La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en distintos puntos del país en rechazo a la política de financiamiento educativo del gobierno de Javier Milei, luego de más de dos años de conflicto sostenido por el presupuesto de las universidades nacionales y por el deterioro salarial de quienes trabajan en el sistema público de educación superior. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que docentes y no docentes universitarios acumulan una pérdida del 34,2 por ciento de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 hasta el primer cuatrimestre de 2026. El estudio remarca que la mayor parte de esa caída se concentró durante los primeros meses de la gestión libertaria, cuando la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y julio de 2024 alcanzó el 134,6 por ciento, mientras los salarios aumentaron 80,4 por ciento.
Según el relevamiento del CEPA, el salario real cayó 23,1 por ciento respecto de noviembre de 2023 durante ese período inicial y continuó deteriorándose durante 2025 y los primeros meses de 2026. “Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales”, indica el documento.
El informe compara los salarios básicos universitarios con el valor de la Canasta Básica Total correspondiente a un hogar tipo y concluye que la mayoría de los cargos docentes y no docentes se ubica por debajo de la línea de pobreza. En marzo de 2026, la CBT alcanzó los 1.434.464 pesos y, entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaron ese umbral.
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El documento agrega que, entre los no docentes, únicamente los cargos de los niveles 1 y 2 lograron ubicarse por encima de la canasta. El resto de las categorías quedó por debajo de ese nivel de ingresos. En el caso de los docentes con dedicaciones simples y semi exclusivas, la situación es todavía más crítica. “Solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes se ubica por debajo de ese nivel”, sostiene el informe.
El conflicto universitario ya había alcanzado durante 2024 y 2025 niveles de masividad inéditos desde el retorno democrático. Las movilizaciones federales realizadas el año pasado reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país y forzaron al Gobierno a actualizar parcialmente las partidas de funcionamiento. Sin embargo, la discusión salarial continuó abierta y las universidades denunciaron que las actualizaciones presupuestarias quedaron absorbidas rápidamente por la inflación.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la política de ajuste responde a la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y cuestiona el esquema de financiamiento histórico de las universidades nacionales. Funcionarios del oficialismo insistieron en distintos momentos en la necesidad de “auditar” el sistema universitario y denunciaron presuntas irregularidades administrativas, aunque sin presentar hasta el momento modificaciones estructurales al régimen de financiamiento.
En paralelo, la Casa Rosada rechazó durante el último año distintos proyectos impulsados desde el Congreso para recomponer salarios y garantizar fondos universitarios. El informe del CEPA hace referencia a una ley aprobada por el Parlamento y posteriormente resistida por el Ejecutivo, que establecía la convocatoria a una paritaria nacional para recuperar la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023. Según el estudio, esa iniciativa implicaba una recomposición del 44 por ciento y hubiera permitido recuperar gran parte del deterioro salarial registrado durante la gestión libertaria.
“De haberse aplicado sobre los salarios de noviembre 2025, el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023”, señala el informe. El CEPA cuestiona el esquema salarial impulsado por el Gobierno para 2026, basado en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1 por ciento cada una. El estudio sostiene que esa propuesta “ignora deliberadamente el ajuste realizado durante 2024” y además queda por debajo de las proyecciones inflacionarias previstas para este año.
“Según las proyecciones del REM, la inflación acumulada durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría 14,7%, superando ya el aumento total previsto de 12,3%”, sostiene el documento. La proyección agrega que para septiembre la inflación acumulada llegaría al 23,6 por ciento, once puntos por encima de la recomposición salarial prevista por el Ejecutivo. El deterioro de los ingresos universitarios también aparece reflejado en la evolución de casos concretos. El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva y sin antigüedad. Expresado a valores proyectados de septiembre de 2026, ese cargo percibía el equivalente a 1.187.482 pesos en noviembre de 2015 y pasó a 584.413 pesos en abril de 2026. La caída real acumulada alcanza el 50,8 por ciento.
La proyección elaborada por CEPA indica además que, bajo el esquema salarial planteado por el Gobierno, ese salario llegaría a septiembre de 2026 en 547.748 pesos. “Lejos de recuperar poder adquisitivo, el esquema propuesto termina profundizando el deterioro salarial”, concluye el informe. Las federaciones docentes y no docentes sostienen que la pérdida salarial ya comenzó a impactar sobre el funcionamiento académico cotidiano. En varias universidades nacionales se multiplicaron durante el último año las renuncias de docentes jóvenes, las dificultades para cubrir cargos y los reclamos vinculados a la continuidad de proyectos de investigación.
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