La concentración del agronegocio en pocas manos acaba de marcar un nuevo hito global, con una fuerte implicancia para la Argentina. China convalidó en las últimas horas la megafusión entre Bunge y Viterra (ex Glencore).
“La empresa recibió la aprobación regulatoria de China para la adquisición de la empresa de procesamiento de granos Viterra y espera cerrar el acuerdo de US$34.000 millones alrededor del 2 de julio”, sostuvo Bunge a través de un comunicado.
China fue la última autorización regulatoria que Bunge necesitaba para cerrar el acuerdo tras obtener las aprobaciones de los reguladores de Canadá, la Unión Europea y otros mercados.
Pero esta es más que una operación comercial. Dentro de ambas empresas, que ahora serán una sola, pisa fuerte el pulpo financiero BlackRock. Y en Argentina, Bunge – Viterra concentran el 25% del total de las exportaciones del sector; además, poseen un rol clave dentro de todo el entramado Vicentin. Ambas pretenden quedarse con los activos remanentes de la quebrada cerealera, tal es el caso de Renova.
En toda esta historia, La Libertad Avanza jugó sus fichas a favor de la concentración.
La trama local
La administración de Javier Milei jugó sus fichas para avalar uno de los mayores procesos de concentración en el sector agroexportador: la fusión entre Bunge y Viterra (ex Glencore).
Entre junio y octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo desistió de investigar a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) las consecuencias de tamaña operación que excede por lejos el aspecto comercial. Así quedó ratificado en tres diferentes dictámenes de la autoridad de control.
La fusión global entre Bunge y Viterra (ex Glencore) se anunció a nivel global en 2023; por entonces, la CNDC, bajo la dirección de Rodrigo Luchinsky, entendía que dicha operación comercial debía ser analizada de oficio por el Estado nacional, sobre todo teniendo en cuenta la existencia de otros expedientes que ya ponían la lupa sobre las maniobras entre Vicentin y Viterra en el marco de la causa penal iniciada tras el desfalco de 2019.
Con la llegada de la administración Milei, la decisión oficial fue beneficiar a Bunge sin la intromisión de la CNDC.
La primera resolución favorable a la mega fusión llegó el primero de marzo de 2024, en el expediente que ponía la lupa en la adquisición de la empresa Renopack, en el marco del caso Vicentin.
Luego de ese primer dictamen, se firmó la resolución sobre el expediente vinculado a la fusión Bunge – Viterra.
“Bunge Argentina indica que, a la fecha en que presentó el descargo, no se había producido ninguna transferencia de control, ya que la transacción aún no se ha perfeccionado”, argumentaron desde la CNDC. Con este particular argumento, resolvieron dejar sin efecto cualquier tipo de actuación oficial.
“Se recomienda al señor secretario de Industria y Comercio disponer el archivo de las actuaciones por cuanto la operación analizada no se encuentra aún sujeta a la obligación de notificar conforme lo indica el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 (concentración económica)”, puede leerse en el texto oficial. Al cierre de esta nota, la página web de la CNDC con el dictamen citado no podía ser accedida.
El dictamen en cuestión llevó las firmas de Alexis Pirchio y los vocales Florencio Bogo, María Paula Molina, Eduardo Rodolfo Montamat y Lucas Trevisani Vespa. Actualmente, Montamat es el titular de la CNDC. Este aval fue rubricado el 26 de junio de 2024. Para el 7 de agosto, el ex secretario de industria y comercio, Pablo Agustín Lavigne, disponía el archivo del expediente. La administración Milei se ocupó de que no transcendiese ninguno de estos movimientos. El 17 de diciembre del año pasado, Lavigne renunciaba a su cargo.
Concentración
El sector agroexportador ofreció signos de una mayor concentración. Durante 2024, tan solo cinco exportadoras se quedaron con el 62% del mercado, con un total de ventas por 41,71 millones de toneladas.
* Cargil: 9,54 millones de toneladas (14% del mercado)
* Viterra: 9,39 millones de toneladas (14% del mercado)
* COFCO: 8,63 millones de toneladas (13% del mercado)
* Bunge: 7,45 millones de toneladas (11% del mercado)
* LDC: 6,73 millones de toneladas (10% del mercado)
Pero el escenario de concentración es mucho más profundo si se tiene en cuenta que Bunge y Viterra (en ambas pisa fuerte el mega fondo BlackRock) acaban de concretar su megafusión comercial. Ambas manejan el 25% del mercado.
La concentración en el sector agroexportador va desde los grandes productores, los acopios y las exportadoras. Allí radica la musculatura de la llamada Mesa de Enlace para presionar por su santo grial: la baja de retenciones o una devaluación.
En el país existen 57.780 productores de soja, pero solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción, según el informe “Soja, el yuyo maldito”, elaborado por el Centro de Estudios Agrarios (CEA). También existe una concentración en las empresas con capacidad de acopio y exportaciones.
Para el CEA, los “guardianes de los granos” se encuentran distribuidos entre 1259 empresas, con 2458 plantas de almacenaje. El dato surge de la Bolsa de Comercio de Rosario. De este total, un puñado de sociedades concentra la siembra, el acopio y la exportación.
De acuerdo al análisis del CEA, en la cúspide del área sembrada se encuentra Adecoagro (Mariano Bosch), con 210.000 hectáreas; le sigue Aceitera General Deheza, del ex senador Roberto Urquía y Miguel Acevedo, ex titular de la UIA, con la siembra de 200.000 hectáreas y una capacidad de acopio de 4 millones de toneladas.
En capacidad de siembra sigue el grupo Lartirigoyen, que supo hacer buenos y malos negocios con Oleaginosa Moreno (luego conocida como Glencore y hoy Viterra, una de las empresas que pretende quedarse con los principales activos de la quebrada Vicentin, recientemente fusionada con Bunge). Este grupo local siembra 150.000 hectáreas y cuenta con una capacidad de acopio anual de 2,6 millones de toneladas.
Con aproximadamente 140.000 hectáreas, le sigue MSU (Manuel Santos Uribelarrea) y con 130.000 hectáreas sembradas aparece Cresud, del grupo Elsztain.
La trama Vicentin, Viterra, Bunge y BlackRock
El caso Vicentin sigue ofreciendo pruebas de cómo funciona el poder económico vernáculo. En un fallo del pasado 13 de mayo, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela declaró nula la propuesta de pago realizada por los accionistas de Vicentin, en línea con lo dictaminado por la Suprema Corte santafesina, por considerarla fraudulenta.
De esta manera, la nueva decisión judicial dejó abierta la posibilidad para que los principales activos de la concursada sean vendidos al mejor postor. Los interesados son Viterra-Bunge y la cooperativa ACA. Las dos primeras sociedades ya concentran el 25% del mercado agroexportador del país, donde tiene una fuerte presencia el fondo BlackRock
El otro conglomerado que pretende quedarse con los restos de Vicentin es el Grupo Grassi, que en todo este entramado aparece asociado al Grupo CIMA, una sociedad manejada por Esteban Nofal, empresario vinculado a Mauricio Macri, según consta en el libro de Santiago O´Donnel titulado “Hermano”.
El Grupo Grassi es uno de los principales acreedores que pretenden quedarse con los activos de Vicentin, a través de su empresa Commodities S.A. Sobre el cierre del año pasado, llevó adelante una “jugada judicial” asociado a una misteriosa compañía llamada CIMA SA, a partir de la cual compró las acreencias de los principales bancos que participaban del concurso de acreedores.
Es decir que se quedó con montos verificados al momento del default por más de 447 millones de dólares, abonando una suma mucho menor. Las financieras que cedieron sus créditos fueron IFC (205 millones de dólares), FMO (122 millones), ING (46 millones), MUFG (12 millones), SMBC (12 millones), Natixis (9 millones) y el Rabobank (22,7 millones). Esta última entidad, vinculada al fondo BlackRock, es clave ya que formó parte de todo un esquema de triangulaciones previo al inicio del concurso.
El grupo inversor CIMA Investments pertenece al financista Esteban Antonio Nofal, hijo de Luis Nofal, cofundador de Torneos y Competencias junto a Carlos Ávila. Según manifestó el diputado santafesino y periodista Carlos Del Frade, “el grupo CIMA es totalmente desconocido para los sectores políticos y sociales de la provincia de Santa Fe, ciertos grupos financieros lo conocen”. “El dinero viene de afuera. Nofal está muy vinculado a Mauricio Macri”, aseveró Del Frade en declaraciones al portal Letra P.
La mención a Macri no es menor, teniendo en cuenta que toda la maniobra de desfalco quedó en evidencia con el préstamo político que le diera Macri a Vicentín vía el Banco Nación. La empresa CIMA consiguió el dinero para comprar las acreencias internacionales a través de Soripel S.A, una sociedad radicada en Uruguay fondeada a través de otras mamushkas radicadas en diferentes paraísos fiscales.
De acuerdo al libro “Hermanos”, publicado por Santiago O´Donnel, Mariano Macri, hermano del ex presidente, le había manifestado al periodista que Nofal era la persona que supo interceder ante la empresa Isolux a fin de que vendiese una serie de parques eólicos a otras compañías vinculadas a la propia familia Macri y a Carlos Tevez.
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