El Parlamento Europeo resolvió este miércoles, por una ajustada diferencia de apenas diez votos, llevar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante las dudas sobre su adecuación al Derecho comunitario. Esta decisión implica, en los hechos, la paralización del proceso de ratificación del tratado, aunque no necesariamente frena su aplicación provisional, una instancia que depende de la Comisión Europea.
La iniciativa para solicitar un pronunciamiento jurídico del máximo tribunal europeo, impulsada por los bloques de izquierda, fue aprobada con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En cambio, una segunda propuesta de características similares, promovida por el espacio de ultraderecha Patriotas por Europa, no prosperó: obtuvo 225 votos afirmativos, 402 negativos y 13 abstenciones.
Tras la votación, la Comisión Europea —cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el domingo pasado a Paraguay para firmar el acuerdo y lo defendió este mismo miércoles ante el pleno calificándolo como un hecho “histórico”— expresó su pesar por la decisión y señaló que evaluará el escenario antes de realizar un pronunciamiento más detallado.
En la misma línea, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, afirmó en conferencia de prensa que, desde la perspectiva de Bruselas, la decisión del Parlamento de recurrir al TJUE “carece de justificación”, dado que, según sostuvo, ya se adoptaron medidas a nivel europeo para atender las inquietudes y objeciones planteadas por los eurodiputados.
Acuerdo Mercosur- Unión Europea: cómo puede impactar en la Argentina
Uno de los aspectos menos expuestos, pero de mayor sensibilidad dentro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, es el capítulo vinculado a pagos, transferencias y política cambiaria. En ese apartado, las partes asumen el compromiso de garantizar que todos los pagos relacionados con las operaciones de cuenta corriente incluidas en el tratado puedan realizarse en una moneda de libre convertibilidad.
En los hechos, esta cláusula impacta de lleno sobre el esquema de controles cambiarios. El acuerdo establece como principio general la libre circulación de pagos y transferencias, en línea con las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, lo que limita la posibilidad de sostener restricciones amplias y permanentes sobre el acceso al dólar.
Si bien el texto no elimina por completo la opción de aplicar controles de cambio, sí los circunscribe a situaciones puntuales. Las restricciones solo serían aceptables en escenarios excepcionales, como desequilibrios severos en la balanza de pagos, tensiones financieras externas o riesgos concretos para la estabilidad macroeconómica.
En ese contexto, Argentina podría implementar o sostener medidas sobre el mercado cambiario, aunque bajo condiciones precisas: deben ser de carácter transitorio, proporcionales a la gravedad del problema y estrictamente orientadas a superarlo. Además, el acuerdo deja en claro que dichas medidas no pueden convertirse en un mecanismo permanente ni en una política estructural de administración del tipo de cambio.
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