Agustín F., un peón rural de 20 años, denunció haber sido brutalmente agredido, amenazado y torturado por sus dos empleadores en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional N°7, en la localidad bonaerense de Vedia. El hecho ocurrió el 30 de septiembre por la tarde y derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y coacción agravada. Sus abogados solicitan que se investigue como intento de homicidio. En diálogo con El Destape, Ramón Espíndola, representante de la UATRE en Pergamino, afirmó que este tipo de situación se están volviendo cada vez más normales. "Esto está pasando seguido más con este gobierno", advirtió.
Cómo fue la tortura en la estancia
“Entramos a la casilla a tomar mate con torta. Uno de ellos me hace firmar un papel que decía que me iban a pagar el sueldo. Ya estaban los dos adentro. Uno sentado delante mío, yo en el medio y el otro en la puerta. Como siempre nos sentábamos así, nunca sospeché nada”, relató Agustín, todavía afectado por lo ocurrido.
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Según consta en la denuncia, tras firmar el papel, uno de los empleadores lo golpeó sin previo aviso. “Me pega y de ahí me empiezan a pegar. Cuando pregunto por qué, me dicen que les robé 20 novillos. Yo nunca robé nada”, afirmó.
Golpes, mordidas y amenazas: la agresión al joven peón
La agresión se intensificó rápidamente. “Uno de ellos me da una patada acá (señaló el cuello), que ahí como que me ahogo. Después me sacan afuera para no dejar rastro de sangre adentro de la casilla”, contó. Ya en el exterior, lo tiraron al piso, lo inmovilizaron y comenzaron una secuencia de tortura.
“Uno se me sube arriba y el otro me saca la oreja con los dientes. Después me atan las manos y me ponen contra la chata. Uno me pone la carabina en la cabeza y el otro quería meterme una inyección que decía que me paraba el corazón. Ese es el médico, el de la jeringa es el médico”, detalló.
Los agresores le dijeron que lo iban a meter en un balde de 200 litros con cemento. “Me dijo que eso hacía que a los cinco días quedaban solo mis dientes, que me iba a enterrar en un lugar y que si mi familia preguntaba, iban a decir que me fui a Córdoba”, agregó.
Después de casi una hora y media de tortura, lo subieron a una camioneta azul. “Pusieron toallas en el asiento para que no lo manchara con sangre. Le dieron pastillas de diclofenac y dijeron que se dé una ducha caliente. Pero antes le advirtieron: ‘No digas nada en el hospital ni en la comisaría, porque te vamos a matar a vos y a tu familia’”, explicaron los abogados Anabella Sandoval y Matías Almeyra, quienes representan a Agustín. Pese a las amenazas, Agustín denunció lo ocurrido.
En los días posteriores, se sintió perseguido y logró obtener una restricción de acercamiento contra los acusados.
El informe médico forense documentó fractura de las paredes del seno maxilar, desplazamiento del tabique nasal y compromiso de partes blandas en la cara. Se le indicó reposo absoluto por 40 días. “Tengo mucho miedo. No puedo dormir, no confío en nadie. No puedo andar solo en la calle, a la noche no salgo porque tengo miedo”, expresó Agustín. “Cambió mucho mi vida. Lo que yo era antes, lo que me pasó, cambió todo. Lo único que pido es que se haga justicia por lo que me hicieron. Nada más”, concluyó.
En este marco, en diálogo con El Destape, Ramón Espíndola, representante de la UATRE en Pergamino, afirmó que este tipo de situación se están volviendo cada vez más normales. "Esto está pasando seguido más con este gobierno", advirtió. El dirigente sindical explicó que estos hechos están ocurrido principalmente en municipios con intendentes vinculados a La Libertad Avanza que disponen de las fuerzas policiales locales para desalojos de trabajadores que realizan reclamos laborales. Aclaró que eso es ilegítimo ya que los trabajadores tienen hasta 30 días para abandonar los campos y que los empleadores deben garantizar el regreso a sus lugares de origen ya que muchos son de otras juridicciones.
La Justicia de Garantías ordenó allanamientos, secuestró teléfonos, jeringas y precintos, pero no concedió la detención de los acusados. Sí dictó una prohibición de acercamiento hasta que se defina el caso. En tanto, los hermanos empleadores del joven agredido aún no fueron indagados.
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