El proyecto de ley del Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso planea derogar la movilidad de las asignaciones familiares que actualmente se ajustan por inflación y se pagan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida puede afectar los ingresos de más de 9 millones de personas, que dependerán de la voluntad exclusiva del Gobierno.
El artículo 73 del texto oficial sostiene: “Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. Los puntos indicados señalan que tanto el valor de las Asignaciones como los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determina el cobro de esos beneficios serán móviles.
Las Asignaciones (AAFF) engloban a las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral. Todas pasarían a depender de incrementos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo.
El Gobierno se reservaría para sí la potestad de dar aumentos discrecionales a las asignaciones, como así también la actualización de los límites y rangos de ingresos familiares. En su discurso, Milei ya avisó que puede recortar partidas para garantizar el rumbo fiscal del año que viene.
El manoseo del Gobierno de Milei en la caja de la seguridad social
Una de las peculiaridades del gobierno libertario es que ejecutó el mayor ajuste de la inversión social desde la mega crisis de 2002, excluyendo la contracción post pandemia del coronavirus. El mandatario anarco-libertario repitió la estrategia de política social de Mauricio Macri: expansión para la infancia y recorte para jóvenes, adultos y adultos mayores.
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En 2024, la inversión social no contributiva se redujo en un 14,19%, representando el ajuste más grande del siglo XXI en Argentina. En comparación, durante la crisis económica de 2018-2019, el ajuste fue del 9,28% repartido en dos años. Pero ahora la magnitud fue distinta: la expansión para niños fue el doble y el ajuste fue tres veces mayor. En concreto, dos de cada tres pesos del recorte en política social no contributiva corresponden a programas destinados a jóvenes y adultos. El resto del recorte corresponde a pensiones no contributivas destinadas a adultos mayores.
Aunque hasta ahora se ajuste por inflación, el Gobierno apenas asumió otorgó un aumento del 100%, exclusivamente para la AUH que cobran la madre, padre o titular con hijos a cargo desocupados, trabajador no registrado, de Casas Particulares y Monotributista Social.
Existe una importante diferencia entre la magnitud del aumento en la inversión en AUH (40,7%) y aquella observada en la inversión en políticas sociales para niños en su conjunto, que creció considerablemente menos (13,8%). Esta diferencia se explica básicamente por la reducción en los beneficios reales de la Tarjeta Alimentar, aun cuando se amplió el límite de edad para cobrar este beneficio de 14 a 17 años, aumentado la cantidad de beneficiarios. Los aumentos discrecionales de la Tarjeta Alimentar estuvieron por debajo de la inflación, lo que implica que los beneficios reales de la Tarjeta Alimentar cayeron 15,23% en promedio.
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Según las estadísticas de la Seguridad Social, el régimen de Asignaciones Familiares alcanzó a 9,4 millones de beneficiarios (niños y adolescentes menores de 18 años, hijos con discapacidad sin límite de edad, personas gestantes y cónyuges de pasivos), de los cuales más de 8,4 millones corresponden a Asignaciones por Hijo.
El Presupuesto 2026 indica que para el caso de la Asignación Universal por Hijo, se registran 4.113.370 beneficios en 2025, pero para 2026 esta cantidad bajará a 4.096.069, una caída del 0,42%.
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