La Justicia decretó la quiebra definitiva de La Suipachense, una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea bonaerense. El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes ordenó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., dueña de la marca, tras meses de inactividad, salarios impagos, deudas millonarias y una gestión que terminó por vaciar lo que alguna vez fue un orgullo productivo de la cuenca lechera.
La resolución, firmada el 8 de noviembre, dispuso la clausura inmediata de la planta de Suipacha, la entrega de todos los bienes a la sindicatura y la inhabilitación definitiva de sus directivos. Además, el juez impuso la prohibición de salida del país al presidente de la firma, Jorge Luis Borges León, mientras se ordena al Banco Central y a ARCA que informen sobre los movimientos financieros y patrimoniales del grupo.
Por qué quebró La Suipachense
La causa deja al descubierto un derrumbe largamente anunciado: La Suipachense incumplió el acuerdo preventivo homologado, no genera ingresos desde hace meses y acumuló más de 1.000 cheques rechazados por $ 8.500 millones, un récord negativo en el sector. Lo que alguna vez fue una planta modelo, capaz de procesar 250.000 litros diarios de leche, terminó reducida a la inactividad total.
El Banco Central confirmó el colapso financiero, mientras el gremio ATILRA denunció vaciamiento empresario, despidos sin indemnización y deudas salariales que dejaron a 140 trabajadores en la calle. Los 180 tamberos proveedores, sin cobrar durante meses, también cortaron el suministro.
El fallo judicial ordena la intervención urgente del predio, el inventario de activos y autoriza incluso el uso de fuerza pública y cerrajeros para acceder al establecimiento. La sindicatura deberá verificar los créditos y organizar la liquidación para cubrir, en parte, un pasivo imposible de dimensionar.
Pero el caso de La Suipachense no es un hecho aislado. Días antes, la Justicia Comercial porteña había decretado también la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), fabricante de yogures y postres SanCor, con pasivos por más de $ 49.000 millones y 540 cheques rechazados. Ambas firmas compartían un mismo denominador: el grupo venezolano Maralac, que tomó el control operativo tras el colapso del Grupo Vicentin, comprador de La Suipachense en 2016.
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El desembarco de Maralac en la industria láctea argentina, en 2012, prometía inversión y expansión, pero terminó dejando una estela de deudas, denuncias y plantas cerradas. Ni en Suipacha ni en las instalaciones de ARSA en Arenaza y Monte Cristo el grupo logró sostener la producción. Los conflictos judiciales, las acusaciones por desvío de fondos y facturación cruzada y las medidas gremiales por vaciamiento empresario fueron el preludio del final.
Entre La Suipachense y ARSA suman más de 1.500 cheques rechazados por más de $ 15.000 millones, configurando uno de los colapsos más severos de la industria láctea argentina reciente. Con las plantas paralizadas y cientos de familias sin sustento, el grupo Maralac se retira del país sin dar explicaciones, dejando tras de sí una trama de desidia empresaria, endeudamiento crónico y comunidades devastadas.
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