En la era Milei se destruyeron 57.000 puestos de trabajo del sector público nacional

“El topo que vino a destruir al Estado desde adentro” ya avanzó contra 57.000 puestos de trabajo del sector público nacional, incluidas sus empresas claves. De esta manera, la administración Milei atacó las capacidades claves del Estado nacional, con despidos masivos en el INTA, el Instituto Nacional del Agua, en la ex AFIP (ahora ARCA), el Estado Mayor del Ejército – es decir, militares que renuncian por las magras condicionales laborales de la gestión libertaria-, el SENASA y la ANSES, entre otros.

No son solamente despidos, sino que se desmantela la capacidad de regulación frente al avance de vastos sectores privados, favorecido por un plexo normativo ideado para el desfalco de las propias capacidades estatales, como la Ley de Bases, el DNU 70/23 y las privatizaciones.

“Estos recortes reflejan una política de ajuste que no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas. El enfoque parece ser cuantitativo más que estratégico: se reduce personal sin un análisis del impacto institucional ni de las capacidades públicas que se están desarticulando. Lejos de modernizar o eficientizar al Estado, estas medidas tienden a vaciarlo de contenido, conocimiento y herramientas para intervenir en el desarrollo nacional”, indicaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El último informe del Indec indicó que durante agosto se continuó con la política de despidos en el sector público, con una caída del 0,7% de la estructura organizativa general del Estado nacional, y una merma del 0,4% mensual en las empresas públicas.

La motosierra de Milei en el sector público

Los recortes de personal del sector público no fueron aislados ni meramente administrativos; constituyen una parte central de la estrategia oficial de repliegue sistemático del Estado en áreas donde históricamente ha cumplido funciones irremplazables.

“La combinación de ajuste fiscal con vaciamiento institucional da lugar a un nuevo paradigma, donde lo público se ve reducido a su mínima expresión, y los derechos sociales, educativos, culturales, tecnológicos y financieros quedan crecientemente subordinados a la lógica de mercado”, analizaron desde el CEPA que mes a mes mide el impacto de la destrucción de los puestos del trabajo en la administración nacional.

Desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada se destruyeron 57.621 puestos. En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recayó en la administración centralizada, con el 15,19% de la motosierra; y la administración descentralizada, con el 18,9%; luego vinieron los ajustes en las empresas y sociedades del Estado (17,65%).

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN) se afectaron áreas operativas como a organismos técnicos, científicos y sociales que cumplen funciones estratégicas en el diseño y la implementación de políticas públicas; también se afectó áreas dedicadas exclusivamente al control de los contribuyentes.

¿Quién fiscalizará la evasión tributaria en el país? El Gobierno nacional no solo avanzó con un blanqueo de capitales que les dio la posibilidad a sectores complejos de la criminalidad económicas ingresar divisas sin ser cuestionados, sino que avasalló las capacidades del propio organismo, rebautizado como ARCA, para fiscalizar y controlar el comportamiento tributario de las empresas privadas y grandes contribuyentes, por ejemplo. La mayor reducción nominal de personal se registró en ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social y del Estado Nacional), con 3.148 puestos de trabajo eliminados.

“Este recorte representó un golpe directo a la capacidad de fiscalización, recaudación y control administrativo del Estado. Se comprometió el funcionamiento de un organismo clave para la sostenibilidad financiera del sector público y la eficiencia en la gestión de los recursos”, agregaron desde el CEPA.

El ajuste también impactó con fuerza en organismos científicos y técnicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 1.716 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo.

Esta medida no solo afectó la continuidad de líneas de investigación de largo plazo — muchas de ellas vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria—, sino que debilita el tejido institucional del sistema científico argentino, históricamente reconocido en la región.

El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), otro pilar del entramado productivo y tecnológico, sufrió una reducción de 745 trabajadores. Esta decisión impactó directamente sobre la asistencia técnica a pymes, el desarrollo de normas de calidad, la transferencia tecnológica y la producción de bienes con valor agregado nacional.

Por su parte, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), responsable de garantizar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal, perdió 573 puestos de trabajo.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dentro de Jefatura de Gabinete de ministros, fue incorporado a la estructura centralizada de la Jefatura por el Decreto 438/25. El Instituto Nacional del Agua (INA), organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía, se incorporó a la estructura centralizada de dicho ministerio. Con estas fusiones, también se desplazaron trabajadores y se afectaron las tareas específicas de cada dependencia.

La eliminación del INAI estuvo acompañada de la derogación de la ley 26.160, destinada a realizar un relevamiento sobre las comunidades de pueblos originarios, frenar desalojos y contribuir a la resolución de los conflictos territoriales.

Desconectar al país

En el análisis por empresa, el caso más significativo en términos absolutos se encuentra en el  Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116 cesantías, y Banco Nación, con 1.968 despidos, mientras que el Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones.

La situación vinculada al Correo no solo implica una pérdida laboral masiva, sino que afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes. El Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país.

En el caso de Aerolíneas Argentina, empresa dedicada a interconectar el país, se contabilizaron 1.782 despidos. En AySA, empresa responsable del abastecimiento de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se contabilizaron 1.647 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de un servicio esencial para millones de personas.

La ex Agencia Télam, empresa diseñada para la interconexión de todo el país en términos informativos, también fue prácticamente desmantelada con la desvinculación de 641 trabajadores.

“Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino la orientación ideológica del proceso de desmantelamiento del Estado, con consecuencias directas sobre miles de trabajadores y sobre áreas clave para la infraestructura, la soberanía y el desarrollo nacional”, concluyeron desde el CEPA.

Un, dos, tres marchen afuera

Un aspecto notorio y también preocupante de la política de ajuste en la administración pública nacional ocurre con los despidos registrados en las estructuras centrales de las Fuerzas Armadas. En el Estado Mayor General de la Armada Argentina, las cesantías alcanzaron a 927 agentes, mientras que en el Estado Mayor General del Ejército Argentino se contabilizaron 603 desvinculaciones.

Históricamente, las Fuerzas Armadas habían quedado al margen de las políticas de ajuste tan brutales como las aplicadas por la Libertad Avanza.

“La decisión, enmarcada en la política de redimensionamiento del Estado, no solo representa un fuerte gesto político de austeridad, sino que también introduce interrogantes sobre las capacidades operativas y administrativas de las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente demanda de profesionalización y modernización institucional. La magnitud de los despidos en ámbitos tan sensibles como el Estado Mayor plantea desafíos adicionales en términos de conducción, planificación y preservación de las capacidades estratégicas nacionales”, señalaron desde el CEPA.

A esta política de recorte en la estructura de las Fuerzas Armadas, se le suma el remate que hará el Gobierno nacional sobre el predio que desde 1913 le pertenece al Regimiento Patricios, operación programadas para el próximo 6 de octubre y denunciada por varios sectores políticos, entre ellos, Miguel Angel Pichetto, que hasta hace muy poco ocupaba el rol de garante de la gobernabilidad para Milei en la Cámara de Diputados.