La delicada situación económica que atraviesa la industria de la construcción y de la siderurgia sumó un nuevo capítulo ya que una importante empresa quebró en medio de la crisis que produjo Javier Milei y su gobierno.
Se trata de Pisi SRL, una constructora con sede en Villa Constitución, Santa Fe, que prestaba servicios tanto para organismos públicos como para la cadena de contratistas vinculada a Acindar, reflejando las dificultades que enfrenta el sector.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de Villa Constitución decretó la quiebra de la firma tras un reclamo impulsado por un acreedor que buscaba cobrar honorarios profesionales adeudados originados en un juicio de desalojo.
Según surge de la resolución judicial, la empresa acumulaba incumplimientos desde hacía tiempo y no respondió a los distintos requerimientos y emplazamientos formulados durante las instancias previas del expediente. Ante esa situación, la Justicia resolvió avanzar con la declaración de quiebra y abrir el proceso correspondiente para determinar el estado patrimonial de la sociedad.
La medida marca el inicio de una nueva etapa judicial destinada a identificar los activos disponibles y establecer el orden de prelación para el cobro de los distintos acreedores que reclaman deudas pendientes.
Crece la preocupación por el vaciamiento de la empresa
El caso despertó preocupación entre proveedores y otros acreedores que siguen atentamente la evolución del expediente ante las dificultades para recuperar los montos adeudados. Incluso algunos de ellos manifestaron sospechas sobre la posible existencia de maniobras de vaciamiento patrimonial que podrían afectar las posibilidades de cobro, una situación que deberá ser analizada dentro del proceso concursal.
La caída de Pisi SRL se suma a una serie de complicaciones que vienen afectando a empresas de Villa Constitución y su zona de influencia. La menor actividad industrial registrada en los últimos años impactó especialmente sobre las compañías que dependen de la demanda generada por el complejo siderúrgico local.
La contracción de la producción, la menor cantidad de proyectos de inversión y la desaceleración de la actividad económica terminaron afectando los ingresos de numerosas firmas que integran la cadena de valor metalúrgica. En ese escenario, contratistas y proveedores enfrentan crecientes dificultades financieras para sostener sus operaciones. Mientras avanza el expediente judicial, acreedores y trabajadores observan con expectativa las próximas actuaciones del proceso, que serán determinantes para conocer la situación patrimonial real de la empresa y las posibilidades de recuperar parte de los créditos reclamados.
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