Adorni reconoció que el Tesoro se quedó con fondos de una operación inmobiliaria vinculada al INTA

La administración Milei está llevando adelante un proceso de desguace de las capacidades científico técnicas del INTA; también está vendiendo sus tierras y campos a través de la inmobiliaria VIP de la Agencia Administradoras de Bienes del Estado. La semana pasada, un conjunto de productores agropecuarios denunció públicamente, a través de una carta, a los integrantes de la Mesa de Enlace que forman parte del Consejo Directivo del organismo por su complicidad en el cierre de las estaciones experimentales y remates de campos.

Son los productores agropecuarios, muchos de ellos de escalas pequeñas y familiares, quienes se oponen al programa de desguace. El Gobierno se mofa de ellos. El ataque oficial al INTA tuvo un encono particular hacia las áreas productivas de la agricultura familiar. Para el Poder Ejecutivo, la llamada agricultura familiar es, simplemente, asistencialismo. Así quedó por escrito en el último informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. “Tenemos que entender que la mejor genética, la fertilización adecuada, el control de plagas no diferencian entre agricultores con familia o solteros”, ¿ironizó? el funcionario.

Pero hubo algo más jugoso en el informe del Jefe de Gabinete. El primer inmueble del INTA que se vendió fue el edificio de la calle Cerviño, en el barrio de Palermo, por un total de 18 millones de dólares. Por la ley vigente al momento de realizarse la operación, el 70% de esos fondos debían depositarse en la contabilidad del INTA (13 millones de dólares). Pero Milei publicó un DNU posterior para cambiar el destino de ese dinero. Adorni dejó por escrita esta maniobra que ya había sido denunciada penalmente por el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade. Hecha la ley…

Una carta contra la Mesa de Enlace en el INTA

“Vemos con desazón cómo las entidades a quienes ustedes representan en el Consejo Directivo del INTA proceden con desaprensión y falta de cuidado para con el patrimonio público inmobiliario del organismo. Ustedes quedarán como responsables penales por lo que se está haciendo junto a la AABE”.

Este fue el eje central de la misiva que un conjunto de productores agropecuarios envió a los representantes de la Mesa de Enlace en el Consejo Directivo del organismo, entre los que participan Juan Patricio Hutak (Coninagro), Gustavo Tettamanti (Federación Agraria), Juan Manuel Bautista (SRA), y CRA. El presidente del organismo es Nicolás Bronzovich.

En el texto, los productores agropecuarios recordaron que durante la administración de Mauricio Macri también se había llevado adelante un proceso de venta de tierras –de manera fraudulenta- a través de la AABE, tal como consta en la Resolución 162/2023 de la Auditoría General de la Nación que estableció que, a través de una serie de resoluciones y decretos de operaciones de venta de campos, la administración Cambiemos le ocasionó un perjuicio fiscal al Estado de 62 millones de dólares.

“En el plan de sacar a remate los inmuebles del INTA, su primer hito ya arrancó de manera turbia: la venta del inmueble de Cerviño 3101. La Procuración de Investigaciones Administrativas detectó 10 irregularidades en el proceso, según lo documenta en el Expediente PIA N° 1292/24. Es desalentador ver el alineamiento automático del Consejo, sin considerar ese viejo adagio que señala ´lo gobiernos pasan…las causas penales quedan´”, agregaron los productores a través de la carta enviada al Consejo Directivo del INTA.

Los consejeros de la Mesa de Enlace habían sido rebajados por Milei a simples asesores, en un intento por romper la autonomía y autarquía del organismo, situación que pudo ser revertida por el Congreso de la Nación al rechazar el DNU que disponía la reorganización del INTA.  Por entonces, los representantes de las patronales agropecuarias repudiaban la intentona autoritaria del Poder Ejecutivo pero solo para recuperar sus “puestos”. Una vez que se volvieron a sentarse junto al presidente del organismo en la toma de decisiones, el alineamiento con el ajuste fue total.

“Esta carta es un llamado a la reflexión a los consejeros. Porque hace sesenta años que venimos trabajando juntos con ustedes. Pero nunca habíamos visto un trato tan despectivo de las Entidades con sus propios consejeros. Sin apreciar que ustedes tengan reacción alguna en defensa de su propio buen nombre y honor. Buen nombre y honor que hoy están siendo rifados en la lotería de intereses ajenos, donde otros cobrarán el premio, pero ustedes quedarán con las responsabilidades”, concluyó la misiva.

Adorni y su afán por los negocios inmobiliarios

El 26 de febrero de este año, las autoridades del INTA publicaron en el Boletín Oficial la Resolución del Consejo Directivo número 27 por la cual “suprimieron de la estructura organizativa del organismo a la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y a sus unidades dependientes”. Un mes después, arrancaron con el plan de venta de tierras implementado desde la inmobiliaria VIP de la AABE. A través de la resolución 96 del Consejo Directivo, se desafectó un campo de 35 hectáreas.

Pero la primera operación de venta se concretó sobre el cierre de 2024, el edificio de la calle Cerviño, valuado en 18 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar el dinero de esa venta? Según el decreto 1382/12 – ratificado por ley 27.341- toda desafectación de la AABE y posterior venta de tierras debían realizarse “con el fin de construir emprendimientos de interés público destinados al desarrollo y la inclusión social”. La misma norma establecía que, del resultado de la venta, el 70% debía quedar para el organismo.

¿Qué fue lo que ocurrió, entonces? El Gobierno publicó el DNU 186/2025 - posterior a la venta del edificio-  para modificar el destino de ese dinero, que en vez de ir al INTA quedó en las arcas del Tesoro Nacional como parte de la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, de juntar dólares para cumplir sus compromisos financieros con el FMI y las provincias. Lo más curioso de todo es que fue el mismo Adorni quien dejó por escrito el desvío de esos recursos.

“Mediante la sanción del Decreto Nº 186/25 (publicado el día 13 de marzo), se sustituyó el artículo 15 del Decreto N° 1.382 del 9 de agosto de 2012. En consecuencia, dichos fondos se canalizan conforme al régimen de administración financiera vigente, no correspondiendo su asignación directa a los organismos de origen”, dejó por escrito el jefe de Gabinete. Ningún decreto o ley puede ser aplicado de manera retroactiva.

De los 18 millones de dólares producto de la subasta, al INTA le correspondían 13 millones. Al tipo de cambio vigente al momento de la operación, serían cerca de 14.000 millones de pesos. Según confesó Adorni, solo le transfirieron 3100 millones de pesos (ver la página 731 del informe del jefe de Gabinete). Se ve que lo suyo sí es el rubro inmobiliario.

Tailhade ya había detectado esta maniobra de desvío de fondos al momento de presentar una denuncia penal por la venta del edificio de la calle Cerviño.

“La desaparición de esos millones de dólares que son del INTA le ocasionan a la institución un daño patrimonial gravísimo. Esto, conjugado con todas las irregularidades del proceso de venta de Cerviño 3101 que constan exhaustivamente en el dictamen de la PIA, hacen encuadrar a la conducta de sus principales ejecutores, Bronzovich y Pakgojz –titular de la AABE-, en los tipos penales de fraude a una administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, había denunciado Tailhade.

Los otros denunciados habían sido los integrantes del Consejo Directivo que forman parte de la Mesa de Enlace y otras patronales agropecuarias, entre ellos el vicepresidente de la entidad, Carlos Alberto Antonio Vera; el actual representante de la Sociedad Rural, Juan Manuel Bautista; Sergio Melgarejo, quien al momento de la estafa era delegado de Confederaciones Rurales Argentinas; Jorge Omar Dutto en representación de AACREA y Nicolás Carlino (Coninagro). También se denunció a quien ocupaba la vicepresidencia del INTA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, luego designada en el SENASA.