Con temperaturas golpeando con fuerza en distintas regiones del país, miles de familias enfrentan una realidad más que difícil: con ingresos por el piso, el precio de las garrafas, única alternativa para cocinar y calefaccionarse en hogares sin acceso a gas natural, más que duplicó a la inflación. En concreto, desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la garrafa de 10 kilos aumentó más de 800%, luego que la gestión libertaria avanzara con la eliminación de precios de referencia, la desregulación total del mercado y el congelamiento del subsidio estatal.
El impacto recae especialmente sobre los sectores populares. Mientras 1 de cada 3 hogares del país no tiene conexión a la red de gas -más de 7 millones de viviendas, según datos oficiales- en los barrios populares el 86% de las familias depende de las garrafas para cocinar. Allí, donde muchas veces tampoco hay acceso estable a electricidad, agua potable o cloacas, el “libre mercado” impulsado por el Gobierno se tradujo en una ecuación imposible: precios liberados, subsidios recortados y familias que deben elegir entre calefaccionarse, comer o endeudarse.
En paralelo, la administración libertaria endureció las condiciones para acceder al Programa Hogar. Cuando comienza el invierno, casi 4 millones de usuarios deberán reinscribirse para recibir un subsidio que hoy no cubre ni la mitad del valor de una garrafa. Así, mientras el Estado se retira de la regulación de un insumo básico, el costo de sobrevivir al frío recae cada vez más sobre los hogares de menores ingresos del país.
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Desregulación y frío extremo
Pese a las bajas temperaturas que ya se sienten en gran parte del país, miles de hogares que no cuentan con red de gas natural enfrentan también la disparada de precios de las garrafas, única opción para cocinar y calefaccionarse.
El gobierno de Javier Milei adoptó en este tiempo diferentes medidas que apuntaron esencialmente a la liberación total del precio de las garrafas, la restricción del acceso a subsidios y el cada vez menor control por parte de la Secretaría de Energía. Ya en 2024 la Secretaría de Energía de la Nación eliminó los precios máximos de referencia y posteriormente (Resolución 394/2024) dispueso un “precio sugerido” de la garrafa de 10 kilos en $10.500 que el año pasado (Decreto 446/2025) se desreguló por completo. Asimismo, congeló por dos años el valor del subsidio a las garrafas.
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¿Quiénes son los más afectados? Este combustible es utilizado para cocinar por el 39% de los hogares argentinos, según datos del último censo nacional, aunque en los barrios populares esta cifra escala al 86% de las familias. Sobre ello, relevamientos de organizaciones sociales, indicaron que 6,5 millones de personas viven en los 6.467 barrios populares del país, 7 de cada 10 no accede a un suministro formal de energía eléctrica, el 92% no cuenta no agua potable, el 95% no está conectado a la red cloacal, y casi la totalidad (99%) no tiene suministro de gas domiciliario.
La carencia en la conexión de este último servicio lleva a que las familias intenten, como pueden, acceder al mismo: el 86% cocina con garrafas, pero solo el 15% puede usarla para calefaccionarse, el 68% de los hogares no tiene acceso a agua caliente en la cocina y el 50% de los hogares tiene agua caliente en el baño a través de aparatos eléctricos, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Es decir que, aquellas familias que menos recursos son las que sufren directamente el encarecimiento de precios que genera la "libertad" del mercado.
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Pese a tal realidad y mientras bajan cada vez más las temperaturas, la gestión libertaria dispuso este año una serie de medidas relacionadas con los subsidios a la compra de garrafas y la eliminación del Programa Hogar reemplazándolo por un nuevo régimen que reduce el beneficio. En concreto, se limita la cantidad de garrafas a subsidiar, se obliga a los casi 4 millones de usuarios de garrafas a reempadronarse y se fija un sistema de reintegro de las compras.
¿Qué pasó hasta ahora? La desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el corrimiento del Estado dieron paso a un aumento de más de 800% en el precio de las garrafas desde noviembre 2023. En concreto, datos relevados por el Observatorio Villero de La Poderosa dieron cuenta de que con la devaluación de diciembre del 2023 el precio de la garrafa en barrios populares pasó de $2.472 (nov/23) a $10.277 (ene/24) una suba del 316% en poco más de un mes. A mayo de 2025 ya había escalado arriba de los $15.000 y, según un informe reciente presentado por el Instituto Argentina Grande (IAG), apenas un año después ya supera los $30.000.
“El precio de las garrafas aumentó un 842% desde noviembre de 2023”, señalaron desde el centro de estudios y detallaron que el precio de la garrafa 10kg subió el doble que la inflación: "en mayo de este año se ubicó en 33.000 pesos, cuando debería ser de 16.300 pesos si se hubiera actualizado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC)", explicaron.
Esto ocurre en un escenario donde en los comedores comunitarios el gasto se multiplicó ya que en dichos espacios se usa, en promedio, una garrafa por semana y con estas medidas desregulatorias la brecha entre el costo de las garrafas y el costo del servicio de gas natural aumenta de forma sostenida. “Actualmente ya la pagamos 25.000 pesos o más, y el subsidio no nos cubre siquiera un envase” dijo a este medio Karina, trabajadora de 51 años. Desde su lugar como cocinera en un comedor ubicado en el partido de Vicente López contó que están cocinando una vez al día, "porque se duplicó la gente y no alcanza".
A su vez la garrafa es el acceso que tienen las familias en sus hogares para cocinar y calefaccionarse. “Nos juntamos entre varias familias y compramos en el barrio para hacer una diferencia en el precio”, agregó. Si bien tratan de que la garrafa les dure un mes “a veces no se llega y más en época de frío”, compartió con este portal.
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Ello coincide, también, con un documento al que accedió El Destape donde se indicó que “cuando llega el invierno 3.898.032 usuarios de garrafas, beneficiarios del Programa Hogar, deberán volver a inscribirse para tener un subsidio que no cubre el 50% del valor de una garrafa”. Así lo indicaron desde el espacio Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) desde donde advirtieron que “se dispuso que el subsidio sea un aporte de 9.537 pesos por garrafa. En invierno para la compra de 2 garrafas y en primavera y verano de 1 garrafa, pero para tomar esta medida no se tuvo en cuenta las condiciones climáticas de las distintas zonas del país, en las que numerosas familias no tienen gas natural y consumen GLP”, remarcaron. Con un precio de mercado que oscila entre los 25.000 y 30.000 pesos el monto del subsidio no cubre ni la mitad del gasto.
Desde Deuco indicaron a este medio que hasta la fecha solo se han reinscripto poco más de 100.000 usuarios, “lo que representa menos de un 3% de los 3,8 millones de usuarios que estaban inscriptos en el Programa Hogar”.
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Además de la demora en abrir la inscripción, subrayaron otras dificultades que enfrentan los usuarios vinculadas con que “el Registro de los Subsidios a la Energía Focalizados se realiza únicamente a través de la página web de la Secretaría de Energía, no se habilitó a la ANSES a colaborar en la inscripción de los adultos mayores, además los usuarios que estaban inscriptos en el anterior Registro de los Subsidios RASE, deberán contar para la reinscripción con el Comprobante del Tramite que generalmente fue realizado en 2022 y que muchos usuarios no han archivado y por lo tanto no pueden reinscribirse”. Se suma que “el usuario que pueda reinscribirse deberá aguardar entre 60 y 90 días, ya que su solicitud será auditada y si obtuvo finalmente el subsidio podrá comprar la garrafa únicamente en los locales habilitados y solo mediante ciertas billeteras virtuales”.
En ese escenario muchas familias se ven obligadas a usar estufas eléctricas o leña, pero las redes eléctricas colapsan, y el riesgo de incendios y pérdidas aumenta. La calefacción se transforma así en un privilegio, ante la ausencia de una política pública que atienda las urgencias de las familias argentinas.
Vivir al límite
El deterioro de los ingresos reales, combinado con el aumento del costo de vida, erosionó notablemente el poder adquisitivo de gran parte de la sociedad, pero con mayor poder de daño en los sectores más vulnerables.
Tal el caso de las y los jubilados, sobre todo de quienes perciben el haber mínimo y vieron casi duplicar su gasto en servicios públicos en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). En concreto, con un haber mínimo en torno a los 460.000 pesos (bono incluido) las y los jubilados ya destinan hasta el 34% de ese ingreso solo al pago de servicios básicos.
Así lo relevaron desde Deduco, organización que precisó que si se considera el gasto en energía eléctrica, gas, agua, transporte e impuesto inmobiliaria, “un jubilado ya gasta entre el 21 y 34% de su haber mínimo en servicios”. Esto ocurre en un escenario donde dicho ingreso perdió 24% de su poder de compra respecto de 2023 (los que cobran la mínima perdieron 30%) lo que implica una pérdida acumulada en promedio superior a los 6.500.000 de pesos por jubilado, según estimó el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
En sintonía datos de Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) mostraron que en mayo pasado un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin subsidios, gastó $249.834 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. “Este gasto aumentó 17,5% respecto del mes anterior y es 50% superior al de igual mes de 2025”, indicaron.
Por último, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%. Como consecuencia, ya representa el 14,1% del salario promedio registrado o, en otras palabras, con un salario alcanza para comprar 7,5 canastas de servicios públicos cuando un año atrás eran 8,6 canastas.
