La crisis económica desatada por las medidas del presidente Javier Milei y replicadas en la provincia de Jujuy por el gobernador Carlos Sadir volvió el costo de vida imposible de sostener. En ese marco, la directora de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy (Dipec), Norma Pereyra, señaló que “muchos jóvenes están volviendo a la casa de sus padres porque la situación económica actual hace que no estén en condiciones de mantener un espacio propio con sus ingresos”.
Pereyra sostuvo que "la realidad económica hoy condiciona muchísimo la posibilidad de acceder a una vivienda y sostenerla”. De esta manera, remarcó que los ingresos actuales no alcanzan para mantener un espacio independiente, basándose en datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares que reflejan la gravedad del déficit habitacional.
“Los jóvenes buscan viviendas y quieren alquilar, pero muchas veces no pueden cumplir con las condiciones o acceder a programas estatales porque existen otras prioridades”, explicó en declaraciones para Somos Jujuy. El escenario se combina, además, con un creciente endeudamiento y mayores niveles de morosidad.
Si bien afirmó que en "zonas más alejadas de la capital hay más posibilidades por una cuestión territorial y de pertenencia”, el contexto económico nacional impacta de forma directa y generalizada en la calidad de vida.
Los números oficiales de la DIPEC respaldan este diagnóstico con cifras alarmantes sobre el incremento del costo de vida: en marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de la pobreza, sufrió un aumento del 5%, situándose en $1.396.662,66 para una familia tipo de cuatro integrantes.
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En sintonía, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) escaló un 4,9% en el mismo periodo, alcanzando los $631.460,06 mensuales solo para cubrir necesidades alimenticias esenciales. Estos indicadores confirman que el umbral de la indigencia y la pobreza se ha vuelto una barrera insuperable para los jóvenes, quienes se ven empujados de vuelta al nido familiar ante una economía que asfixia cualquier intento de autonomía.
El reporte revela que la inflación en las canastas continúa en niveles elevados. En términos interanuales (marzo 2025 frente a marzo 2026), la canasta alimentaria (CBA) acumuló un alza del 37,8%, mientras que la canasta total (CBT) subió un 39,1%.
Fallas eléctricas y precios desorbitantes: vecinos exponen el servicio de la empresa de energía
Los vecinos de la localidad de San Pedro de Jujuy alzan la voz por no poder afrontar los precios desorbitantes de las tarifas de energía eléctrica que dispone la Empresa Jujeña de Energía (EJESA). Marcelo Pastore, vecino de la localidad, señaló que la queja principal se centra en fallas constantes, además de subas y bajas de tensión que dañan electrodomésticos.
Mientras un concejal impulsa un proyecto para eliminar tasas de la boleta de luz, tratando de reducir los costos de los usuarios, Pastore confirmó que los usuarios están juntando firmas para visibilizar el mal servicio que brinda la compañía EJESA, con el objetivo de hacer una presentación en la Legislatura para que se revea su concesión. Los habitantes de la localidad ubicada dentro del Valle del río San Francisco de Jujuy piden "terminar con el monopolio" para que participen otras empresas.
El gobierno de Jujuy, bajo la administración de Gerardo Morales hasta diciembre de 2023, mantenía una participación accionaria en la empresa como parte del modelo de “empresa mixta” acordado en los 90, cuando se privatizó la energía en la provincia. Esa participación, aunque minoritaria, le permitía tener voz en el directorio y sostener ciertos niveles de control simbólico y estratégico sobre una empresa que opera un servicio público esencial.
Sin embargo, esa participación fue vendida: EDISON S.A. compró ese paquete estatal y, con ello, se consolidó como controladora total del servicio de distribución eléctrica en territorio jujeño, que incluye no solo la distribución urbana, sino también la red provincial y la facturación a más de 350.000 usuarios. Esta operación fue silenciada, sin comunicación institucional clara, sin audiencia pública, y sin consulta legislativa.
En diálogo con Radio 2, Pastore cuestionó la inacción de organismos como la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), a quien acusa de tener vínculos políticos y no defender a los usuarios. La recolección de firmas avanza con el objetivo de alcanzar el 3% del padrón electoral (18.000 firmas), a pesar del miedo de algunos ciudadanos a posibles represalias.
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