VTV: el Gobierno rechazó el reclamo de los talleres y ratificó la reforma

Por decreto, Javier Milei desestimó el reclamo de la cámara de talleristas de autos. Qué argumentó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

10 de marzo, 2026 | 09.01

El Gobierno desestimó el planteo del sector de talleres y ratificó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que introduce menos trámites, amplía los plazos de revisión y habilita la participación de concesionarias e importadores.

La confirmación de la modificación normativa quedó plasmada en el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que rechazó el reclamo presentado por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y cerca de 30 firmas del rubro.

Las empresas pretendían suspender la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), o VTV, al sostener que las modificaciones establecidas por el Decreto 196/25 comprometían la seguridad vial y afectaban la “independencia de criterios” en las inspecciones.

Cómo es el nuevo sistema de VTV tras la reforma del Gobierno

Con este nuevo decreto, el Gobierno ratificó los pilares de la modernización del sistema, enfocados en reducir la carga económica y fomentar la competitividad:

  • Vehículos 0 km: la primera revisión técnica deberá realizarse recién a los 5 años del patentamiento (antes era a los 3 años).
  • Autos de hasta 10 años: la revisión será cada dos años, en lugar de anual.
  • Fin de la exclusividad: las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar el número de talleres ni fijar tarifas máximas o mínimas.
  • Nuevos actores: concesionarias, importadores y talleres mecánicos podrán realizar las revisiones, eliminando la exclusividad de los centros de inspección tradicionales.

Qué argumentó el Gobierno para reformar la VTV

Desde CATRAI y otras compañías señalaron que la ampliación de los plazos carecía de respaldo técnico y advirtieron que permitir que las concesionarias revisen vehículos que ellas mismas comercializan genera un potencial conflicto de intereses.

El Ejecutivo rechazó esas objeciones y argumentó que los autos actuales cuentan con mayores estándares de seguridad, por lo que exigir controles tan frecuentes constituye, a su criterio, una "burocracia innecesaria".

En materia de seguridad vial, el Gobierno citó estudios internacionales que atribuyen la mayoría de los accidentes a errores humanos —como alcohol, exceso de velocidad o distracciones— y no a problemas mecánicos.

También mencionó estándares internacionales y señaló que en la Unión Europea no existe exclusividad en las inspecciones, ya que las empresas de mantenimiento pueden realizarlas si cumplen con los protocolos establecidos.

En ese sentido, el decreto sostiene que "la objetividad del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al objeto social de los prestadores, las cuales actúan como barreras de entrada injustificadas". El Gobierno también plantea que la libre negociación de precios entre usuarios y talleres constituye el "mecanismo más eficiente" para determinar valores adecuados.

A través de su cuenta en X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la ratificación de la medida y afirmó que “queda así allanada la reforma que va a poner racionalidad y va a permitir que las VTV se hagan en las concesionarias, en cualquier taller habilitado o en los talleres RTO que hoy hacen solo vehículos de carga. En definitiva, con más oferta como es en cualquier país serio del mundo”.

La normativa también suprimió el Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados, trasladando la responsabilidad al profesional matriculado que certifica la reforma, con el objetivo de simplificar el procedimiento.

Sobre este punto, el ministro sostuvo que se trataba de “un curro de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) que te obligaba a pagar por verificar los cambios de configuración que hacían talleres habilitados por el gobierno a tal fin y previo a su verificación final en la revisión técnica obligatoria por otra entidad autorizada por el gobierno a tal fin. En definitiva, un peaje sándwich entre dos trámites oficiales”.