Más pobreza, pluriempleo y deuda: las mujeres, las más golpeadas por el modelo de Milei

En Argentina, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres. La brecha de ingresos ya alcanza el 29% (5 puntos más que en 2023), las tasas de actividad y empleo se ubican 20 puntos por debajo de las de los varones, y la informalidad laboral sigue siendo 5 puntos mayor. En el tercer año del Gobierno de Javier Milei, los indicadores muestran con claridad que el impacto del programa económico se distribuye de manera desigual y golpea con mayor fuerza a las trabajadoras.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la agenda económica de los feminismos vuelve a poner el foco en cómo el modelo económico libertario profundiza la precarización laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado, la caída del poder adquisitivo, sumado a los despidos y recortes presupuestarios, todo lo que deteriora las condiciones materiales de vida y con mayor intensidad en los hogares sostenidos por trabajadoras. Algunos datos que grafican esta realidad: el pluriempleo alcanzó al 14,7% de las trabajadoras, casi el doble que entre los varones, sin embargo, el 29,1% percibe ingresos mensuales por debajo del salario mínimo, otra vez, más del doble que entre los varones. A su vez, 7 de cada 10 hogares sostenidos por mujeres se endeudó para comprar comida y medicamentos, y un porcentaje similar registró atrasos en deudas o servicios básicos.

Si bien estas desigualdades forman parte de problemas estructurales, el actual escenario económico las profundizó. El ajuste en políticas sociales y el retiro del Estado de áreas clave para la reproducción cotidiana amplificaron, además, la llamada feminización de la pobreza.

En este contexto, miles de personas se movilizarán en todo el país para denunciar el impacto del programa económico del Gobierno y advertir que la autonomía económica de las mujeres se convirtió en una de las principales variables de ajuste. En Buenos Aires la convocatoria será este lunes 9 de marzo a las 17.30hs, para marchar de Congreso a Plaza de Mayo.

Precarización y pluriempleo

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la agenda económica de los feminismos vuelve a poner el foco en cómo el modelo económico del Gobierno de Javier Milei profundiza las desigualdades que atraviesan a las trabajadoras. La caída del poder adquisitivo, la precarización laboral, los despidos, los recortes presupuestarios y el aumento del costo de vida impactan con mayor fuerza sobre las mujeres, que enfrentan más informalidad laboral, menores ingresos y una sobrecarga histórica de tareas de cuidado no remuneradas.

¿Cómo impacta el modelo libertario en las trabajadoras?  Si bien las brechas laborales forman parte de problemas estructurales, cuando la economía empuja hacia la precarización esas desigualdades se profundizan. Las mujeres se concentran en sectores con mayor informalidad laboral, por lo que el deterioro salarial y las políticas que amplían la precarización las afectan con mayor intensidad.

Los datos reflejan esta desigualdad. Las mujeres tienen tasas de actividad y empleo 20 puntos más bajas que los varones y mayores niveles de desocupación, especialmente entre las jóvenes: en el tercer trimestre de 2025 el desempleo alcanzó al 12,7% de las mujeres de 14 a 29 años, frente al 11,7% de los varones. A la vez, el 39% de ellas trabaja en la informalidad, cuatro puntos más que los varones. Si se considera la subutilización de la fuerza laboral —que combina desempleo y subocupación— la brecha se amplía: alcanza al 20,7% en mujeres frente al 14,8% en varones. A su vez, la presión efectiva, que incluye a quienes ya están ocupados/as pero buscan otro empleo, alcanzó el 24,1% en mujeres (21,6% en varones). 

“Trabajar más o buscar otro empleo no es un proyecto de realización personal, sino la consecuencia de salarios que no alcanzan, empleos fragmentados, tareas de cuidado que restringen opciones y una red pública que se retrae”, explicó la economista Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). En ese contexto, muchas trabajadoras pasan a desempeñarse como “recolectoras de ingresos”, sumando changas, trabajos mal pagos o actividades informales para sostener el hogar.

Así lo evidenciaron también las asambleas feministas de estas semanas previas: “asistieron trabajadoras de todos los sectores -con derechos, sin derechos, con sobrecarga de trabajo de cuidados- y lo que quedó claro como denominador general es una precarización general del trabajo”, señaló en diálogo con este medio Luci Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos. De ese modo, “la crisis actual es producto de la profundización de las desigualdades existentes”, señaló a su turno Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales y especialista en temas de trabajo y movilización social, y explicó que “las mujeres trabajan en sectores con mayor nivel de informalidad laboral, por lo tanto, aquellas políticas que tienden a incrementar condiciones precarias de contratación repercuten en mayor medida sobre las mujeres”. 

Esto ocurre en un escenario nacional donde en lo que va de la gestión del gobierno de la La Libertad Avanza (LLA) ya cerraron más de 21.000 empresas, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo registrados, y la tasa de informalidad pasó del 42,6% al 43,3%. Por el contrario, sólo crecieron los monotributistas, 150.000 nuevos. Aunque el 2025 fue un año de crecimiento del PBI (4,4%), el empleo nacional se contrajo.

En este marco, las mujeres ganan menos y tienen menos oportunidades. “La brecha salarial existe y Milei la hizo crecer”, advirtió Lucia Cirmi, economista e integrante del espacio “Paridad en la Macro”. En concreto, en 2025 la brecha salarial se ubicó en 29,3%, esto es 5 puntos más que al inicio de la gestión libertaria. 

Sobre ello, un informe reciente de "La Cocina de Cuidados" del CELS mostró también que para el 42% de las personas su situación económica empeoró en el último año, y el 16% indicó que sigue siendo igual de mala que en 2024. Más grave aún, el 56% respondió que debió hacer ajustes en alimentos por falta de recursos y el 60% cubrió gastos básicos con desahorro, crédito formal o familiar o incluso un trabajo extra.

“Los sectores más feminizados son los que tienen más pisadas las paritarias y, a la vez, las actividades asociadas al crecimiento en esta etapa -agro, minería, actividad financiera- están sumamente masculinizados”, dijo a El Destape, Candelaria Rueda, socióloga e integrante del Instituto Argentina Grande (IAG). La especialista recordó que el Estado como empleador es mucho más importante en términos de peso relativo para las mujeres que para los hombres, por lo tanto, “ellas se ven más afectadas por el deterioro en las condiciones de ingresos y de empleabilidad, tal el caso de las trabajadoras de la salud, de la educación, y por el desmantelamiento de diferentes áreas del Estado”. 

Frente a ello, Cirmi cuestionó “la ausencia de nuestras voces en debates que no solo nos atraviesan sino a los que les podemos dar respuesta, como de qué vamos a trabajar en el futuro y quién nos va a cuidar, donde deberían integrar nuestra voz, pero estamos completamente ausentes”. 

El ajuste del Estado 

El ajuste fiscal de la administración libertaria se concentró en recortes de servicios sociales y en el desmantelamiento de políticas que funcionaban como infraestructura cotidiana. 

Según precisó Rameri a este medio, si bien la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo una suba real del 45%, dicho aumento resultó insuficiente para compensar la magnitud transversal de los recortes. En detalle, la partida de Asistencia Social se redujo 77% en términos reales y dentro de ese universo el golpe más notorio recayó sobre programas como el Potenciar Trabajo, donde el 65% de titulares eran mujeres (-96% real) mientras que el Monotributo Social, con un padrón integrado en más de 60% por mujeres, retrocedió 81%.

También se ajustaron prestaciones altamente feminizadas como la pensión para madres de siete hijos (-31%). A esto se sumaron recortes estructurales como la caída casi total de Vivienda y Urbanismo (-98%), la fuerte contracción de Educación (-57,7%) y el derrumbe de la inversión en agua y alcantarillado (-93%). Incluso la función Salud registró recortes. En conjunto, “estos números muestran que el ajuste no solo reduce ingresos directos, sino que desarma soportes materiales y servicios que hacen viable la reproducción cotidiana, y por esa vía vuelve a cargar de manera desproporcionada sobre mujeres y hogares populares”, señaló la coordinadora del IPyPP.

Endeudamiento para subsistir 

En este escenario, el endeudamiento se volvió una herramienta cada vez más extendida para sostener los gastos cotidianos. Lo que antes aparecía como un recurso excepcional hoy funciona como parte estructural de la economía doméstica. Según datos recientes, la proporción de personas que recurrieron a préstamos para llegar a fin de mes pasó del 13,2% al 18,5%, mientras que el uso de tarjetas de crédito para comprar alimentos se volvió masivo. “La combinación es muy impactante: la jornada laboral se extiende, el trabajo de cuidado se extiende y al mismo tiempo se extiende la deuda para sostener el día a día”, explicó Luci Cavallero, co-autora del libro “Una lectura feminista de la deuda”.

De acuerdo con un relevamiento presentado por el IAG, los hogares con jefatura femenina son los que muestran peores los peores indicadores para esta variable: 1 de cada cuatro hogares se tuvo que endeudar para llegar a fin de mes y el 10% tuvo que vender pertenencias para llegar a fin de mes. Por eso, en una sociedad donde las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos, medidas como el debilitamiento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) que se encuentra en pisos históricos y el desfinanciamiento de programas sociales operan como una pinza sobre las condiciones de vida. “En la base del mercado laboral, el deterioro del salario mínimo desancla referencias salariales y empuja a aceptar peores condiciones, y ese efecto es mayor en mujeres siendo que, según la última información del INDEC, el 29,1% de las trabajadoras percibe ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, frente a 13,9% de los varones”, agregaron desde el IPyPP.

En relación, Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) consideró al ser consultada que “la realidad en los barrios populares es concreta y dolorosa: se impone el hambre, ingresos pulverizados y el endeudamiento para poder subsistir”. La dirigenta fue contundente: “estamos eligiendo entre pagar la luz o comprar comida”, graficó.

El desmantelamiento de políticas públicas que fortalecían la economía popular dejó a miles de mujeres sin herramientas de trabajo, sin respaldo y sin ingresos estables. “En ese vacío crece el crédito usurero, el fiado eterno y las economías que después son criminalizadas. No es elección, es supervivencia”, agregó Morales y remarcó que “la apertura de importaciones está destruyendo la producción nacional y golpea directamente a nuestras cooperativas textiles. No podemos competir con productos que entran a precio vil. Sin producción no hay ingresos, y sin ingresos hay deuda, que se transforma en cadena”.

La sobrecarga del trabajo de cuidados

En contextos de crisis, las tareas que sostienen la vida cotidiana -cocinar, limpiar, cuidar niños, acompañar a personas mayores o con discapacidad- adquieren una centralidad aún mayor. Aunque estas actividades representan el 16,8% del PBI, siguen siendo realizadas mayoritariamente por mujeres de forma no remunerada. En promedio dedican 6 horas y 31 minutos diarios al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los varones destinan 3 horas y 40 minutos.

“El cuidado no se reduce, sino que se reconfigura. Lo que se consolida es una refamiliarización y feminización de esas responsabilidades, en la medida en que el Estado se retira y devuelve a la esfera doméstica tareas que debían socializarse”, detalló Rameri. Por su lado, Rueda sumó que “cuando el Estado cierra oficinas de atención, las que suelen viajar más kilómetros para reclamar por una pensión, por un programa de discapacidad, por medicamentos al PAMI, suelen ser las mujeres, que están a cargo en su mayoría de esas tareas de cuidado”.

Este corrimiento del Estado se combina con desregulaciones de precios, tarifas, alquileres y tasas de interés, lo que encarece el costo de reproducir la vida. Cuando la vivienda, la salud, el transporte y la alimentación se encarecen, pasan a demandar una porción creciente del ingreso y también del tiempo no remunerado. 

La reforma laboral y su impacto

La reforma laboral que el Gobierno nacional promulgó el pasado viernes 6 de marzo busca darle prioridad a la negociación por empresa, así como habilitar condiciones a la baja que ponen en riesgo un conjunto de derechos históricamente consagrados, entre ellos licencias fundamentales para el cuidado y contra la violencia laboral. Así lo aseguró Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidades de la CTA- Autónoma: “ahora las patronales podrán eliminar las licencias compartidas, volver al mínimo legal de licencias por nacimiento de hijo, eliminar las licencias por cuidado de hijos o familiares directos, y dar de baja las licencias por violencia laboral o de género, entre otras”, explicó.

En correlato, la entrevistada dijo que “el banco de horas y otras modalidades flexibles de jornada ahora pueden imponerse unilateralmente por la patronal, y podrían afectar directamente la organización de la vida cotidiana familiar, sumado a que el fin de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales afectará también a las comisiones de género que se hayan negociado, a las delegadas de género y a los protocolos por violencia laboral incluidos en algunos convenios”.

La reforma afecta también a las trabajadoras pasivas en la medida en que, así como no resuelve la informalidad que en la vida activa les impide contar con los aportes necesarios para acceder a una jubilación digna, el nuevo mecanismo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría, según advierten especialistas, desfinanciar el sistema previsional al derivar aportes de la Seguridad Social para cubrir los despidos que hasta ahora les correspondían a los empresarios. En la misma línea, el veto a la moratoria previsional hará que 9 de cada 10 trabajadoras ya no puedan jubilarse.

En definitiva, el Día Internacional de la Trabajadora vuelve a poner en el centro la dimensión económica de las desigualdades: la combinación de salarios deteriorados, mayor precarización laboral, recorte de políticas públicas y endeudamiento cotidiano configura un escenario que recrudece las condiciones de vida de las trabajadoras. Así, en un contexto de ajuste que recae sobre la mayoría de la población, las demandas por autonomía económica, reconocimiento del trabajo de cuidados, y mejores condiciones laborales reaparecen como ejes centrales del movimiento feminista.

La consigna que surgió de las asambleas feministas resume ese diagnóstico: “unir las luchas contra las reformas laborales, el ajuste y el endeudamiento que sostienen la precarización de la vida cotidiana”.