La eventual reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei podría quedar envuelta en una judicialización prolongada, incluso en el caso de que consiga sanción parlamentaria. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, al explicar que el actual esquema de control constitucional permite que una ley quede frenada en distintos juzgados hasta que el máximo tribunal establezca un criterio definitivo.
El titular del máximo tribunal recordó que en la Argentina funciona un sistema de control “difuso”, que habilita a cualquier magistrado a declarar la inconstitucionalidad de una ley. Aunque la Corte puede posteriormente unificar criterios mediante su jurisprudencia, ese camino es lento y habilita, en el mientras tanto, la convivencia de fallos opuestos que complican la aplicación de una reforma laboral.
“Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, explicó el presidente del máximo tribunal, y agregó que eventualmente “la Corte debería decidir si esa norma es constitucional o no”.
Rosatti señaló que un escenario similar ya ocurrió con artículos laborales de la Ley Bases, que fueron declarados inconstitucionales por un juzgado y todavía no cuentan con un fallo definitivo de la Corte, según señaló al diario Perfil.
Consultado sobre si el Congreso podría imponer una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar los fallos de la Corte, Rosatti respondió con cautela. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, sostuvo. Y aclaró que solo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional” podría evitarse la reiteración permanente de los mismos litigios.
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Arranca el trámite de la reforma laboral en el Congreso y se movilizan los gremios
El gobierno de Javier Milei enfrentará desde esta semana días de alta temperatura política con el comienzo del armado de las comisiones en el Congreso y con la primera gran marcha de la CGT contra la reforma laboral. En paralelo, se empezará a cocinar una fuerte movilización a Plaza de Mayo que reunirá al sindicalismo combativo, líderes opositores y movimientos sociales.
En el Senado, el martes a las 11 los presidentes de cada bloque fueron convocados por la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir las comisiones. En Hacienda y Presupuesto, se prevé que siga el libertario Ezequiel Atauche, y en Trabajo y Previsión Social, podría seguir Carmen Álvarez Rodríguez, la ex legisladora del PRO que pasó a las filas del partido de Milei. Será en estos espacios donde se deberán estudiar los 197 artículos de la ley de reforma laboral mileísta para luego dar dictamen y someterlo a votación.
Según un listado al que accedió El Destape, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, tendría los 37 nombres de senadores que garantizarían el quórum y la media sanción a la reforma de Milei antes de fin de año. Sin embargo, se desconoce la posición que tomarán quienes responden a gobernadores no kirchneristas y a los dialoguistas pero no alineados al Gobierno.
Este proyecto, anunciado con bombos y platillos por el oficialismo, será el que mayor resistencia tenga en las calles: a la movilización anunciada por la CGT para este jueves se fueron sumando las dos CTA, sindicatos combativos de izquierda, movimientos sociales, gremios estatales y el peronismo referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
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