La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que organizará a más de 1.000 de sus delegados y afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación durante los próximos días con el objetivo de comprobar las condiciones que ofrece la entidad, luego del escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios públicos libertarios.
"La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza", explicó el sindicato en un comunicado.
La protesta se terminará de definir en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo y "buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina", señaló ATE.
Su titular, Rodolfo Aguiar, denunció que "no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”.
"En estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento", cuestionó Aguiar.
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Los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios
El entrecruzamiento de datos reportó que varias figuras del elenco oficialista habían sacado créditos hipotecarios en el Banco Nación. Entre los nombres que resaltaron están los de los diputados nacionales Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Mariano Campero, el twitero Juan Pablo Carreira (JuanDoe) y los funcionarios de Economía Federico Furiase y Felipe Núñez.
Se mencionan préstamos que oscilan entre cientos de millones de pesos, otorgados incluso a personas con ingresos relativamente bajos o inestables. Uno de los ejemplos más llamativos es el de un joven asesor legislativo que, con ingresos mensuales cercanos a los dos millones de pesos, habría accedido a un crédito que multiplica varias veces su capacidad crediticia.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento. Esta remarca que las normas del Banco Central obligan a las entidades financieras a evaluar rigurosamente la capacidad de repago de los solicitantes.
En términos legales, la denuncia menciona la posible comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
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