La inversión se desplomó 6% en el tercer trimestre y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja, de acuerdo a las últimas cifras del Indec. El balance coincide con un dato demoledor que surge de la base de datos del Banco Central: por primera vez en 22 años, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina muestra un resultado negativo. Ambos reportes condicionan las perspectivas de crecimiento económico que se plantea el Gobierno hacia adelante.
El concepto de Inversión (FBC) se refiere a la Formación Bruta de Capital Fijo, un concepto macroeconómico que mide la inversión total en bienes duraderos (como maquinaria, edificios, transporte) por parte de productores para incrementar su capacidad productiva, sin descontar la depreciación. Se trata de un indicador clave para medir el crecimiento económico y la acumulación de capital en un país.
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Durante el tercer trimestre, la Formación Bruta de Capital Fijo, según estimaciones preliminares, creció 10,3% respecto del mismo período del año anterior, pero cayó 6% frente al trimestre previo. El incremento interanual se explicó por el aumento de 2,3% de la inversión en construcciones, el descenso de 9,4% de otras construcciones, el aumento de 13,8% en maquinaria y equipo y el crecimiento de 27,7% en equipo de transporte.
Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional descendió 6,6% y el componente importado creció 28,9%. En equipo de transporte, el componente nacional cayó 9,2% y el importado tuvo una variación de 164,9%.
Inversiones: récord negativo en más de 20 años
Por primera vez desde 2003, la inversión extranjera directa está en rojo. Entre enero y noviembre de 2025, la salida neta de capitales alcanzó los U$S 1.521 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central (BCRA). Este dato representa un quiebre respecto de la evolución histórica reciente, ya que en los años anteriores la IED había mantenido un saldo positivo. El período analizado no sólo evidencia una disminución en términos nominales, sino también una transformación profunda en la dinámica de ingreso de capitales al país.
La retracción de la inversión externa responde a un proceso de desinversión por parte de empresas en sectores estratégicos como energía, sistema financiero y consumo masivo. Según un informe del BCRA, entre 2016 y 2019 la IED promedió USD 3.235 millones anuales. Sin embargo, ese flujo se redujo de manera significativa entre 2020 y 2023, con un promedio de USD 953 millones. En 2025, la tendencia descendente se profundizó, consolidando una reversión en el movimiento de capitales.
Sectores más afectados: energía, consumo y telecomunicaciones
El rubro energético figura entre los más golpeados. Empresas como ExxonMobil y Petronas comenzaron a desprenderse de activos en Vaca Muerta, mientras que TotalEnergies y Equinor también evaluaron alternativas similares en la provincia de Neuquén.
Para el segmento de consumo masivo, Procter & Gamble concretó su salida del país mediante la venta de su operación local al grupo argentino Newsan. En tanto, en telecomunicaciones, Telefónica de España transfirió su filial argentina a Telecom Argentina por USD 1.245 millones. Estas operaciones forman parte de un proceso más amplio de retiro de capital extranjero.
La evolución de la IED marca un punto de inflexión en la economía. La reducción de la presencia de multinacionales y el saldo negativo registrado reflejan una pérdida de activos extranjeros en el país.
Las implicancias para la economía de 2026
El proyecto de reforma laboral estipula la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce contribuciones patronales al 2% por 48 meses para los nuevos empleados. De acuerdo a un informe de la consultora LCG, la incorporación de nuevos trabajadores que aporten a la seguridad social, aunque con una alícuota reducida (dejando de lado la cuestión de las nuevas futuras jubilaciones), podría compensar algo del costo de 0,54% del PBI por el FAL.
Cubrirlo en su totalidad demandará un aumento del empleo formal del 16% respecto a los 9,6 millones de asalariados formales públicos y privados de hoy. Es decir, en el próximo año deberían registrarse 1,5 millones de trabajadores. Implicaría asumir un recorte de la tasa de informalidad entre los asalariados de casi 10 puntos: pasaría de 37,7% en el segundo trimestre a 27,9%. El interrogante es si con la curva de inversiones que afecta a sectores empleadores de gran envergadura se pueden estas proyecciones. Difícil, como mínimo.
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