Las economías regionales exhiben realidades contrapuestas que desafían la lógica del rendimiento. A pesar de registrar volúmenes de producción históricos, los sectores lácteo y sucroalcoholero (azúcar) atraviesan realidades financieras completamente opuestas. La explicación de este fenómeno no se encuentra en las tranqueras ni en los niveles de eficiencia del ordeñe o de la molienda, sino en los esquemas de comercialización y en el grado de intervención que ejerce el Estado en la cadena de valor para equilibrar las fuerzas entre los productores primarios y los grandes complejos industriales.
El drama de los lácteos: récords productivos que destruyen
El panorama para los productores de lácteos es dramático. De acuerdo con el informe de la consultora Epyca, entre enero y abril, la cuenca lechera nacional alcanzó una producción inédita de 3.500 millones de litros, superando por un 9,3% el promedio de la última década. La productividad en las unidades productivas escaló un 27% en comparación con los últimos cinco años, alcanzando un promedio de 3.287 litros diarios por establecimiento. Sin embargo, la rentabilidad promedio del sector se hundió en terreno negativo con un -0,55%.
El tambero percibe U$S 0,361 por cada litro entregado, mientras que el costo real de producirlo se ubica en U$S 0,366. Esta distorsión estructural provoca que la cadena destruya cuatro centavos de dólar por litro producido, una pérdida que los productores financian consumiendo su propio capital fijo e infraestructura.
Sucede que en este sector, la negociación del precio de la materia prima queda completamente librada a la relación bilateral asimétrica entre el tambero y la industria, donde el eslabón primario retiene apenas el 31,3% del valor final del producto. Sin un marco regulatorio, el eslabón más débil absorbe los costos crecientes, lo que aceleró la crisis de firmas históricas y cooperativas lácteas.
El mercado interno, además, dejó de ser un colchón: las ventas cayeron 1,4% en el primer trimestre y el consumo se fracturó entre líneas premium estables y un proceso de "primarización" hacia quesos blandos de menor valor, con el agravante del avance de sucedáneos lácteos de bajo costo.
La consecuencia inmediata ya se observa en el plano corporativo, con la quiebra formal de SanCor el 22 de abril tras una década de crisis y la parálisis de Lácteos Verónica que adeuda salarios a 450 trabajadores en Santa Fe.
El resurgir del azúcar: el amparo estatal del sistema de maquila
En la vereda opuesta se posiciona el sector del azúcar en el Noroeste Argentino (NOA). Tras un cierre de campaña complejo en 2025 debido al colapso de los precios internos, la actividad sucroalcoholera logró una veloz recuperación en el primer trimestre de 2026, estabilizando sus valores en torno a los USD 400 por tonelada.
A diferencia de la desprotección comercial que sufren los productores de lácteos, la cadena azucarera cuenta con una herramienta legal estratégica: el sistema de maquila. Este mecanismo, regulado por el Estado, establece por ley que el 58% del azúcar resultante de la molienda pertenece al productor cañero, mientras que el 42% restante queda en manos del ingenio industrial.
Este esquema institucional garantiza un piso de previsibilidad distributiva y funciona como un amortiguador eficaz ante las presiones corporativas. El productor no se ve obligado a vender su materia prima a un precio impuesto por la planta procesadora; en cambio, participa directamente de la propiedad del producto final refinado.
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El sector del azúcar cuenta, además, con un doble impulso normativo por parte del Estado en materia energética. La vigencia de la Resolución de Energía 79/2026 elevó el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, asegurando una demanda interna fija y récord de 625.000 metros cúbicos para las plantas sucroalcoholeras. Esta pata macroeconómica e industrial le otorga una diversificación de ingresos que la lechería —atada a un mercado doméstico deprimido y con un consumo fragmentado— todavía no pudo consolidar por falta de infraestructura logística y financiamiento a largo plazo.
Aunque los pequeños cañeros de menos de 50 hectáreas todavía enfrentan desafíos frente a los grandes ingenios integrados, la arquitectura legal del mercado de la caña demuestra que la intervención y regulación estatal puede salvar de la quiebra al eslabón primario de una economía regional.
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