El Gobierno de Javier Milei se prepara para implementar un recorte en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las pensiones por discapacidad, una vez finalizadas las elecciones legislativas de octubre. La medida forma parte del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la primera revisión del nuevo acuerdo técnico, firmado el 1° de agosto.
Según consta en el documento oficial, la reducción se realizará mediante controles más estrictos de elegibilidad, apoyados en la creación de un registro social único, que integrará datos administrativos y sociales provenientes de distintos organismos del Estado. Esta reorganización tendrá como meta un ajuste fiscal equivalente al 0,3% del PBI, exigido por el FMI para alcanzar un superávit primario del 1,6% a fin de año, superando la meta original de 1,3%.
AUH: qué puede pasar después de las elecciones
Durante los primeros meses de gestión, el Ejecutivo había reforzado los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar, lo que incluso fue valorado por el propio FMI como una forma de amortiguar el impacto social de las medidas de ajuste. Sin embargo, en la etapa posterior a las elecciones, el Gobierno prepara un cambio de rumbo, orientado a reducir la cantidad de beneficiarios de programas sociales clave.
La herramienta central será la implementación definitiva del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que permitirá cruzar datos y limitar el acceso a quienes no cumplan con los nuevos criterios. El objetivo, según el acuerdo, es “mejorar la eficiencia y focalización” del gasto social.
¿Qué implica para la AUH y las pensiones por discapacidad?
El documento firmado con el FMI habla de "controles mejorados de elegibilidad" tanto para la AUH como para las pensiones por discapacidad, sin detallar si el recorte alcanzará solo a nuevos solicitantes o también a beneficiarios actuales. Sin embargo, el uso reiterado de términos como "focalización" y "depuración del padrón" sugiere que podría haber una reducción concreta en la nómina vigente.
En el caso de las pensiones por discapacidad, la decisión de Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso refuerza la idea de una política de recorte en marcha. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esa ley habría implicado un gasto adicional de entre el 0,25% y el 0,48% del PBI, algo incompatible con las metas de austeridad fiscal asumidas ante el FMI.
Consultados por El Destape, ni el Ministerio de Capital Humano ni la ANSES ofrecieron detalles concretos sobre cómo se instrumentará el nuevo sistema ni cuántas personas podrían quedar excluidas. Desde el Ministerio de Economía, en cambio, minimizaron el alcance del compromiso al sostener que "no se habla de ajuste", aunque no ofrecieron una interpretación alternativa del texto firmado con el FMI.
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