que muchas fiscalías federales no tienen porque no es su competencia habitual”, explicó la entrevistada. Eso permitió, por ejemplo, que seis causas fueran elevadas a juicio y tres llegaran a sentencia.
Entre la impunidad y los avances
La investigación judicial también exhibe sus grietas. Solo el 30% de las causas avanzó hasta juicio o sentencia, mientras que el 70% permanece en instrucción. El tiempo promedio de tramitación supera los dos años, y hay expedientes que llevan más de ocho sin resolución.
El contraste es brutal: mientras las víctimas enfrentan traslados, licencias y sanciones disciplinarias, los acusados en muchos casos conservan sus cargos o se jubilan sin haber sido juzgados.
Sin embargo, el informe muestra que cada vez más mujeres se animan a denunciar. “Eso tiene que ver con un cambio de época y con la existencia de áreas de género dentro de las fuerzas, que funcionan como espacios de escucha”, reconoció la fiscal. Y agregó: “Cuando el sistema judicial aplica sanciones, cuando muestra que no hay impunidad, las mujeres se animan más. Esa es la clave: romper el círculo de silencio con respuestas concretas”.
Respuesta institucional
A pesar de los intentos por obtener la palabra del Ministerio de Defensa de la Nación, el recambio de autoridades generó que no brinden una respuesta. Por el contrario, El Destape pudo consultar a Raquel Asensio, coordinadora general de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, quien advirtió: “En la mayoría de los casos que conocimos, la denuncia no ingresó por las oficinas de género y no se aplicaron los protocolos vigentes”.
En los expedientes que acompañan desde la defensa pública ven un patrón repetido: “La mayoría no conoce los recursos internos: no saben que existe la categoría de violencia por motivos de género ni qué mecanismos de protección tienen disponibles”.
Cuando efectivamente intervienen las áreas especializadas, el escenario cambia: el primer contacto suele ser más respetuoso, se orientan medidas de resguardo y se ofrecen vías claras de acción. Pero esos casos “son excepcionales”. La regla es otra: omisiones, demoras, revictimización y un clima hostil que desalienta toda denuncia.
Uno de los casos que trabajó la Comisión lo ilustra con crudeza. Una suboficial contó que había sido abusada durante una guardia nocturna. En vez de activar el protocolo, sus superiores la sentaron frente al propio agresor, quien la amenazó con denunciarla por falso testimonio. Luego llegaron las represalias internas: rumores, hostilidad y hasta enfrentamientos con la esposa del cabo, también integrante de la fuerza.
“Ese tipo de ‘reuniones conjuntas’ es una práctica que encontramos bastante seguido”, señaló Asensio. “Y es completamente revictimizante”.
La Defensoría registró casos en los que mujeres fueron llamadas a reuniones junto a su agresor, presionadas para desistir o sometidas a interrogatorios estigmatizantes. En uno de los casos relevados, una joven de una escuela militar pasó por seis instancias internas antes de que la dejaran hacer la denuncia penal. En ese recorrido, la confidencialidad, la atención médica y la asesoría jurídica fueron vulneradas una y otra vez.
Licencias psiquiátricas como mecanismo de expulsión
Otra línea de análisis que aporta la Defensoría es el uso institucional de las licencias psiquiátricas, que en la práctica operan como un castigo encubierto. “La mayoría accede a licencias por motivos psiquiátricos y casi no se utiliza la licencia por violencia de género”, explicó Asensio. Aunque estas licencias funcionan como una vía de autoprotección frente al hostigamiento cotidiano, a largo plazo “tienen efectos negativos directos: afectan la carrera, reducen el sueldo, obstaculizan la reincorporación y generan un estigma que las marca como ‘inestables’ o ‘problemáticas’”.
Para la Comisión, esas licencias no deberían leerse como un síntoma de fragilidad individual sino como prueba del maltrato institucional sistemático que sigue al acto de denunciar: sanciones arbitrarias, recorte de funciones, presiones, amenazas y traslados. “La violencia no termina con la denuncia: empieza otra forma de violencia, la institucional”, sintetizó.
Ante esa trama, la Defensoría aparece como el único contrapeso estatal capaz de intervenir cuando las represalias internas se transforman en violación de derechos. Raquel detalló que las Defensorías de Víctimas actúan como querellantes en causas penales y también patrocinan a mujeres que sufren sanciones encubiertas: “Acompañamos reclamos por reincorporaciones, cuestionamos sanciones retaliatorias, pedimos medidas de protección, impugnamos bajas calificaciones y logramos que algunas licencias psiquiátricas sean reconocidas como derivadas de violencia laboral, lo que permite acceder a pensiones o reparaciones”.
Ese trabajo permitió obtener fallos importantes y expuso algo que ninguna estadística del sistema militar o policial reconoce: cuando una mujer denuncia, la institución suele activar más mecanismos para disciplinarla que para protegerla.
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