Servicios: mientras vuelven los subsidios para ricos, 7 de cada 10 hogares pobres sufre el abandono de Milei

Mientras el Gobierno nacional reconoció que -en plena campaña electoral- volvió a subsidiar la luz y el gas de las familias de altos ingresos, un informe reveló que los hogares de sectores populares acceden cada vez en peores condiciones a los servicios públicos esenciales, situación que se convirtió en el principal problema en casi todos los barrios relevados: el 73% de las viviendas aseguró tener un acceso precario y un 11% directamente no cuenta con alguno o ninguno de esos servicios.

Los datos grafican con claridad una realidad cada vez más alarmante: el 50% de los hogares populares depende de conexiones informales para contar con agua y, en algunos barrios, el porcentaje escala al 95% de los domicilios, a su vez el 63% se conecta de manera precaria a la red eléctrica, en el caso del gas, la mayoría (en torno al 90%) utiliza gas en garrafa para cocinar, y el 36% tiene acceso a internet solo a través del celular o carece completamente del servicio. “Estos niveles de informalidad y precariedad implican mayores costos, aumentan el riesgo de accidentes y limitan las oportunidades educativas y laborales”, señaló un análisis privado presentado esta semana sobre condiciones de vida en barrios populares del país. En el mismo sentido se advirtió por el desfinanciamiento y el retroceso de las políticas de integración socio urbana, así como por la desarticulación de programas comunitarios, todo lo que “profundiza y reproduce las condiciones de exclusión”.

Sin embargo, lejos de priorizar políticas que atiendan el déficit habitacional, los servicios públicos precarios, el hacinamiento y la inseguridad alimentaria que viven millones de argentinos en su día a día, la administración libertaria decidió restablecer en la segunda mitad del año los subsidios a la luz y el gas para los sectores de clase alta según declaró el secretario coordinador de Energía del Ministerio de Economía, Daniel González, durante su última aparición en el streaming oficialista "Carajo" tras una intervención del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien confirmó que él mismo volvió a beneficiase de los subsidios al consumo (los usuarios de altos ingresos habían dejado de recibir subsidios durante el primer semestre de 2024, por lo que esto supone una marcha atrás en los meses previos a las elecciones de octubre próximo).

Servicios básicos, afuera

En Argentina, más de cinco millones de personas viven en los más de 6.000 barrios populares del país, según los últimos datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esta cifra representa aproximadamente un 10% de la población nacional. Sin embargo, la sostenida expansión de estos barrios no fue acompañada de un adecuado acceso a servicios básicos ni a la infraestructura necesaria. En la actualidad, la precariedad y desigualdad se agravó en la vida cotidiana de esas familias, que sufren la imposibilidad de acceder a agua o electricidad en condiciones adecuadas, mientras las prioridades de la política económica se enfocan en sostener los subsidios tarifarias de los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad. 

Un primer acercamiento general mostró que el 73,2% de la población exhibe un nivel precario de acceso a servicios, solo el 15,9% cuenta con un acceso adecuado y un 10,9% atraviesa una situación deficitaria, es decir, no tiene ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios esenciales. Así se desprende de los resultados de un relevamiento sobre condiciones de vida en barrios populares presentado esta semana y que incluyó a barrios representativos de seis provincias del país.

De acuerdo al informe del Observatorio Villero de La Poderosa y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al que accedió este medio, la falta o las dificultades con servicios públicos son, para la mayoría de los hogares, el principal problema mencionado en casi todos los barrios relevados: El barrio Mirador (Tierra del Fuego) es el que está en una posición más desfavorable ya que el 81,1% de las viviendas relevadas tiene un acceso deficitario a los servicios públicos y no se identificaron hogares con acceso adecuado. En el otro extremo, el barrio Virgen Desatanudos (La Rioja) exhibe un nivel alto (75%) así como también, aunque en menor proporción, Las Dalias (33,3%), Los Álamos (26,9%) en Buenos Aires y Complejo Yapeyú en Córdoba (22,6%), todos fuera de la Ciudad de Buenos Aires donde en la Villa 21-24-Zavaleta, en cambio, apenas el 1,1% de los hogares relevados tienen un nivel adecuado de servicios.

Si se pone la lupa en la situación puntual de acceso a cada servicio se observa que en el caso del agua, alrededor de la mitad de los hogares tiene conexión informal. Esta situación es particularmente grave en la Villa21-24-Zavaleta, donde llega 95% y en Isla Maciel, donde la proporción alcanza el 88%. Al poner el foco en la calidad del agua, cerca del 75% de los hogares relevados declaró que el suministro presenta olor, color y/o sabor. Y en cantidad, el 43% de las viviendas afirmó que no recibe siempre agua para cubrir las necesidades del hogar. Como consecuencia, el 60% de los hogares compra agua embotellada -en forma habitual u ocasional-, lo que representa un gasto extra para dichas familias. 

Por su lado, en el caso del gas, la mayoría de los hogares relevados (en torno al 90%) utiliza gas en garrafa para cocinar, debido a la ausencia de red de gas natural, lo que implica otro gasto extra para las familias, ya que -como viene contando este medio- en pleno invierno la gestión de Javier Milei decidió liberar el precio de las garrafas de las que dependen sobre todo los barrios populares y los vecinos aseguran que ya pagan entre $30.000 y $40.000 una garrafa de 10kg que dura apenas dos semanas. 

En cuanto a red eléctrica, el 63% de las viviendas afirmó tener una conexión irregular, lo que da cuenta de un elevado nivel de informalidad en un servicio básico para satisfacer necesidades cotidianas muy variadas. Si bien esta situación afecta a una proporción elevada de viviendas en todos los barrios, en algunos es particularmente relevante ya que supera el 80% de hogares: en la Villa 21-24-Zavaleta de CABA (94%), Isla Maciel de Buenos Aires (89%), Mendoza al sur de Corrientes (82%) y en el Barrio Mugica de CABA (80%). 

Por otro lado, el 20% de los hogares sufre cortes de luz de manera frecuente, es decir, al menos una vez por mes. Asimismo, a partir de un indicador de riesgo eléctrico que revisa dos componentes clave de las instalaciones domiciliarias (el tipo de cableado -embutido o a la vista- y la existencia de dispositivos de protección -tablero con disyuntor diferencial y jabalina con cable a tierra-) se precisó que el 56% de las viviendas exhibe un alto riesgo eléctrico.

El informe fue presentado recientemente por el Observatorio Villero de La Poderosa y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y constituye una ampliación y profundización del relevamiento realizado en 2022, y permite evidenciar que lejos de constituir un fenómeno transitorio, “la configuración de los barrios populares responde a procesos históricos de segregación” que se agudizan en contextos de crisis económicas y políticas. De hecho, en 2024 se produjo un deterioro significativo de las condiciones de vida de estas familias.

“La situación respecto de la infraestructura en los barrios populares se agravó de dos maneras. En primer lugar, porque hay una decisión de no avanzar en garantizar las condiciones de acceso a servicios públicos y que efectivamente toda la población pueda, por ejemplo, acceder al agua segura para el consumo, lo que es muy grave de por sí. Pero, además, hay una un agravamiento de la situación que tiene que ver con la paralización de obras que quedaron truncas y esto lleva a que se pierda la inversión inicial pero tampoco hay forma de garantizar que al momento de reiniciarse la obra que quedó obsoleta pueda efectivamente tener condiciones seguras para la población, sobre todo en el caso de agua y saneamiento”, explicó en diálogo con El Destape  Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Otro eje que también incluyó el relevamiento fue el acceso a internet, que en los últimos años se volvió fundamental para la educación, el trabajo, la comunicación, la información, la salud, entre otros. Sobre ello, se indicó que el 18% de los hogares relevados no tiene acceso a internet y otro 18% sólo tiene conexión a través del celular. Al mismo tiempo, siguiendo con esta dimensión, en el 76% de las viviendas relevadas no hay notebooks ni computadoras.

Otras condiciones alarmantes

En los barrios analizados, entre el 20% y el 30% de la población tiene 14 años o menos, en tanto que los hogares presentan una marcada feminización ya que la mayoría de las jefas de hogar son mujeres (60%) y más de la mitad de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo. Este escenario evidencia una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos.

Además, el 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60% en algunos barrios. Sólo el 18% de la población cuenta con cobertura de salud, mientras que el 13% de los hogares incluye al menos una persona con discapacidad. 

En cuanto a las características de las viviendas, el 81% de la construcción se clasificó como “parcialmente insuficiente”. Además, cerca de la mitad presentó grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. “Estos indicadores evidencian un déficit crítico en las condiciones dignas de habitabilidad”, destacó el informe. Considerando todos los barrios analizados, en casi un tercio de las viviendas relevadas existen humedades o filtraciones en contacto con la instalación eléctrica, lo que representa un riesgo para los habitantes.

También se relevó el nivel de hacinamiento, indicador relacionado con el déficit habitacional cuantitativo. En términos generales, la mitad (50,2%) de las viviendas exhiben algún grado de hacinamiento (entre 2 y 3 personas por cuarto) y el 10,7% muestra un nivel crítico (más de 3 personas por cuarto). Estas cifras son notablemente más elevadas -en algunos casos más del doble- que los promedios nacionales: 20% para hacinamiento y 5% para hacinamiento crítico, según los últimos datos del INDEC. 

Solamente el 27% de las viviendas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46% sobre calles de tierra, lo que muestra un marcado déficit en infraestructura básica. El 90% enfrenta, además, un alto riesgo ambiental por la presencia de plagas, acumulación de basura y proximidad a fuentes contaminantes. En particular, el 49% de las viviendas se encuentra cerca de agua contaminada y el 29% junto a basurales, lo que incrementa significativamente la exposición a enfermedades.

Para cerrar, Marino dijo a este portal que “las necesidades más urgentes tienen que ver con garantizar la continuidad de la política de integración socio urbana ya que hace casi dos años que las obras están frenadas. Ahora no solo se cortó el financiamiento, sino que además está en discusión la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Es central que existan los recursos suficientes para avanzar en estas obras tan fundamentales para mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida de los 6.000 barrios populares de la Argentina”, remarcó.