Una Justicia que sigue sorda y 3 casos que gritan Ni Una Menos: a 10 años, historias del desamparo 

Hace diez años, una multitud de mujeres y disidencias se agrupaba en las calles para marchar y gritar “Ni Una Menos” y pedir que cese la violencia sobre ellas solo por el hecho de ser mujeres. Cansadas de vivir con miedo y en alerta constante, el grito colectivo representaba el asco de que nos estuvieran matando sin piedad y sin Justicia.

Con esa masiva presencia en las calles, el movimiento empezó a crecer paulatinamente, a tener más presencia en los medios de comunicación y a poner en agenda lo que tanto incomodaba: el machismo estructural, sostenido por los privilegios de unos en detrimento de otras. De a poco, ganaba terreno en la conversación pública y lograba poner sobre la mesa debates postergados sobre la autonomía de las mujeres como sujetas de derecho.

A pesar de que en esos años se conquistó la Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo la llamada "marea verde" y se reforzó la importancia de que "todo lo personal es político", los avances generaron un backlash, es decir, una reacción organizada por sectores conservadores que no solo disputaron el sentido común, sino que también ganaron las elecciones. Hoy, al poder, embisten contra los programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia, los cupos femeninos y trans y las políticas de cuidado. Pero más allá de este retroceso, hay un factor que permanece casi intacto y se agudiza: la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial.

Lorena Leiva, Micaela Reyna y María (nombre ficticio) son las caras de esta problemática: siguen denunciando que las escuchen. A pesar de presentar pruebas, continúan atrapadas en un loop interminable de peritajes e indagatorias, en un sistema que no logra -o no quiere- protegerlas.

A Lorena la quisieron quemar viva y tiene casi la mitad de su cuerpo comprometido, pero su ex la sigue amenazando

Lorena Leiva, de 29 años, tiene el 45% del cuerpo quemado. Su expareja esperó a que se fuera a dormir para incendiarle la casa, donde vivía con sus de hijas de 9 y 4 años y un hijo de un año y medio, quienes también resultaron heridos.

“Según el perito, cerca de la 1 de la madrugada inició el incendio. Yo dormía con mis hijos, y cuando me desperté, todo era fuego. Mi hermana y algunos vecinos escucharon nuestros gritos y vinieron a ayudarnos. Terminamos todos en el baño. Yo sentada en el suelo, completamente quemada por haber cubierto a mis hijos. Lamentablemente, una de mis hijas se quemó todo el rostro porque tardamos en salir”, contó sobre el violento episodio, en diálogo con El Destape.

La mujer había decidido romper la pareja cuando él golpeó salvajemente a una de sus hijas. “Él ya me había amenazado con que nos iba a prender fuego si nos separábamos, pero yo no podía quedarme con él”, relató.

Lorena denunció, pero aún nada cambió: a pesar de que su agresor se encuentra en prisión preventiva, sigue amenazada de muerte y reclama a la Justicia medidas de protección para ella y su familia, ahora separada en distintos hogares, ya que perdieron su casa. Hasta el día de hoy, Lorena sigue esperando cobrar el subsidio AcompañAR, un programa de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género. Mientras tanto, su agresor se encuentra en prisión preventi

Según información del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se registra una caída generalizada en los programas destinados a la protección de víctimas de violencia de género. Entre los principales recortes se destacan: 100% en el patrocinio jurídico para víctimas de abuso, 87,9% en rescate y acompañamiento a víctimas de trata, 87,2% en el Programa Acompañar (en promedio general), 54% en la Línea 144, y 53,5% en la Ley Brisa, destinada a hijos de víctimas de femicidios.

El 21 de agosto de 2024 se va a cumplir un año del intento de femicidio. Un año en que "nada cambió", en palabras de Lorena, quien sigue esperando que el Estado “sea implacable con los agresores”. “La única diferencia es que ahora tengo un abogado que va a chequear cómo está la causa y qué más podemos hacer para que avance mi situación judicial”, relató la mujer, cuyo nuevo abogado de patrocinio gratuito se puso a su disposición tras la publicación de su historia por este medio.

Micaela Reyna sobrevivió a años de abuso sexual y tortura, mientras su agresor está libre

El Estado tampoco fue “implacable” con el agresor de Micaela Reyna (34), cuya historia también fue publicada por este medio, en enero del corriente año. En el 2004, a sus 14 años, en plena tarde en el barrio porteño de Palermo, M.D.A. (54) la interceptó para llevarla al interior de un galpón que se convirtió en escenario de un brutal ataque físico, sexual y psicológico. Micaela salió de allí 7 horas después, amenazada de muerte para no contar lo que le había sucedido. Poco tiempo después, la adolescente descubrió que su agresor era pareja de su niñera, quien era considerada parte de la familia y mantuvieron contacto estrecho durante muchos años, años en los que continuaron los abusos, la violencia psicológica, física y, en palabras de Micaela, de “tortura”.

“La situación de Micaela no cambió mucho. El caso está radicado en la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Todavía no se fijó fecha de la audiencia que prevé el artículo 456 del código procesal penal para que luego pasen a deliberar. Nosotros seguimos insistiendo con las dos causas que el agresor tiene en Tucumán, que la verdad es que no avanzan en lo absoluto”, contaron fuentes de la Defensoría General de la Nación. Aún hoy, y a pesar de las numerosas pruebas, testigos y antecedentes penales, el agresor está libre.

“Pasaron 20 años desde el primer hecho, dos décadas, lo cual significa más de la mitad de mi vida. Durante todos estos años lo único que pude hacer fue sobrevivir día a día hasta hoy. En el medio quise no existir más, sobreviviendo con un pánico terriblemente tormentoso de que las amenazas se vuelvan reales y le suceda algo a mi familia”, escribió Micaela en una carta a los jueces de Casación. Y prosigue: “Intenté denunciar en algunas ocasiones donde probablemente los hechos no hubiesen prescripto. Las respuestas fueron las mismas: “Que no tenía pruebas”, “que era mi palabra contra la suya”, que “era imposible sacar ADN de la muestra del aborto espontáneo que tuve a mis 15 años” y que me dejó postrada en un hospital durante 7 días. Una muestra que yo me encargué de preservar a lo largo de los años, esperando que un día alguien quizá me escuche”.

Sin embargo, la suerte de Micaela ante la Justicia es similar a la de Lorena y tantas otras mujeres que denuncian, que piden ayuda y, aún así, son ignoradas. “Que esta persona tenga denuncias y que siempre queden estancadas me parece muy injusto, sobre todo porque como sociedad un poco quizá hemos logrado avanzar en cuestiones de género”.

María logró escapar de una red de trata de personas: a la espera de una fecha de juicio, hay personas sin indagar

En octubre de 2023, este medio publicó la historia de “María”, un nombre ficticio para cuidar la identidad de una mujer de 35 años que logró escapar a una red de trata y explotación de personas que operaba bajo la fachada de "Argentina Studios", un supuesto estudio de modelos webcam.

Atraída por promesas de ingresos en dólares y un entorno profesional, María ingresó al sistema durante la pandemia, buscando estabilidad económica para ella y su hijo, a quien cría sola. Inicialmente, el ambiente parecía seguro y organizado, pero con el tiempo, se tornó coercitivo: la red utilizaba información personal obtenida en sesiones de "coaching" para manipular y retener a las mujeres, imponiéndoles deudas ficticias y reteniendo sus documentos. María quedó allí embarazada, donde fue forzada a abortar frente a cámara, producto de la violación de un policía. María intentó denunciar y buscar ayuda varias veces, sin éxito. Hasta que logró escapar y denunció la operación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), lo que llevó a 20 allanamientos y la detención de 10 personas.

“Su causa se elevó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con los diez imputados que habían sido procesados por el Juez Federal. Estamos en etapa de ofrecer prueba y a la espera de que se fije fecha de juicio. Por otro lado, nosotros pedimos en nuestro requerimiento de elevación que se siga investigando en instrucción por el lavado de activos del dinero producto de la trata y a una serie de personas que no habían sido indagadas. Eso quedó en el Juzgado Federal 7 a cargo del juez Casanello”, informaron desde la Defensoría. Con la publicación de la nota periodística inicial en este medio, se logró la recolección de nuevos testigos que se pusieron a disposición para declarar.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata ejecutó casi un 90% menos de su presupuesto en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.

También se eliminó por decreto presidencial el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado por ley en 2019, para utilizar bienes decomisados en causas judiciales para reparar los daños causados a las víctimas.

A diez años del primer grito colectivo de “Ni Una Menos”, las calles vuelven a llenarse no solo para conmemorar, sino para resistir, para honrar estas historias. Resistir a un Estado que retrocede en políticas de cuidado, a una Justicia que sigue sorda frente a las denuncias de las mujeres, a un poder que niega la violencia estructural con cifras que no reflejan la realidad. El feminismo, lejos de ser un movimiento acabado, se transforma y se adapta. La marea sigue viva en quienes se organizan, en las que denuncian aunque el costo sea alto, en quienes acompañan sin garantías pero con convicción. Los desafíos hoy pasan por sostener lo conquistado, porque el “Ni Una Menos” no fue solo una consigna: fue -y sigue siendo- una forma de decir “nos tenemos”, aun cuando el resto del sistema dé la espalda.