Una médica residente del Hospital Italiano, imputada en la investigación por el uso de medicamentos sustraídos, reconoció haber consumido propofol y señaló a un anestesista también acusado como quien la habría inducido.
Según reconstruyó TN, la médica, identificada como Delfina Lanusse, declaró ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires que atravesaba problemas de consumo desde hacía aproximadamente dos años. En ese marco, la residente habría sostenido que fue instigada por el anestesista Hernán Boveri, también imputado en la causa, quien le habría suministrado la sustancia.
De acuerdo a los testimonios recogidos en la investigación, el caso comenzó a tomar forma a partir de advertencias internas dentro del hospital. Según habría declarado en sede policial el subjefe de Anestesiología, Juan De Domini, tres residentes afirmaron haber visto a Lanusse en estado de sedación dentro del establecimiento.
A partir de esos señalamientos, las autoridades del área convocaron a la médica a una reunión. En un primer momento, la residente habría negado cualquier irregularidad, pero luego habría reconocido el consumo de propofol que, según se investiga, habría sido sustraído del propio hospital. En esa misma instancia, Lanusse habría mencionafado a Boveri como la persona que la habría inducido al consumo y que le administraba la droga por vía intravenosa..
La versión del anestesista imputado
Por su parte, el anestesista Hernán Boveri también prestó declaración en el marco de la investigación interna y judicial. Según publicó TN, el médico habría reconocido que el consumo de propofol ocurrió en varias oportunidades, habría sostenido sostuvo que fue con consentimiento de la residente. En su versión, además, habría atribuido a Lanusse la sustracción del medicamento desde el área de farmacia del hospital.
Tras conocerse los hechos y luego de las reuniones internas en el Hospital Italiano y en la Asociación de Anestesiología, se tomaron medidas administrativas: el anestesista presentó su renuncia, mientras que la residente fue apartada de sus funciones mediante una licencia forzosa y se le prohibió el ingreso a la institución mientras avanza la investigación.
En el plano judicial, el caso está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien ordenó un allanamiento en la Asociación de Anestesiología con el objetivo de recolectar documentación. Parte de los testimonios, de acuerdo con la investigación, habrían quedado registrados en actas de esa entidad.
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