El gobierno de Javier Milei desreguló, este jueves, la importación y fabricación de pilas y baterías primarias. La norma ahora permite aceptar certificaciones emitidas por organismos técnicos del exterior, lo que elimina la exigencia de validación local, hasta ahora en manos del INTI.
Así lo hizo mediante el Decreto 431/2025, publicado en el Boletín Oficial, el cual introdujo cambios a la Ley N° 26.184 con el objetivo de reducir la intervención estatal en estos elementos eléctricos. La medida establece una nueva distribución de funciones entre áreas del Ejecutivo. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes —dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior— quedará a cargo de controlar los parámetros ambientales de las pilas y baterías, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía será responsable de verificar sus requisitos técnicos.
También se actualizaron las obligaciones para fabricantes, ensambladores e importadores. Según el nuevo texto, quienes comercialicen pilas y baterías deberán garantizar el cumplimiento de los límites ambientales y técnicos fijados por la normativa. Cualquier modificación en productos ya aprobados requerirá una nueva evaluación. Además, se incluyen en la exigencia los artículos que contengan pilas en su interior, incluso si no son fácilmente removibles.
Los argumentos del Gobierno para desregular la importación de pilas y baterías
Otro de los cambios centrales es que ahora se faculta a las autoridades a definir un procedimiento de evaluación que incluya el reconocimiento de certificaciones extranjeras. Si un producto cuenta con acreditación de un organismo técnico del exterior incluido en un listado oficial, no será necesario realizar ninguna verificación adicional en el país. Hasta que ese nuevo sistema sea definido, seguirá vigente el procedimiento anterior. Hasta ahora, la ley designaba al INTI como autoridad de control de los procedimientos.
Entre los argumentos, el Ejecutivo planteó que la certificación local representaba una duplicación de trámites, con impacto negativo en los costos, los plazos y la competitividad de las empresas. “Eliminar estas cargas burocráticas permite asegurar un marco que no obstaculice el acceso a tecnologías seguras y de calidad”, sostiene el texto. También señala que la exigencia de certificaciones nacionales encarecía las importaciones, limitaba el acceso a nuevas tecnologías y funcionaba como una barrera al comercio internacional.
"La eliminación de este tipo de cargas burocráticas resulta fundamental para garantizar un marco que no obstaculice el acceso a tecnologías seguras y de calidad, por lo que se torna imprescindible revisar y adecuar aquellos requisitos que implican demoras, costos adicionales y restricciones injustificadas a la circulación de bienes en el mercado", agregó el decreto en sus considerandos.
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