El balance de 2025 en materia de políticas de género en la Argentina no admite eufemismos: fue el año en que el Estado decidió correrse y abandonar una lucha que formó parte central de la agenda pública, con idas y venidas, durante diferentes gobiernos. No fue por incapacidad, por negligencia o por desconocimiento, tampoco como consecuencia y daño colateral de una crisis económica. El abandono de las mujeres, diversidades e identidades feminizadas de nuestro país constituye un fin en sí mismo y una definición política explícita del gobierno de Javier Milei. Por eso el plan de retirada fue progresivo, sistemático y coherente con un proyecto ideológico que concibe a las políticas de igualdad como un exceso intolerable y un ataque a un orden social "natural”.
A lo largo del año se consolidó una ofensiva integral contra los feminismos, transfeminismos y las políticas de género que combinó desmantelamiento institucional, vaciamiento presupuestario, eliminación de programas, borramiento estadístico y una narrativa pública de negación y estigmatización. El ajuste tuvo y tiene cara de mujer, con el objetivo de desarmar un entramado estatal construido durante décadas para intervenir sobre desigualdades estructurales y violencias persistentes.
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En ese sentido, los informes publicados por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en mayo y noviembre de 2025 permiten dimensionar el alcance y el impacto de este proceso que fue mucho más que una simple reducción del gasto ya que implicó un retroceso de casi cuarenta años en la institucionalidad de género en la Argentina, que dejó al país, por primera vez desde la recuperación democrática, sin un organismo nacional rector en la materia.
Las consecuencias inmediatas de ese vaciamiento son que programas centrales como Acompañar, la Línea 144, Acercar Derechos o el Programa de Apoyo Urgente dejaran de funcionar, se redujeran drásticamente o fueran directamente eliminados. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación nacional impactó en provincias y municipios, incluso perjudicando la gestión en aquellos territorios con voluntad política, profundizando desigualdades económicas y sociales.
En paralelo, el gobierno nacional desplegó una estrategia narrativa que combinó discursos de odio, con el objetivo de convertir a los feminismos y movimientos de mujeres en enemigos internos o una amenaza cultural, y una mirada negacionista de la existencia de desigualdades de género, relativizando la violencia machista, e incluso tratando de deslegitimar la figura penal del femicidio como agravante.
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El proyecto de Presupuesto 2026 termina de consolidar este rumbo ya que pretenden eliminar herramientas de transparencia como el Presupuesto con Perspectiva de Género y fijar un ajuste, no como herramienta de estabilización, sino ya como horizonte permanente; y la reforma laboral, impulsada por el oficialismo, el FMI y el sector concentrado de la economía, asegura un avance profundo en la precarización del trabajo, una pérdida generalizada de derechos laborales, y la sobrecarga de tareas de cuidado, que de aprobarse golpearán con mayor fuerza a las mujeres trabajadoras.
Ataques materiales: cuando el Estado se corre, la violencia avanza
El ataque más visible, auditable y concreto fue en términos materiales y económicos. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en 2024, y su posterior disolución dentro del Ministerio de Capital Humano implicó la pérdida de conducción política, capacidad técnica y coordinación federal. Para 2025, la Argentina ya no contaba con ningún organismo nacional encargado de diseñar, ejecutar y monitorear políticas de género.
Ese primer gesto tuvo un efecto multiplicador que erosionó otras instancias de la administración pública. Desde ELA describen un “efecto dominó” contundente: la retirada del Estado nacional debilitó áreas provinciales y municipales, que dependen de financiamiento, lineamientos y legitimidad federal. Y el ajuste, así, no solo recortó programas, sino que además terminó fragmentando la respuesta estatal y profundizando la desigualdad territorial. Los datos del relevamiento de noviembre de 2025 al respecto son elocuentes: de los 22 programas nacionales vinculados al abordaje de las violencias por motivos de género, varios fueron eliminados y otros permanecen apenas en el plano formal, sin ejecución real ni llegada efectiva a la población.
El programa Acompañar
El devenir del Programa Acompañar sintetiza este proceso de deterioro a cuenta gotas pero sostenido. Mientras en 2023 registró 102.510 altas, en 2024 la cifra cayó un 96,5%, marcando solo 3.572 ingresos. Ya en el primer semestre de 2025 directamente no se registraron nuevas altas. El presupuesto del programa se redujo más de un 90% entre 2023 y 2024 y, desde 2025, desapareció como partida identificable. Como sucedió con muchos otros espacios y políticas, no fue eliminado por decreto, pero fue asfixiado y vaciado lentamente hasta volverse inoperante.
La línea 144
La Línea 144 es otro de los programas que también sufrió un deterioro profundo. Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, las intervenciones cayeron casi un 50%, mientras que el personal a cargo de las tareas se redujo un 42,7%, pasando de 138 a 79 trabajadoras y trabajadores. Lo que parece omitirse en el relato del ajuste es que menos personas en los equipos significan menos atención y, por ende más desprotección y abandono en un contexto marcado por el aumento de la conflictividad social y los casos de violencia de género. Diferentes organizaciones advierten que miles de personas han quedado sin atención estatal a la par que se produce un femicidio cada 35 horas, según cifras de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Acercar Derechos y el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral
Otros dispositivos directamente dejaron de existir como Acercar Derechos, que había acompañado a más de 30 mil personas entre 2021 y 2023, y finalmente fue eliminado en julio de 2025. El Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral (PAU), clave para situaciones de violencia extrema, fue disuelto en mayo del mismo año sin un reemplazo o política similar. El mensaje es claro y explícito: la violencia dejó de ser una prioridad estatal. Según la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, lo que estamos viviendo en términos socio políticos puede interpretarse como parte de una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances de las mujeres y diversidades.
La ESI
En materia de salud sexual y reproductiva la historia es similar, ya que se observa un fuerte retroceso desde la llegada al gobierno de Javier Milei. Un informe de Amnistía Internacional advierte un triple aumento de denuncias de personas gestantes por obstáculos y barreras en centros de salud para acceder a la Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo. Es que el Estado dejó de comprar y distribuir medicamentos básicos, como misoprostol y mifepristona, esenciales para garantizar los procedimientos, lo que generó un desabastecimiento en más de la mitad de las provincias. Además dejó de funcionar la línea 0800 de Salud Sexual, y se pusieron en marcha consejerías que desinforman o buscan disuadir a las mujeres de abortar. Como consecuencia de ello muchas veces para acceder al derecho los usuarios y usuarias deben abonar, pese a que está garantizado de forma gratuita por ley, lo que constituye un delito y un mayor grado de vulneración de los derechos.
Ataques simbólicos y discursivos: negar para justificar
El desmantelamiento material fue posible además porque estuvo precedido y acompañado por una ofensiva simbólica persistente. Durante 2025, el gobierno negó la existencia de desigualdades estructurales de género, relativizó la violencia machista y atacó conquistas como la Ley de Identidad de Género, presentándolas como imposiciones ideológicas ajenas al “interés general”. Resulta imposible no analizar con esta mirada la participación de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero, en la que calificó al feminismo, la diversidad y la inclusión como parte de una “epidemia woke” que, según él, debe ser extirpada como un “cáncer”. En esa disertación vinculó a las personas trans con “tratamientos hormonales que mutilan a niños” y calificó a las parejas homosexuales como “pedófilos”.
Esas palabras y discursos, que promueven el odio, anticiparon lo que vendría después en materia de políticas públicas: el 5 de febrero el Ejecutivo a través de un Decreto modificó la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos y cirugías de cambio de género en menores de edad. Esta medida basada en una mentira, cuyo único objetivo era la provocación y estigmatización, generó una fuerte reacción social a través de manifestaciones masivas de rechazo, en Buenos Aires y en otras ciudades del país, encabezadas por organizaciones LGBTQ+ y movimientos feministas.
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Los informes presentados por ELA señalan, en esta misma línea, que este clima social fomentado desde las esferas del poder y el Estado tuvieron efectos concretos por el aumento de los ataques, los crímenes de odio y la violencia contra estos sectores sociales. El año que termina puede catalogarse como el de mayor aumento de las violencias hacia personas LGBT+ en Argentina en vínculo directo con el objetivo de la Libertad Avanza de reforzar su “batalla cultural” a base de discursos de odio, manipulación y desinformación. Solamente en el primer semestre se calcula que los crímenes de odio aumentaron un 70 por ciento respecto del mismo período de 2024.
A esto se sumó una política activa de borramiento estadístico y opacidad. El Ministerio de Justicia dejó sin respuesta pedidos de acceso a la información sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2024–2026, se desactivaron tableros de monitoreo y se interrumpió la publicación de datos clave. El silenciamiento funcionó como complemento del ajuste: sin datos, no hay evaluación; sin evaluación, no hay responsabilidad política. Y, en lo operativo de la política cotidiana, funcionarias y equipos técnicos afirmaron que hablar de género se volvió incómodo, marginal o directamente riesgoso y, en algunos ámbitos, prácticamente se dejó de nombrar el problema para justificar la inacción.
El proyecto de Presupuesto 2026 no corrige el rumbo, sino que lo institucionaliza. En el proyecto que se está discutiendo en el Congreso las políticas de género y de derechos sexuales y reproductivos fueron recortadas por encima del promedio del ajuste general, confirmando la línea de ajuste y orientación ideológica. Incluso la Línea 144 queda subsumida en un programa general, con una meta proyectada de atención de unas 60 mil personas, apenas un tercio de la cobertura previa. La eliminación del Presupuesto con Perspectiva de Género implica un retroceso grave en términos de transparencia y control democrático dado que mientras las partidas se diluyen, se pierde la trazabilidad y por ende la posibilidad de exigir rendición de cuentas.
Pronósticos y desafíos: resistir y volver a disputar el sentido
El balance de 2025 deja como certeza incómoda que cuando el Estado se corre, la violencia y la desigualdad no desaparecen, sino que se amplifican. Lo que terminó instalándose es un proceso de profundización de las desigualdades, individualización de los problemas y privatización de las soluciones. Por eso el principal desafío no es solo recomponer presupuestos o reinstalar programas, sino y sobre todo volver a disputar el sentido mismo de la política pública, frente a un proyecto que naturaliza la crueldad y presenta el abandono como virtud.
A esta altura del siglo XXI parece mentira tener que salir a explicar que defender las políticas de género no es defender una agenda sectorial o los derechos de las "minorías”, sino la convivencia social, el respeto de los principios democráticos esenciales y los derechos humanos. Además parece necesario recordar que el Estado tiene responsabilidades indelegables en la materia por la propia Constitución Nacional, la existencia de diversas leyes nacionales que garantizan la diversidad sexual y la no discriminación, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Reproducción Asistida y el Código Civil y Comercial de la Nación; y los tratados internacionales que garantizan y protegen estándares y obligaciones en materia de identidad de género y orientación sexual como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración de Montréal (2006) y los Principios de Yogyakarta (2006).
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De cara a 2026, todo indica que el gobierno profundizará su estrategia y avanzará sobre las agendas de género no sólo por vía presupuestaria, sino también a través de intentos de reformas normativas parciales, reinterpretaciones legales y el uso discrecional de DNU. Sin necesidad de derogar leyes de manera frontal, el oficialismo ha mostrado que puede vaciar derechos por la vía reglamentaria, como ocurrió con la Ley de Identidad de Género, o instalar debates sobre figuras penales como el femicidio bajo el argumento de una supuesta “igualdad ante la ley”, que en realidad niega las violencias estructurales. El objetivo es desarmar la base jurídica que reconoce desigualdades específicas y habilita una actuación diferenciada del Estado.
A esto se suma una ofensiva simbólica más sofisticada, que apunta a regular el lenguaje, los marcos interpretativos, los temas de agenda y sentidos habilitados en lo público. La prohibición del lenguaje inclusivo en la administración estatal y el vaciamiento explícito de la perspectiva de género en documentos oficiales, en ese sentido, forman parte de una estrategia de disciplinamiento cultural que busca expulsar ciertas categorías del debate público. En 2026, esta lógica podría extenderse a la educación, la comunicación institucional y la producción de estadísticas, consolidando un Estado que no interviene y tampoco deja que esas desigualdades puedan ser dimensionadas o nombradas.
Para consolidarlo se espera una intensificación de las operaciones mediáticas, discursos de odio y campañas de desinformación orientadas a erosionar la legitimidad de las políticas de género aun vigentes y del movimiento feminista como actor político. La instalación de fake news, como la teoría de las falsas denuncias, llega para correr el eje del debate público hacia discusiones morales, punitivas o anecdóticas, mientras se invisibilizan los efectos del ajuste económico, la precarización de la vida y el retiro del Estado.
Finalmente, el gobierno continuará profundizando una estrategia de desfinanciamiento encubierto: programas que no se eliminan formalmente pero se vuelven inoperantes; derechos que siguen existiendo en la ley pero no en la práctica; políticas que dependen cada vez más del territorio, la voluntad individual, la solidaridad comunitaria y la suerte. El caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es paradigmático: sin derogar la ley, el Ejecutivo ha avanzado en el debilitamiento del acceso efectivo mediante recortes, falta de insumos, expansión de la objeción de conciencia y discursos oficiales que moralizan un derecho de salud pública. De cara a 2026, el desafío será doble: defender derechos concretos en un contexto de ajuste estructural y disputar sentido.
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