El gobierno de Javier Milei avanzó con la reglamentación de la reforma laboral y entre los puntos que modificó se encuentra el vínculo entre la jubilación y la continuidad en el empleo. Mediante el Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció un mecanismo para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe a los empleadores cuándo un trabajador inicia y cuándo concluye su trámite jubilatorio. La medida forma parte de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y apunta a poner en funcionamiento el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, una norma que regula la situación de los trabajadores que alcanzan las condiciones para acceder a una jubilación ordinaria.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la nueva herramienta permitirá que empleadores y obras sociales tengan conocimiento oportuno del otorgamiento del beneficio previsional. Según el texto oficial, el objetivo es que puedan "adoptar las decisiones que les competen respecto del vínculo laboral y de la cobertura sanitaria". Detrás de esa formulación aparece uno de los cambios más relevantes impulsados por la administración libertaria en materia laboral. La reforma aprobada el año pasado modificó las reglas que vinculan la edad jubilatoria con la permanencia en el puesto de trabajo y ahora el Ejecutivo busca garantizar que las empresas dispongan de información inmediata sobre el estado previsional de sus empleados.
Cambios en las jubilaciones ANSES: así será ahora el trámite
Hasta ahora, gran parte de los trámites jubilatorios dependían de la información aportada por el propio trabajador y de las gestiones que realizaba ante ANSES. Con la reglamentación publicada este lunes, el organismo previsional deberá desarrollar un sistema de notificaciones destinado específicamente a los empleadores. La decisión se produce en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos de los jubilados. Desde la llegada de Milei al Gobierno, el haber mínimo perdió capacidad de compra frente a distintos rubros de consumo básico, mientras que las modificaciones en la fórmula de movilidad y la política de bonos profundizaron las diferencias entre quienes cobran la mínima y quienes perciben haberes superiores.
En ese escenario, la reglamentación pone el foco no en los ingresos previsionales sino en la transición entre la vida laboral activa y el retiro. El Gobierno argumenta que se trata de una medida administrativa destinada a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica. Sin embargo, el nuevo esquema fortalece las herramientas con las que cuentan las empresas para actuar una vez que un trabajador reúne los requisitos para jubilarse. La propia redacción del decreto deja en claro que el sistema estará orientado a comunicar tanto el inicio como la finalización del trámite previsional. De esa manera, las empresas podrán seguir de cerca cada etapa del proceso y conocer el momento exacto en que se otorgue el beneficio.
La reglamentación se inscribe dentro de una estrategia más amplia de reforma del mercado laboral que el oficialismo presenta como una modernización de las normas vigentes. En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que las medidas adoptadas buscan simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la legislación a las nuevas tecnologías. No obstante, en el caso de las jubilaciones, la principal novedad no está vinculada a la digitalización de trámites, sino a la circulación de información entre ANSES y los empleadores. La creación de ese canal institucional modifica una práctica histórica en la que el proceso jubilatorio era, fundamentalmente, una relación entre el trabajador y el organismo previsional.
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La reglamentación publicada ahora profundiza esa orientación al establecer mecanismos concretos para que las empresas intervengan con mayor rapidez cuando un empleado obtiene su jubilación. El Ejecutivo justifica en los considerandos de la medida que también permitirá ordenar cuestiones vinculadas a la cobertura médica. En el texto oficial se afirma que los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud deberán ser informados sobre el otorgamiento del beneficio para adoptar las decisiones correspondientes respecto de la atención sanitaria del trabajador jubilado.
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