El gobierno de Javier Milei anunció la ampliación del programa Tribuna Segura, que desde ahora incluirá restricciones de ingreso a estadios de fútbol para quienes estén inscritos en registros de deudores alimentarios.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. De esta manera se amplía el sistema de control que ya regía en algunas jurisdicciones. Según el texto oficial, unas 13.000 personas quedarán alcanzadas por esta restricción, al incorporarse al sistema nacional de control en espectáculos deportivos.
La restricción ya se aplicaba en canchas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la incorporación de la base de datos del RPAM —que hoy tiene más de 13.000 inscriptos y se nutre de convenios de intercambio de información con 13 provincias argentinas— al sistema nacional de Tribunas Seguras, la Ciudad logra ampliar su capacidad de control y fortalecer el cumplimiento de los derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes. La firma del acuerdo entre Nación y CABA contó con la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de los ministros porteños Gabino Tapia (Justicia) y Horacio Giménez (Seguridad).
Monteoliva destacó que la medida busca “proteger derechos esenciales de niños y adolescentes” y al mismo tiempo “garantizar un entorno seguro en los espectáculos deportivos”. Mientras que Tapia resaltó: “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la convicción de que las normas se respetan, y eso incluye a los deudores alimentarios morosos: quien no cumple con sus obligaciones, no puede disfrutar de un espectáculo deportivo. Gracias a este avance conjunto con el gobierno nacional vamos a poder darle a nuestro sistema una cobertura más amplia y más precisa, con presencia en todos los ingresos de los estadios”.
Qué es el programa Tribuna Segura y qué cambia ahora
El programa Tribuna Segura fue creado en 2016 con el objetivo de reforzar los controles de acceso a los estadios y prevenir hechos de violencia en el fútbol argentino. Hasta ahora se aplicaba principalmente a personas con antecedentes penales o contravencionales vinculados a espectáculos deportivos. El programa funciona mediante controles biométricos y cruzamiento de datos en tiempo real, lo que permite detectar rápidamente a personas con restricciones de ingreso.
Con esta ampliación, se suma un criterio para impedir el ingreso a quienes incumben obligaciones alimentarias, lo que introduce un componente social en la política de seguridad. Para esto, la resolución modifica el artículo 2º de la normativa previa, que establecía las restricciones administrativas de concurrencia en partidos de fútbol, ampliando el alcance a nuevas situaciones.
Entre los casos contemplados, se incluyen personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos dolosos, contravenciones en espectáculos deportivos, conductas violentas contra personas o bienes, y ahora también deudores alimentarios. La restricción permanecerá vigente mientras continúe la situación que le dio origen, es decir, mientras la persona figura en el registro de morosos alimentarios.
En qué provincias se aplica
El programa ya se aplicaba en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, pero ahora se extiende a registros provinciales de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. De esta manera, el gobierno nacional integra la información de distintos registros provinciales al sistema de control utilizado en los ingresos a los estadios de fútbol de todo el país.
Uno por uno: quiénes no podrán entrar a los estadios
- Deudores alimentarios: inscriptos en registros públicos de alimentantes morosos.
- Imputados o condenados: por delitos cometidos en espectáculos deportivos (Ley 23.184).
- Procesados por delitos dolosos: con pena de prisión o reclusión, considerado un riesgo para el evento.
- Contravenciones futbolísticas: imputados en actuaciones contravencionales antes, durante o después de partidos.
- Conductas violentas: quienes agredan personas o bienes, o dificultan el normal desarrollo del espectáculo.
- Alteración del orden público: en manifestaciones, traslados o concentraciones vinculadas al fútbol.
- Uso de transporte ilegal: personas que recurrieron a servicios no habilitados en traslados hacia o desde estadios.
- Delitos vinculados a drogas: imputados o condenados bajo la Ley 23.737 en ocasión de espectáculos deportivos.
- Restricciones judiciales: quienes tengan medidas administrativas o judiciales que les prohíban el ingreso.
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