El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 dio lugar a la medida cautelar que impide el cierre de Vialidad Nacional. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines había presentado un recurso de amparo ante la Justicia para declarar como inconstitucional el decreto firmado por el presidente Javier Milei que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 7 de julio. Sin embargo, el Gobierno apelará la medida, según indicó el vocero Manuel Adorni en X.
La medida del gremio, que contó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, busca "la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25". El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°23, a cargo de la jueza Marta Rey.
La medida busca impugnar el decreto 461/2025 por el cual se disolvió esa Dirección Nacional: alegan que viola derechos laborales y que el Ejecutivo no tiene la potestad para tomar la medida. Según el argumento de la presentación, el decreto es considerado inconstitucional y “violatorio de derechos laborales y humanos fundamentales”. El objetivo central es preservar el organismo que ostenta más de 93 años de historia y tiene presencia con más de 5 mil empleados en toda la Argentina, octavo país del mundo en extensión territorial.
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La presentación del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines ante la Justicia se produjo luego del anuncio realizado por Manuel Adorni sobre el cierre de Vialidad Nacional, que luego fue oficializado en el Boletín Oficial. "Este organismo se inventó para simplificar la corrupción", advirtió el vocero presidencial en una conferencia de prensa en Casa Rosada, a principios de este mes. En este marco, señaló que "el Gobierno dará la apertura de la licitación de 9.120 kilómetros de ruta, que tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país".
Los argumentos de la Justicia
Con el patrocinio de los doctores Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, el escrito radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23 a cargo de Marta Rey reclama “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que se valió el presidente Javier Milei para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
En total son 5.245 empleados en la DNV. El amparo reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los trabajadores/as sean absorbidos por otras reparticiones con los mismo derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. En tanto, la medida cautelar de no innovar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de los salarios y la continuidad laboral.
Entre los argumentos, los demandantes aseguran que la Ley Bases y las facultades delegadas no le dieron la potestad al Poder Ejecutivo de disolver entes como Vialidad Nacional. Es porque el Artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo. De esta manera, afirman que la eliminación de la DNV, que es autárquica y creada por ley, no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
Romper antes que mantener
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, cuestionó el cierre de Vialidad Nacional anunciado por el Gobierno, junto a la concesión en manos privadas de 9.120 kilómetros de rutas en todo el país. Aseguró que "se entró en un nuevo mundo desconocido" y puso duda la aplicación de la medida y el futuro del organismo. “No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar (la medida)", señaló el titular de Camarco a Ámbito, a la vez de resaltar que “en todos los países hay un organismo como Vialidad” aunque en Argentina “está todo concentrado”.
Por su parte, según datos de Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anualmente del sistema vial, nacional y provincial, tienen un valor de u$s4.213 millones, pero recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta u$s40.773 millones.
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