A un año del derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, la causa judicial sigue abierta y sin detenidos. Un total de nueve (9) personas murieron y seis están imputadas por el delito de "estrago doloso agravado". Hasta el momento, no hay resoluciones ya que la investigación continúa en etapa de instrucción con nuevas pericias en curso que buscan establecer las causas exactas del colapso.
El derrumbe del histórico hotel ocurrió durante la madrugada del 29 de octubre de 2024, cuando el edificio de 10 pisos se desplomó por completo. Los primeros informes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Fiscalía N°. 6 de Villa Gesell determinaron que el inmueble no falló por un problema de su diseño original, sino por intervenciones estructurales realizadas posteriormente sin autorización municipal. Las reformas incluían la instalación de un ascensor y modificaciones en tabiques de hormigón armado que habrían alterado la carga del edificio.
Obras sin permiso y advertencias ignoradas
El hotel, ubicado en Avenida 1 y Buenos Aires, había sido adquirido seis meses antes del colapso por la empresa Parada Liniers S.A. Tras la compra, se iniciaron trabajos de refacción que, según los investigadores, se llevaron adelante sin los permisos correspondientes y pese a una orden de paralización emitida por el municipio. El director de Inspección de Edificios, Nicolás Valdez explicó que solo se había brindado autorización para obras de pintura y cambio de aberturas, pero no de tareas estructurales.
Vecinos habían denunciado movimientos de obra en el fondo del edificio, donde finalmente se produjo el derrumbe. Las obras que se estaban ejecutando carecían de permiso vigente y desobedecieron una orden de paralización municipal, según aclaró la abogada Graciela Bravo, representante de las familias de las víctimas.
Seis imputados y una causa que avanza lentamente
Hasta el momento, a un año del fatal derrumbe, seis personas fueron imputadas por estrago doloso agravado, pero ninguna de ellas permanece detenida en el marco de la investigación. Entre los acusados se encuentran dos capataces, dos albañiles, un arquitecto y el contratista principal.
En paralelo al caso principal, se tramita una causa civil por daños y perjuicios presentada por los familiares de las víctimas. “Un año después, no hay responsables detenidos y el predio sigue vacío, convertido en un recordatorio de la desidia y la falta de controles”, sostuvo Bravo.
La investigación se mantiene abierta a la espera de una sentencia. Los informes técnicos finales serán claves para determinar las responsabilidades de los propietarios, contratistas y profesionales involucrados.
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