La crisis que atraviesa la industria textil argentina sumó un nuevo caso con la presentación en concurso preventivo de una histórica fábrica. El sector es de los más afectados por las medidas del gobierno de Javier Milei.
Se trata de Texilo, fabricante de las marcas Caima, Hilos Parval y Sauce Viejo. La empresa cuenta con más de 80 años de trayectoria y busca reestructurar un pasivo que supera los $2.500 millones y evitar la paralización definitiva de su planta en la provincia de Santa Fe.
La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 27, que fijó el 10 de septiembre como fecha límite para que los acreedores presenten los pedidos de verificación de créditos.
Los motivos de la crisis de Textilo
En su presentación judicial, la compañía atribuyó la cesación de pagos a una combinación de factores que deterioraron su situación financiera. Entre ellos mencionó la caída de la actividad, el incremento de los costos operativos y logísticos, la elevada presión tributaria y un fuerte endeudamiento financiero que terminó haciendo imposible afrontar los compromisos asumidos.
Los últimos balances reflejan la magnitud de la crisis. Durante el último ejercicio contable, Texilo registró ventas netas por $637,9 millones, mientras que el costo de ventas ascendió a $940 millones, lo que dejó un resultado bruto negativo superior a $302 millones. La situación se agravó porque la planta continuó operando muy por debajo de su capacidad instalada, aunque los costos fijos prácticamente no disminuyeron.
A ese escenario se suma un importante endeudamiento con entidades financieras. La empresa mantiene obligaciones con los bancos BBVA, Macro, Supervielle, Provincia y Nación por más de $620 millones, además de cheques rechazados por aproximadamente $51 millones, según registros del Banco Central.
El frente fiscal y laboral también representa uno de los principales desafíos para la firma. Texilo arrastra un plan de regularización con ARCA cercano a $750 millones, mientras que las deudas por salarios, aportes y obligaciones laborales ascienden a $534,7 millones. De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, el punto de quiebre se produjo a comienzos de 2026, cuando la empresa dejó de cumplir con cuotas de planes de facilidades de pago por casi $99 millones en apenas un mes, situación que terminó cerrándole el acceso a nuevas refinanciaciones.
Pese al delicado panorama, la empresa aseguró que buscará preservar la continuidad de la actividad y los 24 puestos de trabajo directos que aún mantiene. Para ello, anticipó que presentará una propuesta de acuerdo preventivo basada en un flujo de fondos proyectado con el objetivo de recuperar la viabilidad económica y evitar el cierre definitivo de una de las firmas históricas del sector textil argentino.
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