El gobierno nacional avanzó en la centralización de la información sobre asistencia social con la creación de un registro único de beneficiarios de prestaciones, que funcionará como base de datos integrada para identificar a las personas que reciben prestaciones estatales. Se trata de la misma medida que Argentina acordó con el FMI en agosto pasado, planteada entonces como paso previo a un ajuste en la cantidad de beneficiarios de la AUH.
La medida fue dispuesta por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a través de la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La resolución establece la puesta en marcha del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), que operará dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS). Este último sistema (el SIIS) ya había sido creado en 2024 con el objetivo de unificar bases de datos y mejorar la interoperabilidad entre organismos del Estado.
El nuevo registro concentrará en una única base administrativa la información de las personas que reciben programas o servicios sociales en un momento determinado. A partir de allí, se buscará consolidar, armonizar y cruzar datos provenientes de distintas dependencias públicas, con el fin de "que los registros consolidados respondan a la información oficial provista por los organismos competentes, evitando duplicidades y asegurando la integridad, coherencia y trazabilidad de los datos", planteó la resolución en sus considerandos.
Según argumenta la normativa, el RIB permitirá identificar no solo a los beneficiarios, sino también sus características y atributos asociados, lo que apunta a mejorar la planificación y evaluación de las intervenciones estatales. La implementación del sistema se apoyará en las bases de datos ya existentes dentro del SIIS.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el organismo encargado de administrar el registro, así como de garantizar la integración de la información y su actualización. A su vez, el tratamiento de los datos personales estará sujeto a la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que el organismo deberá aplicar medidas de seguridad y confidencialidad.
El ajuste en la AUH a pedido del FMI
Lo establecido en esta resolución es lo mismo que había pedido realizar el FMI en el último acuerdo firmado por Argentina en agosto pasado de 2025, con el objetivo de avanzar en un ajuste en el acceso a la AUH y las pensiones por discapacidad.
Concretamente, el acuerdo técnico firmado por el FMI y por Argentina en agosto pasado establece que habrá "mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social", en una reforma que estaba originalmente prevista para diciembre de 2025.
El hecho de que el pedido del FMI se trata de un ajuste se hace evidente en que justifica esta medida en la necesidad de realizar "un esfuerzo adicional de 0,3 puntos porcentuales del PBI" de superávit.
Según el acuerdo, esto debe llevarse a cabo, justamente, mediante "la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social", basado en el actual "Sistema de Indicadores Sociales, SIS". El SIS depende precisamente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que emitió hoy la resolución de creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB).
Hasta ahora, el SIS se ocupaba de "consolidar información social relevante generada a partir de relevamientos estadísticos y registros administrativos" y de "brindar una visión global de la situación socioeconómica a nivel nacional". En septiembre de 2024, a su vez, se creó el SIIS con el objetivo de "poner a disposición la integración e interoperabilidad de los datos compartidos de información social".
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