El Gobierno difundió en las últimas horas un borrador de reforma laboral que pone en jaque los derechos de los trabajadores. Entre sus propuestas de flexibilización más polémicas figura el recálculo —y en los hechos prácticamente la eliminación— del esquema indemnizatorio vigente. El documento que circula entre la cúpula política, los sindicatos y los principales grupos empresariales plantea sustituir la indemnización por despido por un “fondo de cese laboral” o un seguro equivalente, financiado por los empleadores. Se espera que entre hoy y mañana se conozca el proyecto de ley de reforma laboral que se debatirá en el Congreso.
Para quienes pierdan su empleo, la tradicional compensación —meses de salario por año trabajado— quedaría reemplazada por un sistema de acumulación previa de aportes. Además, el cálculo indemnizatorio se ajustaría para excluir componentes clave: no se contaría el aguinaldo, las vacaciones —o bien se los descontaría de la base de cálculo—, ni otros pagos extraordinarios, bonificaciones o sumas no remunerativas.
En los hechos, estas modificaciones representan una fuerte rebaja en los montos que recibiría un trabajador despedido, al mismo tiempo que flexibilizan para el empleador la posibilidad de reestructurar —o desarmar— equipos sin afrontar un costo elevado. El borrador también prevé que las indemnizaciones puedan ser pagadas en cuotas cuando las empresas no tengan liquidez, un alivio empresarial a costa del trabajador.
Reforma laboral de Milei: los principales puntos
El borrador de reforma no se limita al reemplazo del sistema indemnizatorio. Acompaña esas modificaciones con una batería de transformaciones que, en conjunto, dibujan un retroceso estructural en derechos laborales.
- Se introducen los llamados “bancos de horas”: en lugar de pagar horas extra con recargos del 50 % o 100 %, se permitirá acumular jornadas largas y compensarlas luego con descansos.
- También se modifica el régimen de vacaciones: la norma permitiría fraccionarlas, acordarlas individual o colectivamente, con la posibilidad de que años enteros de descanso se posterguen u opten por no tomarse, y se condicionan al acuerdo con el empleador.
- El borrador limita la posibilidad de litigar en ciertos casos —como aquellos que involucren monotributistas o trabajadores de “plataformas” — argumentando que muchas relaciones laborales están disfrazadas de prestación autónoma.
El Gobierno —y los representantes del sector empresario— la presentan como una “modernización” del mercado de trabajo, una reforma estructural que permitiría mayor flexibilidad, reducción de litigios laborales y estímulo al empleo formal.
La creación del fondo de cese laboral aparece como un mecanismo para “dar previsibilidad” a las empresas, especialmente PyMEs, para que puedan planificar su estructura de costos sin temor a indemnizaciones elevadas si optan por despedir personal. Detrás de ese argumento de “previsibilidad” se vislumbra otra lógica: abaratar el costo laboral, debilitar la organización sindical, presionar a la baja los salarios reales y trasladar el riesgo de crisis al trabajador.
Chau indemnizaciones: qué es y cómo funciona el fondo de cese laboral
El cambio clave es la sustitución potencial del régimen tradicional de indemnización por despido por un mecanismo de “fondo de cese laboral” o seguro de despido. El proyecto tal como circula no prevé rubros adicionales al básico, elimina recargos por horas extra, reduce las indemnizaciones y permite su pago en cuotas. Eso convierte a un despido no en un cierre de ciclo con reparación, sino en un simple “gasto administrativo” para el empleador.
Para quienes trabajan en relación de dependencia, esas condiciones implican precariedad: menos estabilidad, menor poder de negociación, mayor vulnerabilidad ante crisis o cambios en la estructura de las empresas. Para quienes podrían ingresar al mercado laboral, el esquema deja un saldo en contra: más flexibilidad para el empleador, menos derechos para el trabajador.
La reforma que propone el gobierno podría inaugurar un escenario de precarización estructural permanente, con contratos frágiles, derechos limitados y trabajadores expuestos.
Si se aprueban los borradores tal como están, será un retroceso grave para los derechos laborales en Argentina. La indemnización, más que un costo, era una garantía: de dignidad, de previsibilidad, de respeto por quien aporta su trabajo.
El proyecto propone que, en lugar de pagar esa indemnización al momento del despido, se habilite un régimen de anticipos mensuales (o contribuciones regulares) que se depositen en cuentas especiales —individuales para cada trabajador— administradas por fondos o fideicomisos regulados (como “Fondos Comunes de Inversión de Cese Laboral” o fideicomisos), fiscalizados por la autoridad financiera correspondiente (según la reglamentación dada por la Comisión Nacional de Valores, CNV).
MÁS INFO
Este fondo actuaría como reserva previa para cubrir indemnizaciones en caso de despido. Si el empleador decide despedir, deberá girar el monto acumulado al trabajador; si no lo hace, el trabajador podría retirarlo por sus propios medios. Esto significa que para muchos trabajadores la “indemnización tradicional” podría dejar de existir. Las empresas más poderosas podrían imponer el fondo, mientras las más pequeñas o los trabajadores más vulnerables quedarían expuestos a arreglos individuales desventajosos.
Cerrar sesión