Una partera de 88 años quedó imputada en Rosario por la presunta supresión y alteración del estado civil y la identidad de una mujer que nació en 1970. La acusación apunta a que, cuando la partera trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña, hizo un certificado de nacimiento trucho respecto a los datos de los padres biológicos de una bebé.
En la investigación se busca determinar si además estuvo involucrada en casos similares ocurridos entre los años 1968 y 1980. La causa está a cargo de la fiscal federal Soledad García, titular de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Además de la supresión de identidad, la mujer fue imputada por falsedad ideológica de instrumento público.
La denuncia que desencadenó la investigación
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada el 15 de abril de este año por C.E.M.Q., quien durante décadas tuvo dudas sobre su origen biológico. En el 2012, la mujer le pidió a quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento que se sometiera a un examen de ADN.
El resultado determinó que no existía vínculo biológico entre las dos, con una probabilidad de parentesco del 0%. Según la investigación, la denunciante habría sido entregada a su familia de crianza en un suceso coordinado por la partera, conocida como “Dolly”.
Los padres adoptivos de la denunciante le habrían pagado dinero a la obstetra para acceder a la entrega de la niña. La acusada habría certificado que el nacimiento ocurrió en el Hospital Roque Sáenz Peña y consignado falsamente a E.A.Q. y A.T.B., los dos ya fallecidos, como los progenitores biológicos de la bebé, que fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.
La víctima también relató que su madre de crianza le confesó antes de morir, que había nacido cerca del 27 de diciembre de 1969, aunque su partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970.
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Investigan otros cinco casos
La fiscal García sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa generó consecuencias jurídicas que se mantienen hasta la actualidad: “Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”.
En simultáneo, la Justicia analiza las denuncias de otras cinco personas que aseguran haber sufrido la supresión de su identidad. Una de ellas habría sido criada como hija de la propia imputada. Para determinar si existe un vínculo biológico, se ordenó la extracción compulsiva de ADN de la partera D.E.V., conocida como “Dolly”.
“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, sintetizó la fiscal García.