En un contexto de pérdida de poder adquisitivo y suba sostenida de los gastos fijos, un proyecto de ley ingresado al Congreso propone crear un "Programa de Desendeudamiento de las familias argentinas". La iniciativa apunta a ofrecer créditos blandos a través de la Anses para que hogares vulnerables puedan cancelar deudas caras, especialmente las asociadas al uso de la tarjeta de crédito y a prestamistas fuera del sistema bancario tradicional.
La propuesta presentada por se apoya en un diagnóstico contundente sobre el nivel de deuda de las familias y en el rol que podría cumplir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como fuente de financiamiento de largo plazo. El texto lleva la firma de Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Nicolás Massot, entre otros.
Qué propone el proyecto para desendeudar a las familias
La letra del proyecto crea formalmente un programa que habilita a la Anses a otorgar créditos personales con destino prioritario al pago de deudas preexistentes. El objetivo central es reemplazar pasivos de alto costo financiero por préstamos con condiciones más accesibles y previsibles.
El esquema está diseñado para cubrir a un universo amplio de familias, pero con límites claros de ingresos y montos, con el fin de focalizar el beneficio en sectores medios y bajos.
Quiénes podrían acceder a los créditos
Según el articulado, el programa alcanzaría a:
- Jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos.
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.
- Trabajadores en relación de dependencia, públicos o privados, con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
- Personal de casas particulares.
- Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
De este modo, el proyecto apunta a los segmentos que hoy muestran mayor dependencia del crédito de corto plazo y mayor exposición a tasas elevadas vinculadas al consumo cotidiano.
Condiciones financieras: topes, tasas y cuotas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el diseño de las condiciones financieras. El proyecto establece que:
- El Costo Financiero Total no podrá superar la tasa mayorista de referencia (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
- El monto máximo por beneficiario será de $1,5 millones, ajustable semestralmente según el salario mínimo.
- La cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto, para evitar sobreendeudamiento.
- El repago se realizará, de manera prioritaria, mediante descuento automático sobre haberes o prestaciones.
- Estas reglas buscan ofrecer una alternativa concreta frente a la deuda tomada con tarjeta de crédito, fintechs y comercios, donde las tasas suelen ser muy superiores y de corto plazo.
El diagnóstico: por qué creció tanto la deuda de los hogares
En los fundamentos, la letra del proyecto describe un escenario crítico. Desde noviembre de 2023, los gastos fijos de los hogares aumentaron cerca de 480%, muy por encima de la inflación general y de la evolución de los ingresos formales. Esta brecha redujo de manera sostenida el ingreso disponible.
Frente a esa presión, muchas familias recurrieron al endeudamiento para cubrir consumos básicos. La iniciativa señala que la morosidad del crédito a hogares ronda el 7,8%, frente a apenas 1,9% en empresas, y que en los proveedores no financieros la irregularidad trepa a niveles cercanos al 20%.
Además, la deuda con fintechs creció de forma explosiva: la cartera pasó de $ 724 mil millones a más de $ 2,5 billones en apenas un año, con un fuerte aumento tanto en la cantidad de deudores como en la deuda promedio por persona.
El rol del FGS y los antecedentes
El proyecto también cuestiona el actual uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A junio de 2025, más del 78% de la cartera del FGS estaba invertida en títulos públicos, mientras que los préstamos a beneficiarios representaban menos del 1%.
Según los autores, destinar hasta el 20% del FGS a créditos permitiría un programa del orden de U$S 14.000 millones, suficiente para reemplazar deuda cara por financiamiento más sostenible, sin comprometer la solvencia del Fondo.
La iniciativa retoma antecedentes como los créditos Argenta y los Créditos ANSES, que en el pasado funcionaron como herramienta para reducir el peso de la tarjeta de crédito y de prestamistas informales en los hogares.
El proyecto pone sobre la mesa una discusión de fondo: si el Estado debe intervenir para aliviar la deuda de las familias cuando el mercado ofrece crédito a tasas prohibitivas. De avanzar, la propuesta podría modificar el mapa del financiamiento al consumo y redefinir el rol de la ANSES en un contexto de ingresos ajustados y gastos inflexibles.
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