El gobierno del presdiente Javier Milei eligió la semana del Ni Una Menos para reforzar su ataque contra un emblema de los feminismos argentinos: la organización Católicas por el Derecho a Decidir. En los últimos días, el Ejecutivo hizo un pedido formal ante la Organización de Estados Americanos para rechazar la participación de CDD en la próxima Asamblea General, a la que había sido invitada previamente, por su posicionamiento a favor del derecho al aborto.
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“Denunciamos un nuevo ataque del gobierno argentino a la democracia y a los derechos humanos, que busca restringir la pluralidad de voces en los espacios regionales de debate, imponer un pensamiento único y generar un estado de persecución y disciplinamiento”, expresaron desde CDD, organización que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos en su lucha por la justicia social y la dignidad de las mujeres.
Si bien el Gobierno nacional no tiene facultades para impedir la participación de una organización ante la OEA, señalan que una presentación de esas características resulta de extrema gravedad institucional y deja un antecedente preocupante.
La noticia de la presentación le llegó a la organización la tarde del 4 de junio, mientras se llevaba adelante la histórica concentración en la Plaza del Congreso, en el marco del movimiento Ni Una Menos, junto a jubilados, trabajadores de la salud y personas con discapacidad, entre otros sectores afectados por las políticas del actual gobierno nacional.
Qué dice la presentación del Gobierno
El gobierno que asumió meses atrás que no pondrá un solo peso en insumos para cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, envió a la OEA una nota al pie que apunta específicamente contra la organización. Ahí afirman que el Ejecutivo “expresamente se disocia de manera específica de la inclusión en el listado de organizaciones de origen argentino a la “Asociación Civil por el Derecho a Decidir / Católicas por el Derecho a Decidir Argentina”.
Y más adelante “reafirma su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción”, expresando que solo deberían ser reconocidas por la OEA aquellas organizaciones que respeten esta interpretación del artículo 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Patrón de hostigamiento"
Desde la organización denunciaron que el Gobierno no sólo desconoce la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque se atribuye, a su vez, "la custodia de la vida, al tiempo que deteriora las condiciones de existencias de las grandes mayorías y ataca la libertad de asociación, expresión y conciencia".
"Este tipo de acciones se inscriben en un patrón de hostigamiento hacia las defensoras de DDHH, especialmente a quienes trabajamos con derechos de las mujeres y personas LGBTTTIQ+. Constituyen una clara persecución que vulnera los estándares internacionales de protección a defensoras de DDHH, reconocidos por el Sistema Interamericano y por las Naciones Unidas. Se trata de un ataque a nuestra identidad, a nuestra trayectoria y a los valores que sostenemos: la justicia social, la autonomía, la pluralidad y la dignidad de las mujeres", alertaron.
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