Presupuesto 2026: el ajuste más duro en vivienda, asistencia social y servicios básicos

Más del 40% del total de los recortes presupuestarios de los últimos dos años se explican por las reducciones experimentadas en las partidas de Servicios Sociales. Al respecto, si bien el proyecto de Presupuesto 2026 establece aumentos interanuales para algunos apartados, lo cierto es que resultan insuficientes para compensar las fuertes caídas experimentadas previamente: los recursos para la función Servicios Sociales caerán 16% contra 2023 (antes del inicio de la actual gestión nacional) de avanzar el proyecto tal cual fue presentado esta semana por el Ejecutivo. Entre algunas partidas centrales sobresale Vivienda y Urbanismo que retrocederá en términos reales (considerando efecto inflación) un 74%; a la vez que en Agua y alcantarillado el ajuste escalaría al 78%. En complemento el rubro Educación y Cultura acumulará una caída del 45%, con la derogación del artículo que garantizaba la obligatoriedad de alcanzar pisos mínimos de gasto para el acceso a este derecho.

Se suma el ajuste en Trabajo, Promoción y Asistencia Social, que reduciría su presupuesto 67% vs. 2023, sobre todo por la eliminación del programa Potenciar Trabajo que llevó a una disminución notable de los recursos desde este año, compensada parcialmente con el aumento de la AUH. Sobre esto último, no es menor que el gobierno busca eliminar el mecanismo de actualización automática de la AUH y de todas las asignaciones familiares. Por otro lado, si bien se prevé un aumento del 35% en la inversión pública, el nivel sigue siendo históricamente bajo: es un 76% inferior al de 2023.

Recortes en vivienda, servicios públicos y educación

De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas que figuran en el Proyecto de Presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- , el gasto total del año próximo aumentaría un 7% en términos reales -descontando la inflación-. Sin embargo, la comparación contra el 2023 -último año con presupuesto aprobado por el Congreso- arroja una disminución del 24,6%. Asimismo, los datos de inflación, tipo de cambio y crecimiento estimados en el proyecto difieren de los calculados por especialistas y consultoras. Por ejemplo, mientras el documento presentado por el Poder Ejecutivo pronostica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 10,4% anual para 2026, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta un 17,7%. 

En relación, sobre la inflación estimada por el oficialismo, no es menor advertir que para llegar a dichos guarismos en el caso de este año implica que entre septiembre y diciembre de 2025 la inflación mensual promedio debería ubicarse en torno al 1%, mientras que en 2026 debería ser de 0,8%. En caso de que los aumentos de precios superen los previstos por el proyecto, se produciría una caída más pronunciada del gasto, principalmente en las partidas que no se actualizan automáticamente por ley. Algo similar sucede con las estimaciones sobre crecimiento del PBI ya que, si la evolución real es inferior a la proyectada, la recaudación de impuestos será menor a la que figura en el proyecto.

Si se pone la lupa puntualmente en el gasto en Servicios Sociales, el proyecto establece un aumento interanual del 6,7% en términos reales frente a 2025. Este incremento, no obstante, resulta insuficiente para compensar las fuertes caídas experimentadas en años anteriores, arrojando una disminución acumulada de 15,9% contra 2023. 

Un aspecto clave para entender las prioridades del programa económico del gobierno nacional tiene que ver con que casi el 43% de los recortes presupuestarios totales de los últimos años se explican por las reducciones experimentadas en las partidas en servicios sociales, seguida por servicios económicos (36,5%). En servicios económicos la caída se da principalmente por la reducción en subsidios a tarifas y energía. 

Los datos surgen de un análisis detallado del proyecto que el presidente Milei presentó esta semana por cadena nacional, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) desde donde señalaron que “al interior de Servicios Sociales se observa una gran heterogeneidad en la evolución reciente de las diferentes funciones”. Los números ponen sobre la mesa que, pese al discurso del oficialismo, lo cierto es que la mayoría de las partidas si bien crecen contra el deprimido nivel que representa 2025 (mejoras interanuales), no recuperan todo lo perdido desde el inicio de la administración libertaria.

Por un lado, se menciona lo que ocurre con Educación y Cultura. En este apartado el proyecto prevé un aumento cercano al 8% con respecto al año anterior pero el rubro acumula una caída del 45% desde 2023, por lo que necesitaría al menos 6 billones de pesos más para recuperar su nivel anterior. A su vez, el artículo 30° del proyecto deroga la obligatoriedad de alcanzar pisos mínimos de gasto en educación.

Un componente importante del recorte en educación se vincula a la evolución del presupuesto universitario, que se mantiene prácticamente sin modificaciones en 2026 con respecto al año anterior, pero acumula un descenso del 32% en el último trienio. En la reducción del presupuesto de Educación y Cultura también influyó la desaparición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el recorte en becas estudiantiles. La reducción del gasto destinado a Universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026.

En el mismo sentido cabe destacar lo ocurrido en Trabajo, Promoción y Asistencia Social que, por una parte, reduciría su presupuesto (-2%) en 2026 pero sobre todo acumularía una caída de 67% con la gestión Milei. El grueso de la contracción se produjo principalmente por el reemplazo del programa Potenciar Trabajo por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social -con un presupuesto muy inferior-, y las reducciones en Prestación Alimentar -compensada parcialmente con el aumento de la AUH-, así como por el derrumbe de las partidas de Integración Socio-urbana y Abordaje Territorial.

A su turno, en el área de Vivienda y Urbanismo se registra un fuerte incremento (se multiplica por 12) en comparación con el año anterior. Sin embargo, los montos asignados resultan marginales frente al ajuste del gasto de años previos cuando, además, la mayor parte de la inversión se canalizaba a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, disuelto en mayo pasado mediante el Decreto 312/2025. En este sentido la caída del gasto para este fin escala al 74% frente a 2023. En el caso de servicios como Agua y alcantarillado ocurre una dinámica similar y el recorte llega al 77,7% para dicha partida. 

Por otro lado, se encuentran partidas las que logran recuperar terreno perdido como Salud -suba interanual de 9,6%- donde el incremento observado se explica en gran medida por la partida Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes del Ministerio de Salud, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del INSSJP–PAMI. Esta partida está bajo la órbita del Ministerio de Economía. A su vez, Seguridad Social registra un aumento del 7,2% interanual, aunque, el presupuesto destinado al bono previsional sería un 13% menor al de 2025 y un 45% menor a 2023.

Si se pone el foco en el desagregado de cada partida del Presupuesto presentado, en materia de protección social a la niñez, a través de la AUH y la Prestación Alimentar, el proyecto de presupuesto propone una inversión similar a la de los últimos años. "Lo positivo en la composición es que priorizó la inversión a través de la AUH (que está protegida por ley y tiene un mecanismo de actualización) en lugar de la Prestación Alimentar (que tiene rango de resolución ministerial y los aumentos son discrecionales del Poder Ejecutivo)”, destacaron desde ACIJ, aunque alertaron que “el art. 73 del Proyecto deroga el mecanismo de actualización”. Esto quiere decir que se busca eliminar la actualización automática de las asignaciones y “si se subestima notablemente la inflación, esto podría derivar en una licuación de la prestación y una pérdida en la protección social de niñas, niños y adolescentes”.

En otro orden se puede mencionar la reducción del gasto en inversión que fue uno de los factores que permitieron alcanzar el superávit fiscal a partir del año 2024, llegando este año el punto más bajo de la serie. En concreto, en el proyecto de 2026 se registra un fuerte aumento (35%), aunque de todas formas la inversión pública sigue quedando en un nivel históricamente bajo, 76% inferior al de 2023.

La lista del ajuste sigue

También dentro de Servicios Sociales es posible advertir que en las principales políticas destinadas a la atención de la violencia de género se consolida el camino de desmantelamiento y opacidad presupuestaria iniciado en 2024. Ese año, el presupuesto del Programa Acompañar se redujo un 90 % respecto a 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 personas a solo 434. Asimismo, “dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja”, alertaron los especialistas. La Línea 144, principal canal de atención a personas en situación de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45 % su planta de trabajadoras. En 2025 también perdió su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan

Por último, la partida correspondiente al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) experimenta en el proyecto de Presupuesto una reducción del 85 % respecto al nivel de 2025, que ya había sido ínfimo. En 2026 se ejecutaría menos del 3 % de lo invertido en 2023. En cuanto a las actividades de Educación Sexual Integral, bajo la órbita de la Secretaría de Educación, el presupuesto para el año que viene es de apenas $239 millones, un 2% de lo gastado en la partida en 2023.