Deuda vs. derechos: lo que se paga en intereses alcanzaría para cubrir la emergencia en discapacidad

El oficialmente proclamado superávit fiscal del gobierno nacional se sostiene a costa del ajuste sobre jubilados, en educación, salud, obras públicas, entre otros rubros claves. De hecho, desde enero 2025 y por primera vez en términos históricos, el gasto en intereses capitalizables de deuda superó el total de recursos que el Estado nacional destina a la Seguridad Social. Sin embargo, la situación de profundizó estos días debido a la creciente  volatilidad cambiaria a lo que se sumó el escándalo por presunta corrupción en la gestión libertaria: el Ejecutivo terminó convalidando tasas altísimas que, de mantenerse, llevarían a que el costo financiero -pasadas las elecciones de octubre- trepe a $ 2,6 billones (0,27% del PBI), esto es, similar al costo de financiar toda la Ley de Emergencia en Discapacidad que se niega a aplicar. 

Al respecto, la administración de La Libertad Avanza dio de baja más de 100.000 pensiones de personas con discapacidad, a la par que recortó un 16% el poder de compra del monto de ese beneficio que ya es, apenas, el 70% de un haber mínimo. Pese a ello, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia -veto que fue rechazado parcialmente por el Congreso- pero mientras se excusaba en la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas convalidó super tasas del mercado de deuda. En otras palabras, la reducción del gasto público tiene como contracara la necesidad de pagar los intereses de renta financiera que, además, se dispararon por en estas últimas semanas. 

Mientras tanto no puede pasarse por alto que, a la par que se conocieron los audios con presuntas coimas que salpican a altos cargos de la Casa Rosada en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), decenas de personas hacen largas filas para intentar reclamar por la pensión que dejaron de recibir desde que el Gobierno implementó auditorías que, a su vez, fueron cuestionadas por irregularidades en su implementación.

Ajuste en discapacidad: beneficiarios y montos

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio de baja en julio a más de 65.000 pensiones de las que eran beneficiarias personas con discapacidad luego de realizar una serie de auditorías que fueron cuestionadas por irregularidades en su implementación. A su vez, en los primeros días de este mes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que las suspensiones superaban los 110.000 casos. Si bien el gobierno nacional afirmó que se trata de casos “mal otorgados”, tanto las personas afectadas como organismos varios alertaron que el proceso de control y los criterios de las auditorías evidencian “violaciones graves a los derechos de este grupo”, según señalaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Esto se suma a las medidas que desde fines del 2024 viene implementando la gestión libertaria como la de modificar los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (Decreto 843/24), fijando como obligatorias condiciones que, aseguran especialistas, “habían sido declaradas inconstitucionales por la justicia”, a la vez que se habilitó la baja en aquellos casos en los que no se pudiera citar a las personas para evaluar su derecho a percibir esta prestación. Hay que recordar que se trata de una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan más de 1.200.000 personas con discapacidad en nuestro país y el monto equivale apenas al 70% de una jubilación mínima ($314.000), a la vez que se habilita el acceso a la cobertura sanitaria del programa “Incluir Salud”. 

A la baja sostenida en la cantidad de beneficiarios se suma el recorte en los montos. En concreto, en los primeros 19 meses del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) la cantidad de pensiones por invalidez cayó un 2,3% (en el macrismo la caída fue de un 1,7%) en tanto que desde las pensiones son 15,7% más bajas en términos reales -considerando el efecto de la inflación- contra el promedio recibido por los beneficiarios en 2023.

“El costo fiscal de las pensiones por invalidez es bajo. Por mes representan apenas el 1,5% de lo recaudado, un ahorro poco significativo para tanto dolor”, indicó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) desde donde remarcaron que la interrupción de la pensión y/o los menores ingresos para sus beneficiarios suponen la pérdida de un recurso clave para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda, así como pone en riesgo la continuidad de tratamientos de salud. 

Pensiones no, renta financiera sí

Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei contra la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. La norma busca asegurar el cumplimiento de los derechos al acceso a salud, educación y protección social, así como fija una compensación de emergencia para prestadores y regularización de pagos, cumplimiento del cupo laboral, mayor transparencia en el funcionamiento de la ANDIS y garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad. De hecho, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso el impacto fiscal sería de entre el 0,2% y 0,4% del PBI. 

Si bien el argumento del oficialismo para rechazar la norma es que afectaría el mentado equilibrio fiscal, en paralelo y en medio de una creciente volatilidad cambiaria, el ministerio de Economía profundizó en estos días el feroz programa de endeudamiento, en un marco de escalada de las tasas que condiciona la renovación de los vencimientos. En primer lugar, los instrumentos el Tesoro -LECAP y BONCAP- tienen la particularidad de que pagan lo que se denomina intereses capitalizables que no impactan contablemente en el resultado fiscal (no se contabilizan como gasto corriente) sino que impactan en el propio valor del instrumento que termina siendo superior al de emisión. La gran parte de esos títulos están en poder de las entidades bancarias que, con encajes más elevados, terminaron por renovar esa deuda aunque exigiendo tasas muy elevadas, que aumentan el costo de financiamiento para el Tesoro.

“Esta semana se adjudicaron AR$ 7,67 billones frente a vencimientos por AR$ 6,68 billones, lo que permitió un rollover holgado (114,7%) favorecido por el incremento en 2 puntos porcentuales de la porción de encajes que los bancos pueden integrar con títulos públicos a 60 días o más de plazo”, detallaron desde la consultora Equilibra. Según los especialistas “hace ya un mes que las tasas reales en pesos rondan 2% mensual, niveles de los que no se encuentran registros en los últimos años, y son sumamente nocivos incluso para agentes solventes que necesitan acceder al crédito”, y analizaron que “todo indica que el Gobierno mantendrá tasas de interés de punta para contener el dólar oficial y la inflación hasta las elecciones”. En esta última licitación pagó hasta 76% de interés para evitar más ruido con el dólar.

En lo concreto y pese al discurso de austeridad fiscal de la dupla Milei-Caputo, lo cierto es que los intereses del pago de deuda superan al gasto, por ejemplo, de la ley de Emergencia en Discapacidad vetada por gobierno: teniendo en cuenta que hasta fin de octubre vencen $ 32 billones sólo de LECAPs en manos del sector privado y bancos y suponiendo un diferencial de tasas similar al promedio de la última licitación (1,77% puntos porcentuales vs la tasa que se pagaba en la primera quincena de julio) y un rollover de 90%, desde dicha consultora estimaron que “el costo financiero de la suba de tasas treparía a $ 2,6 billones (0,27% del PBI), similar al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad”. Hacia adelante, el Tesoro enfrenta vencimientos en manos de privados y bancos: “$ 15,3 billones en septiembre próximo (1,8% del PIB), $9,0 billones en octubre, $ 13,4 billones en noviembre y $ 11,2 billones en diciembre (1,3% del PIB)”.

Por último, de acuerdo con la consultora 1816 “si ante cada vencimiento de 2025 el Mecon tuviera rollover de 100%, el gobierno emitiera siempre a una tasa de 4% TEM (tasa efectiva mensual) y la inflación fuera de 2% mensual, entonces la capitalización de Lecap, Boncap, Duales y Letras TAMAR iría subiendo todos los meses hasta alcanzar alrededor de $4,9 billones mensuales en diciembre y de eso alrededor de $ 2,1 billones mensuales podrían considerarse costo fiscal”. En otras palabras, “de mantenerse estas tasas, hacia fin de año el costo fiscal oculto de la capitalización de intereses rondaría el 0,23% del PBI anual por mes, algo cercano al 3% del PBI por año”. Así las cosas, “se trata de números lo suficientemente grandes como para poner en riesgo los logros fiscales del Gobierno”, alertaron.