El viernes 19 de septiembre era todo caos para el equipo económico encabezado por Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En los tres días previos, se habían perdido 1200 millones de dólares de las reservas internacionales. Las grandes exportadoras nucleadas en la CIARA CEC, con paciencia milenaria, esperaban el llamado del Ministerio de Economía, a sabiendas de que el 30% de la cosecha de soja 2024-2025 estaba guardada en los silobolsas de los grandes productores (en su mayoría), y de que sus espaldas financieras estaban garantizadas por sus casas matrices y los fondos de inversión al estilo BlackRock.
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El llamado llegó. No necesitaron escuchar nada de Caputo. Sabían exactamente cuál sería el pedido. “Cuando tenés que negociar con estas empresas, son ellas las que te traen el proyecto casi cerrado”, explicó un ex funcionario del área de Agricultura, en diálogo con El Destape.
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“Ante la desesperación que corría por el Palacio de Hacienda, nadie prestó atención que se les permitiría anotar exportaciones en un muy breve período de tiempo sin contar con los granos. Al tiburón de las finanzas, Luis Caputo, se los comió el tiburón de las cerealeras que es Gustavo Idígoras, el lobista de la CIARA CEC”, explicó el ex funcionario que transitó por varias administraciones peronistas.
La estocada fue doble. Un grupo de siete empresas (Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro, Viterra, fusionada recientemente con Bunge) se quedó con 1500 millones de dólares por retenciones no cobradas (por ende, se avecina un mayor ajuste del gasto público) pero también se apropiarán de la ganancia que les descontarán a los productores – por la reinstalación de las retenciones - cuando vayan a comprar los granos.
La maniobra – permitida por esa venta de dos días- ya fue denunciada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Los denunciados van desde Javier Milei, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
“La apropiación de la riqueza que le corresponde a los productores argentinos es continua por parte de las empresas exportadoras intermediarias, trasnacionales en su casi totalidad. Se evidenció, por la desmesura y ampulosidad del ardid, y de manera cuantitativa, cómo al productor rural, quién es el sujeto que genera con su trabajo el grano, otro sujeto especulador, la empresa exportadora, le va a transferir la carga de un pago que la última nunca le va a realizar al Estado”, puede leerse en la denuncia realizada en forma anónima pero que ya investiga la PIA.
Allí también se invocó la vigencia de la Ley Martínez Raymonda, sancionada en 2007 y ejecutada por primera vez en el contexto del conflicto por las retenciones móviles del año siguiente, a partir de una denuncia presentada ante la Cámara de Diputados por Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Lisandro Viale y Mario Cafiero.
En todo este ardid también aparece la injerencia de los Estados Unidos, ya que la ventana de tiempo con las retenciones a cero se cerró luego de que el titular del Tesoro, Scott Bessent, dijera que se le tenía que poner fin al festival de rebaja de los derechos de exportación. En su pago chico, los farmers estadounidenses cuestionaban la pérdida de ingresos a mano de los comprados chinos que redirigieron operaciones hacia la Argentina, frente “al jubileo de las retenciones”. Luego de su mensaje en la red social X, las exportadoras aceleraron el 88% de las declaraciones juradas.
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¿Para quién gobiernan Milei y Caputo?
¿Para quién gobierna la administración Milei? No es la primera vez que un ministro de Economía tiene que sentarse a negociar con las dueñas de los dólares para conseguir una pax cambiaria momentánea. Durante el interregno de Sergio Massa como Ministro de Economía del Frente de Todos, a esa negociación se la llamó dólar soja (en sus diferentes versiones).
Por entonces, si bien las cerealeras embolsaron una buena ganancia, hubo un traslado de precios hacia los productores. En esta oportunidad, nada. En cambio, las cerealeras se quedaron con 1500 millones de dólares de ganancia neta por el esquema temporal de retenciones cero.
Tampoco habría que descartar la pregunta ¿para quién gobierna Milei? en relación a los intereses norteamericanos, teniendo en cuenta que la ventana que benefició a las cerealeras se aceleró luego del mensaje de Scott Bessent, titular del Tesoro, difundido a través de la red social X, presionado por los farmers de su país.
“La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en solo dos días”, sostuvo Caleb Raglan, presidente ASA, una organización de productores norteamericana.
Acto seguido, Bessent difundió en X que Argentina debería ponerle fin al festival de rebaja de los derechos de exportación. ¿Se habrá sentido presionado Caputo? ¿Habrá habido información privilegiada entre el ministro y las cerealeras por las presiones explícitas de Bessent? Lo cierto es que después de ese mensaje, se aceleraron las operaciones de registración de exportaciones.
Según un trabajo realizado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el 23 de septiembre (al día siguiente del decreto 682 que puso las retenciones en cero), se metieron 69 presentaciones de exportaciones por el 12% del volumen total pactado con el Poder Ejecutivo en 7000 millones de dólares. Al día siguiente, y tras conocerse el mensaje de Bessent, las cerealeras metieron 400 declaraciones juradas con el 88% del volumen anotado.
El complejo sojero se quedó con el 80% de lo declarado (5.600 millones de dólares). Le siguen el complejo trigo con el 10%, maíz con 6% y girasol con el 3 %. En materia de derechos de exportación el sector sojero absorbió el 92% de los beneficios (por tener derechos de exportación más elevados), el 4% el complejo trigo y 3% el maíz. Tal solo siete empresas se quedaron con el negocio; son el rostro no tan visible de quienes estafaron a los productores (y al fisco también): Cargill, LDC, AGD, Bunge, Cofco, Molinos Agro, Viterra (fusionada con Bunge).
Los tiempos de embarque declarados indican que sólo un 9% de lo registrado tiene permiso para octubre de 2025. En noviembre se embarcará un 20% y en diciembre un 50%; el 20% restante recién se embarcará a lo largo del año 2026.
“Eligieron declarar embarques cuando los precios FOB oficiales eran más bajos, para liquidar menos dólares. Lo segundo es que tienen tiempo de abastecerse de granos a precios descontados los derechos de exportación cuando termine la vigencia del decreto ya que no deben comprar los productos para embarcar en el corto plazo. Esto va a iniciar una puja con los productores en la cual las agro-exportadoras tienen todo para ganar”, puede leerse en el informe de MATE.
Legalidad fraguada
El viernes por la mañana, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió una denuncia por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público al Presidente Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Economía, Luis Caputo y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
La denuncia posee dos partes centrales. Por un lado, se invoca la Ley Martínez Raymonda y el posible desfalco hacia los productores en el momento en que las cerealeras salgan a comprar el grano que no tenían y les descuenten a los productores los derechos de exportación que no rendirán al fisco.
Pero también se señaló una serie de “desprolijidades” que quedaron en evidencia a partir de la publicación de dos resoluciones de la cartera de Agricultura ente el 23 y 24 de septiembre (una corrigiendo la otra) para terminar de pergeñar –según la denuncia que ya analiza la PIA- la maniobra económica detrás de las retenciones cero. Un juego de legalidad fraguada.
En la Resolución 184/2025 de la Secretaría de Agricultura se estableció la vigencia por un año de las Declaraciones Juradas por Ventas al Exterior, sin importar que hayan sido hechas con anterioridad al decreto 682/2025 de retenciones 0%. Pero siempre y cuando, el embarque de la mercadería se realizase después del 23 de septiembre.
“A las exportadoras les quedó fuera del jubileo un montón de operaciones que ya habían embarcado antes del 23 de septiembre. Y como lo importante (acá está la connivencia fraudulenta) no era acelerar la exportación, sino embocar dentro del jubileo a la mayor cantidad de operaciones posibles para que queden eximidas del pago de retenciones, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca les corrige el error en 24 horas”, puede leerse en la denuncia ante la PIA.
El 24 de septiembre, Agricultura dictó la Resolución 185 donde elimina del artículo 1 de la resolución 184 la frase “y cuyo inicio de embarque opere con posterioridad al 23 de septiembre de 2025”.
“Una administración infiel que hicieron los funcionarios denunciados, de las herramientas normativas a su alcance, en perjuicio del Estado. Y en beneficio de las empresas exportadoras, que con la treta de acumular declaraciones juradas en dos días de lo que habían exportado antes y de lo que exportarán en el futuro, se quedarán con lo que les descuenten a los productores (los verdaderos generadores de la riqueza) en concepto de unos derechos de exportación que nunca pagarán durante todo el resto del año”, concluye la denuncia ante la PIA.
Los ecos de un debate parlamentario
El juego de las cerealeras nucleadas en la CIARA CEC, con sus espaldas financieras sostenidas por los grandes fondos de inversión al estilo BlackRock, es siempre el mismo. Un poco de Historia, bastante reciente.
En ocasión del conflicto por las retenciones móviles, cuando el debate ya se había trasladado a la Cámara de Diputados, quedaron al descubierto algunas de sus maniobras de elusión en medio de los gritos de Alfredo De Angeli (FAA), Hugo Luis Biolcati (SRA), Mario Llambias (CRA) y Eduardo Buzzi (FAA). Todo ocurrió durante una reunión de la comisión de Agricultura presidida entonces por Alberto Cantero, el 26 de junio de 2007.
“Les informo que en la página web de la comisión publicaremos la denuncia realizada por el diputado (Claudio) Lozano y (Mario) Cafiero sobre los 2000 millones de dólares que tienen como saldo positivo los exportadores, entre lo que les descuentan a los productores en concepto de retenciones y lo que terminan aportando por ese impuesto al Estado”.
La maniobra de las cerealeras había sido adelantar las DJVE con una alícuota más baja sin contar con los granos que luego les comprarían a los productores descontándoles las retenciones actualizadas. La denuncia llevaba la firma de Lozano (Buenos Aires para Todos), Eduardo Macaluse (SI), Lisandro Viale (PS), el ex diputado Mario Cafiero. Cualquier similitud con la actualidad, no es coincidencia.
La denuncia de los legisladores disparó la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, sancionada por el Congreso durante diciembre de 2007. En su artículo 1, la norma aún vigente, sostiene:
“Cuando se produjera un incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, las empresas deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”.
¿Los productores agropecuarios no deberían ser quienes se abalancen masivamente ante la Casa Rosada para reclamarles a Milei-Caputo por el desfalco que les harán en la cara? ¿Quién diría que el mejor exponente de esta maniobra podría ser el propio dueño de AGD, Roberto Urquía, beneficiado por Caputo con 193 millones de dólares por retenciones no cobradas?
Esto sostenía el empresario y legislador peronista en la sesión del Senado del 19 de diciembre de 2007:
“El gobierno anunció una suba de los derechos de exportación, fruto de los excelentes precios internacionales de que gozaban las commodities por el 6 ó 7 de noviembre. Pero, en realidad, los sectores vinculados con esta actividad, desde algunas semanas atrás venían escuchando el runrún de que eso iba a ocurrir. No se cerraron los registros de exportación y muchos exportadores declararon ventas al exterior y las registraron en la Secretaría de Agricultura, como exige la ley. Entonces, de no sancionarse esta norma, si esos exportadores que declararon ventas a través de ese registro no compraron la mercadería, van a poder hacerlo a un precio atenuado y van a quedarse con la diferencia de la renta que le correspondería al Estado o, en última instancia, al productor agropecuario”.
El proyecto tuvo una modificación en el Senado (impulsada por Urquía), así que volvió a Diputados para quedar aprobada el 26 de diciembre de ese año. En todo el trámite parlamentario jugó un rol relevante el ex legislador Alfredo Ferrari Echeverry y Alberto Ballestrini, quien logró imponerla en el recinto.
¿Quién se les animará a las cerealeras?
La clave del caso actual radica en la ventana de tiempo de dos días, entre el decreto que llevó las retenciones a cero y la reinstalación de los derechos de exportación que funcionó como un pase tántrico entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras por 1500 millones de dólares; en la aceleración de las DJVE ocurridas luego del mensaje de Bessent y en las correcciones chapuceras de las dos resoluciones de la cartera de Agricultura. ¿Hubo tráfico de información privilegiada?
“¿Quién podía tener guardado en silobolsas un stock de 15 millones de toneladas? Este es un quilombo entre los grandes productores y las exportadoras. En el momento en que Bessent sale con su mensaje de que se tiene que terminar la joda de la baja de las retenciones, ahí adelantaron todas las Declaraciones Juradas y los productores quedaron afuera. O ya tenían los granos que habían obtenido descontándoles a los productores el equivalente a las retenciones para quedarse ellos con el precio pleno”, denunció Lozano.
También el legislador por UxP Eduardo Valdes reclamó la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, y algo parecido hizo el candidato por Fuerza Patria, Jorge Taiana. Pero si con esta norma no bastara, el analista agropecuario, Carlos Etchepare, planteó otra posibilidad, al mencionar la Resolución 128/19 de la cartera de Agricultura, que en su artículo 19 establece lo siguiente:
“La Subsecretaría de Mercados podrá requerir a las empresas exportadoras la documentación respaldatoria de cualquier DJVE que hubieran registrado (…) en ningún caso se considerará como tenencia ni adquisición de mercadería a las sementeras (acto de sembrar o al terreno donde se ha sembrado) o los proyectos de producción, ni a las opciones operadas a través de los Mercados a Término”.
“Si Luis Caputo o Javier Milei quisieran conocer el perjuicio que le han causado a los productores agropecuarios para beneficiar a quienes le han prestado 7.000 millones de dólares a su mesa de dinero lo pueden hacer. También las entidades de productores podrían reclamarlo”, aseveró Etchepare. ¿La Mesa de Enlace se animará?
El cierre financiero
Para que no quede dudas de que toda la movida fue arreglada entre el Poder Ejecutivo y las cerealeras, basta ver los instrumentos financieros otorgados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la licitación del viernes pasado.
Economía informó que adjudicó $7,3 billones en la última licitación, sobre un total de ofertas por $7,7 billones. El rollover fue de más del 130%, lo que dejó $1,7 billones de financiamiento neto que ya engrosan la cuenta del Tesoro en el BCRA. Entre los instrumentos, se destacaron los dólar linked. ¿Los habrán comprado las exportadoras agropecuarias ante la lluvia de pesos frente a la liquidación de los 7000 millones de dólares?
Como escribió la periodista Luciana Glezer en La Política Online, el negocio fue redondo: “Primero, vendieron soja en papel, financiada con dólares prestados a sus casas matrices a tasas de apenas 2,5%. Con esos dólares liquidados en el MULC obtuvieron pesos. Ahora, colocan esos pesos en bonos dólar linked: si el oficial sube tras las elecciones, el capital queda automáticamente ajustado. Además, perciben una tasa de interés anual de más del 50%”.
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