En un golpazo legislativo para el Gobierno, que estuvo acompañado por una marcha multisectorial multitudinaria en las inmediaciones del Congreso, la oposición logró aprobar en la Cámara de Diputados los proyectos de ley que prorrogan la moratoria previsional y que establecen un incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones del 7,2%, sumado al aumento del bono en 110 mil pesos. Desde La Libertad Avanza esgrimen la falta de fuentes de financiamiento para justificar el hipotético veto, pero el dinero que le falta al sistema previsional lo tienen los más ricos de la Argentina, beneficiados por la regresiva distribución del ingreso que propone el presidente Javier Milei.
De hecho, el propio proyecto aprobado en Diputados para devolver a jubilados el 7,2% y aumentar el bono a $110.000 prevé fuentes de financiamiento. Entre ellas, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías recíprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE. También estima usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.
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Hay plata, pero no se la quieren dar a los jubilados
La supuesta falta de ingresos del Estado es un justificativo repetido en la era Milei para no actualizar el bono, pero también fue utilizado para, por ejemplo, no otorgar un aumento al financiamiento universitario en 2024. Lo curioso es que además de los ítems citados en el proyecto de ley, incluso existen otras vías de financiamiento para partidas de extrema necesidad social que el Gobierno desestima y contradicen su discurso "anticasta".
Las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025. Pero hay más: según la hoja de ruta trazada por el propio gobierno nacional, por el total de los gastos tributarios vinculados a exenciones o rebajas impositivas, el Estado dejará de recaudar este año cerca 23,7 billones de pesos. Es decir, el 3,10% del PBI.
Por supuesto que los impuestos que no recauda provienen de los sectores más adinerados. Si bien el gobierno de Javier Milei asumió con la consigna de bajar los impuestos, en los hechos sólo redujo lo que pagan los más ricos, sosteniendo una estructura tributaria que profundiza las desigualdades. Bienes Personales (grava la riqueza acumulada) pasó de representar el 1,34% al 0,67% de la recaudación total, una modificación que sólo favorece al 1% más rico de la sociedad, mientras que el IVA al consumo afecta a la población de menores ingresos en un momento donde la canasta de alimentos creció 5,9% en abril, condenando a más personas a la indigencia, mientras que también se reimpuso el tributo a la Ganancias para la categoría de asalariados de ingresos medios y altos en un momento de creciente deterioro salarial.
¿Y las moratorias?
De acuerdo a la consultora Éforo, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias. A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados lo hicieron a través de una moratoria.
Con el fuerte ajuste implementado en 2024 en el gasto previsional, las erogaciones para los beneficiarios de moratorias solo representaron el 2% del PBI, cifra que se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
El 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes actualmente debió regularizar más de 20 años de aportes y sólo al 4% de los beneficiarios por moratoria les faltaba completar menos de cinco años de aportes. Más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y sólo 140 mil tenían más de 25 años.
La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas potencialmente beneficiarias que implicaría la prórroga por dos años de la última moratoria (Ley 27.705). Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo.
Es decir, que la extensión de la moratoria implicaría un ínfimo costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo. De prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería a 0,165% del PBI.
Con estas cifras, se hace difícil pensar que actualizar el bono a jubilados y la extensión de la moratoria pongan en riesgo a un frente fiscal que se ve completamente descompensado en favor de los más ricos del país. Hay plata, y mucha.
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