El último acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado por Argentina incluye no solo metas macroeconómicas sino también una serie de reformas estructurales que el país se comprometió a cumplir en fechas específicas. Se trata, básicamente, de ajustes al tamaño y papel del Estado que abarcan desde las jubilaciones y la AUH hasta el sistema tributario y los subsidios a las tarifas de luz y gas.
Son oficialmente 12, aunque algunas menos si se toman en conjunto las que están directamente relacionadas entre sí. Se denominan "puntos de referencia estructurales" (structural benchmarks) y están contenidas fundamentalmente en la página 87 del documento oficial. Según está pautado, deberían comenzar entre septiembre próximo y diciembre de 2026.
Precisamente, son posibles gracias a que el Gobierno acordó con el FMI un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que permite un plazo de repago más amplio para ayudar al país a realizar "reformas estructurales", que supuestamente mejoren su macroeconomía (a diferencia del crédito Stand-By firmado por Mauricio Macri en 2018, y tal como el EFF firmado por Alberto Fernández en 2022).
Una por una, estas reformas incluidas en el acuerdo técnico de agosto entre Argentina y el FMI (correspondiente a la primera revisión del acuerdo de abril) son las siguientes.
Ajuste en la AUH y las pensiones por discapacidad (diciembre de 2025)
El Gobierno se comprometió a realizar, a fin de diciembre, un ajuste en el acceso tanto a la AUH como a las pensiones por discapacidad. Concretamente, establece que habrá "mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social (finales de diciembre de 2025)".
Esto se realizará mediante la "integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), trabajando con la asistencia técnica del Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social".
En el acuerdo no queda claro si el recorte en los criterios de elegibilidad que se prepara implicará simplemente un ajuste en la cantidad de nuevos ingresantes a la AUH o, al contrario, un recorte de su nómina actual.
En el interanual de julio, se registra por primera vez una caída real en el gasto en AUH y asignaciones familiares (-5,7%).
Reforma jubilatoria y laboral (diciembre de 2026)
Una de las principales reformas estructurales a las que Argentina se comprometió con el FMI es la del sistema jubilatorio, pautada para ser presentada a fines de 2026.
La misma está ligada a los pedidos del Fondo, sin fecha definida, para que el Gobierno avance en una reforma laboral que, supuestamente, debería aumentar la cantidad de trabajadores formales y así mejorar la sostenibilidad y monto del sistema de pensiones.
Concretamente, lo que establece el acuerdo técnico es que, en diciembre del año próximo, el Gobierno debe "presentar al Congreso un informe de diagnóstico y revisión del sistema de pensiones, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. La iniciativa debería simplificar un sistema altamente fragmentado y mejorar la relación entre cotizaciones y prestaciones".
Por ahora, el detalle que se conoce, según el texto del acuerdo, es que esta reforma previsional apunta a "mejorar la proporcionalidad entre contribuciones y beneficios". Pero no se especifica si podría o no contener otros elementos como una elevación de la edad jubilatoria.
Reforma tributaria (diciembre de 2025)
También para fines de diciembre, el acuerdo técnico establece que el Gobierno debe elaborar un proyecto de reforma tributaria, enfocado en eliminar los impuestos considerados "distorsivos". Lógicamente, está pautado para luego de la renovación del Congreso, cuando el oficialismo espera tener una bancada mayor por sus resultados electorales, y dado que cualquier creación o eliminación de un impuesto debe pasar por el Poder Legislativo.
Lo que el acuerdo determina es que el Gobierno deberá "desarrollar (y compartir con el personal del Fondo) una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario. La propuesta debe contemplar la racionalización de los costosos gastos fiscales, lo que permitirá la eliminación gradual de los impuestos distorsionantes sobre las transacciones comerciales y financieras".
Plan para la eliminación de empresas deficitarias (septiembre de 2025)
Para fines de septiembre de 2025, el Gobierno se comprometió a presentar un plan para la "eliminación de entidades extrapresupuestarias ineficientes".
Probablemente, el FMI se refiera con esto a entidades que, desde un punto de vista contable, forman parte del denominado Sector Público Nacional pero no de la Administración Pública Nacional. Es solo esta última la que se incluye en el Presupuesto que debe aprobar el Congreso cada año.
Es decir, se trataría de empresas públicas cuyo financiamiento es administrado por ellas mismas. Pero que, por ser en este caso ineficientes, dependen al menos parcialmente de fondos de Nación y por lo tanto deben ser eliminadas para achicar el déficit.
También se incluyen aquí a los fondos fiduciarios, cuyo gasto es aprobado directamente por el Ministerio de Economía y da lugar a las famosas sospechas de ser "cajas negras".
Concretamente, el FMI pide "desarrollar un plan para eliminar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar también su gobernanza" para fin de septiembre.
Eliminación de fondos fiduciarios (diciembre de 2025)
Ligado al objetivo anterior, otra reforma estructural, pautada para fin de diciembre de 2025, es la eliminación de todos los fondos fiduciarios excepto el de subsidio al gas residencial.
En este caso, en verdad, el Gobierno ya realizó la tarea, puesto que ya eliminó los 29 fondos fiduciarios a los que Milei se había comprometido a inicios de su gestión. Entre ellos, los de vivienda social (FISU), de Promoción Científica y del plan Progresar.
Específicamente, el acuerdo técnico dispone "eliminar todos los fondos fiduciarios (con excepción del fondo fiduciario para subsidios de gas residencial)".
MÁS INFO
El problema es que el Presidente eliminó en junio pasado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, mientras que transfirió el programa HOGAR (para subsidio de garrafas sociales) a la Secretaría de Energía, por lo que no queda claro si el acuerdo con el FMI es restablecer ese primer fondo o no.
Privatizaciones (noviembre de 2025)
Para mediados de noviembre de 2025, el Gobierno de comprometió a establecer detalladamente cómo privatizará las empresas públicas incluidas en la Ley Bases.
En esa fecha, el FMI le exige al Ministerio de Desregulación de Sturzenegger presentar una "hoja de ruta" para su privatización o concesión. Algunas, igualmente, ya iniciaron el proceso.
Las empresas incluidas en la Ley Bases para privatización o concesión son ocho en total: Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoelétrica Argentina, Yacimientos Carboniferos de Río Turbio, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales SA.
Lo que el texto oficial del acuerdo establece es "publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley 27.742, junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales". También para fines de noviembre, el documento establece que se deberán "publicar los lineamientos necesarios para asegurar" este proceso de privatización.
Quita de subsidios energéticos (noviembre de 2025)
Por otro lado, el acuerdo técnico también contiene el compromiso de una reforma energética. Básicamente, se trata de la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), tal como indica la Resolución 21/2025 de la Secretaría de Energía de enero pasado.
Sin embargo, el punto clave es que esto incluye una reducción de los subsidios energéticos, tanto a la luz como al gas. Este punto está previsto para fines de noviembre de 2025.
Específicamente, el acuerdo establece que "las autoridades reducirán los subsidios energéticos y acercarán aún más las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, al tiempo que mejorarán la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico" y que se debe "implementar la resolución 21/2025 para liberalizar el comercio mayorista mercado eléctrico (Mercado Eléctrico Mayorista MEM)".
Presupuesto 2026 con déficit cero (septiembre de 2025)
A nivel temporal, la primera de todas estas reformas a implementar estará plasmada en el Presupuesto 2026. Aunque el acuerdo técnico la estipula para fines de septiembre, en rigor el proyecto de ley debe ingresar al Congreso el día 15 de septiembre.
Se trata de la presentación de un proyecto de Presupuesto 2026 que, como el presentado hace un año y nunca sancionado, debe incluir una regla de déficit cero. Pero que, además, deberá tener un plan fiscal de mediano plazo con sus diversos riesgos y posibles escenarios.
Concretamente, el texto oficial establece: "Presentar al Congreso el proyecto de presupuesto para 2026, de conformidad con la regla de déficit presupuestario global cero. El proyecto de presupuesto contendrá un marco fiscal a mediano plazo, incluyendo una declaración detallada de riesgos fiscales y escenarios adversos".
Compromiso contra el lavado de activos y con la transparencia fiscal (noviembre de 2025-diciembre de 2026)
Para fines de noviembre de 2025, el Gobierno se comprometió a comenzar a implementar las medidas contra el lavado de activos recomendadas por el GAFI.
Concretamente, el acuerdo técnico establece que se debe "publicar el informe de asistencia técnica del Fondo sobre la implementación de varias de las recomendaciones clave del GAFI, priorizando desde el principio las medidas de monitoreo y análisis estratégico para abordar los riesgos transfronterizos de lavado de activos y la implementación de exenciones basadas en el riesgo para mejorar la eficiencia del sector público".
Sobre este punto, en verdad, el FMI ya había advertido al Gobierno cuando, en mayo pasado, Luis Caputo anunció su "neoblanqueo" con el objetivo de estimular el uso de dólares del colchón. Probablemente, ahora tenga que mostrar cómo esa medida, con una ley complementaria que aún no trató el Congreso, encaja con la normativa mundial antilavado.
En el mismo sentido, el Gobierno se comprometió formalmente a "implementar la ampliación de la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), en colaboración con el BID, para incluir a otros organismos y agencias gubernamentales, según lo anunciado en el decreto 1093/2024".
Y para diciembre de 2026 se requiere "presentar un plan para modernizar la Legislación de Responsabilidad Fiscal", apuntando a una mayor transparencia de en las cuentas del Estado.
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