El impacto de la guerra en Medio Oriente ya llegó al campo argentino y, a través de la energía, comenzó a trasladarse a los costos de producción de manera directa. En ese marco, el encarecimiento del petróleo y el gas no solo elevó el precio del gasoil que es clave para la maquinaria y el transporte sino que también impulsó una suba significativa en los fertilizantes. Estos movimientos ya están impactando en los costos de producción y de extenderse en el tiempo en el campo se encienden alarmas porque los efectos se sentirán con más intensidad en la campaña 2026/27.
En las primeras semanas del conflicto, los precios internacionales del petróleo y del gas registraron subas de entre 42% y 50%, un salto que rápidamente se filtró en la economía local a través de los combustibles y los insumos clave para la actividad. En ese contexto, el gasoil acumuló una suba cercana al 22% desde fines de febrero, consolidándose como el primer eslabón visible de esta cadena de transmisión. Al mismo tiempo, la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado por el campo para mejorar los rindes, aumentó un 42% en el mercado local en pocas semanas, impulsada por el encarecimiento del gas, su principal insumo de producción.
Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina al que tuvo acceso El Destape y que ya fue presentado en los despachos oficiales. El martes, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, se lo acercó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una reunión de trabajo en la Casa Rosada.
El encuentro se produjo en un momento político delicado para Adorni, quien atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según reconstruyó este medio, la reunión ya estaba prevista desde semanas antes de que estallara el escándalo. Aun así, desde el Gobierno decidieron difundir la imagen junto a Pino, en un gesto que buscó mostrar a Adorni activo en la gestión, en paralelo al respaldo que recibió de Karina Milei ante la mesa política oficialista.
Desde la entidad agropecuaria aclararon que la charla giró solo en torno a la situación del campo y los efectos de la guerra. No se abordó ni la situación política del funcionario como tampoco otros temas que están en agenda para el sector como las retenciones y la nueva Ley de Semillas. “Fue una radiografía de lo que está pasando”, resumieron y aclararon que no se plantearon pedidos concretos ni se discutieron medidas específicas. La intención, señalaron, es acercar tanto en esta como en otras reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y municipales un diagnóstico para que "estén atentes al impacto sobre la producción local".
Más allá del plano político, los efectos económicos son concretos. Dado que el gasoil representa cerca del 15% del costo de la cosecha, la suba actual implica un aumento directo del 3,3%. A su vez, como el combustible explica alrededor de un tercio del costo del transporte automotor de cargas, los fletes agrícolas registraron incrementos de entre 6% y 7%, lo que impacta de manera directa en el ingreso final del productor.
El efecto, además, no es uniforme en todo el territorio. Mientras los establecimientos ubicados a unos 300 kilómetros de los puertos registraron subas en los costos de transporte de alrededor de 3 dólares por tonelada, en distancias de 800 o 1100 kilómetros los aumentos trepan a entre 4 y 5 dólares. Esta diferencia profundiza las brechas regionales y afecta especialmente a las producciones más alejadas de los principales nodos de exportación.
En este escenario, cultivos como el maíz y el trigo resultan más golpeados que la soja, ya que el costo del transporte tiene una mayor incidencia sobre su valor final. De hecho, en algunos casos el flete puede representar más del 20% del precio que recibe el productor, lo que reduce los márgenes en un contexto de costos crecientes.
La principal señal de alerta está puesta en lo que puede ocurrir en los próximos meses. El aumento de los fertilizantes introduce un factor de presión adicional sobre la próxima campaña. Se trata de un insumo clave para la siembra de trigo, que comienza a definirse entre abril y mayo, en un momento en el que los productores evalúan costos, precios y condiciones climáticas antes de tomar decisiones de inversión.
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Si los valores actuales se mantienen, el impacto podría ser significativo. Según las estimaciones del informe, los costos de producción para la campaña fina 2026/27 podrían aumentar entre 9,5% y 11%, dependiendo de la distancia a los puertos. En términos concretos, esto implica unos 58 dólares adicionales por hectárea, de los cuales una parte sustancial corresponde al encarecimiento de los fertilizantes.
La incertidumbre es, en este punto, el principal condicionante. “El productor se pregunta si esto vino para quedarse o se resuelve en una semana”, describieron desde el sector, reflejando el clima que atraviesa al campo en plena cosecha y a las puertas de una nueva siembra.
La Sociedad Rural no es la única que alerta sobre este escenario. En la misma línea, un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires también advirtió por el encarecimiento de los fertilizantes. “La suba internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, comienza a impactar en los valores de referencia locales”, señala el documento, que además alerta que, si las tensiones geopolíticas persisten, el traslado a costos podría profundizarse en los próximos meses.
La relación entre el campo y el Gobierno se mantiene en buenos términos. Desde la entidad remarcaron que se sienten escuchados y que el Ejecutivo busca avanzar con medidas en función de la evolución de la macroeconomía, aunque por ahora no hubo anuncios ni definiciones concretas. Mientras el conflicto internacional sigue abierto y el campo enfrenta un escenario incierto, restará saber si en Casa Rosada abordarán medidas para moderar el impacto de las subas. La eliminación de los derechos de exportación es un reclamo vigente de los productores aunque no hay precisiones acerca de cuándo el presidente Milei cumplirá su promesa de campaña.
En paralelo, está en discusión la modificación de la actual Ley de Semillas, vigente desde 1973. El debate volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo marco que la Argentina firmó con Estados Unidos y se da tanto puertas adentro del Gobierno como entre las empresas semilleras y los productores. Relacionado a esto, el lunes pasado el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Semillas a través de la cual eliminó áreas clave achicando así su estructura.
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