La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó que "Argentina enfrenta una crisis de malnutrición en todas sus formas", al marcar una fuerte postura a favor de la vigencia de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida por su etiquetado frontal, que el gobierno de Javier Milei busca derogar con un proyecto que podría debatirse en los próximos meses. La situación actual que atraviesa el país en términos nutricionales "exige políticas robustas, no retrocesos en su implementación", enfatizaron desde la organización.
La pobreza empezó a subir sistemáticamente desde diciembre del año pasado, según publicó el Departamento de Economía de la UNTDT (del 28,2% para el semestre julio-diciembre 2025 al 29,6% en el semestre diciembre – mayo). En ese escenario, marcado por el deterioro de las condiciones de vida y una mayor inseguridad alimentaria, la eventual eliminación de los octógonos de advertencia sumaría un menor acceso a información nutricional para los consumidores al momento de elegir qué alimentos comprar. En la escasez, los consumidores también perderían una herramienta clave para acceder a información clara sobre los alimentos que consumen.
Expertos sostienen que en épocas de crisis, el acceso a los alimentos preocupa en particular entre personas que ya padecen una inseguridad alimentaria moderada. Con lo cual, cuando comen, suelen inclinarse con lo que está más fácilmente disponible o lo más barato, que puede no ser el alimento más nutritivo. En los barrios populares del Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, por caso, ocho de cada 10 familias dejaron de consumir alimentos esenciales para la vida, de acuerdo al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).
"En contextos donde coexisten distintas formas de malnutrición —por déficit, por exceso y asociadas a enfermedades no transmisibles—, contar con información sencilla en el momento de la compra puede contribuir a decisiones alimentarias más informadas y saludables", remarcaron desde la FAO, en diálogo con El Destape, frente al debate que Milei busca reinstalar ante una ley que ya lleva cuatro años de implementación y resultados concretos.
La propuesta oficialista de derogación generó alarma en las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica, en momentos donde muchas familias redujeron la cantidad de comidas diarias o reemplazaron alimentos de mayor valor nutricional por opciones más económicas y menos saludables. El 77% de los hogares consultados por ISEPCI reconoció haberse privado de consumir lácteos, carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero.
La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. "Su valor principal es que permite acercar información clara, visible y comprensible a los consumidores sobre la composición nutricional de los productos, especialmente cuando se trata de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas o calorías en exceso"- explica la FAO a este medio- . La experiencia regional muestra que las políticas de etiquetado frontal forman parte de un conjunto más amplio de medidas de salud pública y de transformación de los sistemas alimentarios. No resuelven por sí solas los problemas de malnutrición, pero pueden contribuir a mejorar la información disponible, favorecer elecciones más saludables y orientar los entornos alimentarios hacia opciones más adecuadas desde el punto de vista nutricional. En América Latina y el Caribe, la evidencia revisada indica que los sellos de advertencia han mostrado buen desempeño para ayudar a la población a identificar de manera rápida productos con cantidades excesivas de nutrientes críticos".
Ese impacto resulta especialmente relevante en la Argentina, donde la malnutrición afecta a toda la población, pero golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Tanto la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) como la 4ta Encuesta nacional de Factores de Riesgo (ambas de 2019, antes de la implementación de la ley) reflejaban que la malnutrición atañe a todos los sectores socioeconómicos, aunque se puede marcar una prevalencia. “Los grupos sociales de menores ingresos evidenciaron mayores índices de exceso de peso a expensas de mayor prevalencia de obesidad, que fue un 21% mayor en el quintil de ingresos más bajos respecto del más alto”, se lee en la ENNyS.
El etiquetado frontal modificó hábitos de compra en el país. "Desde la perspectiva del derecho de los consumidores, el etiquetado frontal contribuye a que la información nutricional no quede limitada a datos técnicos difíciles de interpretar, sino que pueda ser comprendida de forma rápida y sencilla. En ese sentido, lejos de restringir la libertad de elección, este tipo de herramientas puede fortalecerla: una decisión es más libre cuando se toma con información clara y accesible", explicó la FAO.
El éxito del etiquetado frontal es medible. De acuerdo a un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (CenaRSEcs-FCE-UBA), 6 de cada 10 argentinos cambiaron hábitos de consumo a partir de la incorporación del etiquetado frontal: el 31% redujo el consumo de productos con sellos, el 28% dejó directamente de consumirlos y un 23% reemplazó productos ultraprocesados por opciones consideradas más saludables.
Otro informe elaborado por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y UNICEF, con participación de la FAO, también llega a conclusiones en la misma línea y aporta datos relevantes sobre el impacto de estas políticas en distintas categorías de alimentos. "Luego de la implementación de la Ley PAS, la intención de compra disminuyó de manera significativa a lo largo de todos los niveles socioeconómicos. Al analizar por tipo de producto, se observa que en el caso del yogur la intención de compra disminuyó en mayor medida en la población de nivel socioeconómico bajo, mientras que en el caso de los cereales de desayuno y el jugo se observa que la intención de compra disminuyó en mayor medida en los NSE medio", estipularon.
Por qué no hay que derogar el etiquetado, según la FAO
Para la FAO, la ley constituye una política integral para ordenar los sistemas alimentarios. "La Ley 27.642 no es únicamente una política de etiquetado frontal. Es una herramienta de gobernanza de los sistemas alimentarios que contribuye a crear entornos más saludables, proteger a la población, mejorar la calidad de la oferta alimentaria y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos, resilientes y centrados en el bienestar de las personas, sobre todo aquellas en situación de vulnerabilidad", señaló el organismo a este medio.
La FAO remarcó además que la norma "está basada en evidencia científica" y que sus disposiciones responden "a investigaciones sólidas y recomendaciones técnicas alineadas a los intereses de salud de la población". En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la ley "es resguardar a la población más vulnerable frente a entornos alimentarios que no favorecen el consumo de productos saludables". "No se trata solo de informar a las personas, sino de mejorar las condiciones del entorno alimentario para que las opciones saludables sean más accesibles y visibles", agregó.
El organismo también ubicó la legislación argentina dentro de una tendencia regional que considera exitosa y destacó que la ley "fue construida mediante un amplio proceso democrático", como resultado de años de debate legislativo y social con la participación de distintos sectores.
Finalmente, la FAO sostuvo que la normativa no solo fortalece el derecho de los consumidores a recibir información clara, sino que también promueve cambios en la industria alimentaria. "La experiencia internacional muestra que este tipo de políticas impulsa a la industria alimentaria a mejorar la composición nutricional de sus productos", explicó. Y advirtió que "debilitar la Ley significa debilitar la gobernanza de los sistemas alimentarios", ya que "los retrocesos regulatorios reducen la capacidad del Estado para orientar los sistemas alimentarios hacia objetivos de nutrición, seguridad alimentaria y bienestar colectivo". Además, insistió en que el etiquetado frontal "fortalece el derecho de los consumidores a conocer de manera sencilla los nutrientes críticos en los productos ultraprocesados y elegir en libertad".
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