Las Fuerzas Militares de Colombia están aumentando el número de efectivos para expandir su control territorial en una renovada ofensiva contra los grupos armados ilegales, dijo el más alto jefe militar del país, después de la terminación de una serie de ceses al fuego y el estancamiento de las negociaciones de paz.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, lanzó desde su llegada al poder en el 2022 una política de paz, que incluía diálogos con guerrillas izquierdistas y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares, para poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Pero casi tres años después, todos los ceses al fuego declarados por el Gobierno fueron suspendidos y el mandatario ordenó incrementar la ofensiva contra el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), cinco facciones de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por fuera de un acuerdo de paz del 2016, el Clan del Golfo y otros grupos más pequeños.
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"Hoy en día no hay ningún cese al fuego, estamos en total acción militar ofensiva para contrarrestar estos grupos armados ilegales y nos corresponde seguir ganando territorio", dijo en una reciente entrevista con Reuters el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, en Buenaventura, una ciudad portuaria en el Océano Pacífico.
"Ese es el reto permanente. La seguridad comienza con el control del territorio y ahí vamos avanzando. Hemos hablado de aumento de tropas, de aumento de capacidades y en la manera que logremos hacerlo, vamos a lograr más control del territorio", explicó el oficial.
OFENSIVA FOCALIZADA
Las Fuerzas Militares, que avanzan en la incorporación de 16.000 soldados, concentran su ofensiva en seis regiones que incluyen desde las selvas del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, hasta las junglas y las montañas del Pacífico y del suroeste de Colombia, estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de oro, las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.
La punta de lanza de la ofensiva son ocho fuerzas de despliegue rápido a las que se sumará otra en las próximas semanas, reveló el oficial.
Cubides denunció que todos los grupos armados ilegales sacaron provecho de la intención de paz del Gobierno para aumentar su expansión territorial financiados por sus actividades criminales y que en los últimos tres años subieron en un 45% el número de integrantes a alrededor de 22.000.
Pero ahora los militares enfrentan el desafío de los secuestros por parte de civiles presionados por las organizaciones criminales para evitar la presencia de las tropas en las zonas que controlan para sus actividades ilegales, aseguró el oficial.
Hace una semana, 57 soldados secuestrados por civiles fueron rescatados por el ejército y la policía cerca del caserío de El Plateado, ubicado en el Cañón del Micay, en el departamento de Cauca, donde las Fuerzas Armadas lanzaron en octubre del 2024 una operación para desalojar a una facción de las FARC de una región con extensos cultivos de hoja de coca.
En marzo, otros 29 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron liberados en la misma zona después de permanecer dos días privados de la libertad.
Como en otras regiones del país, el Gobierno prometió millonarias inversiones en carreteras, escuelas, hospitales, acueductos y electrificación para el Cañón del Micay, pero la resistencia de los rebeldes y la confrontación lo ha impedido.
"En la medida que le quitemos el negocio ilícito a los grupos armados ilegales y las comunidades cambien, va a haber la verdadera tranquilidad y va a haber las condiciones para poder hacer la transformación del territorio", concluyó Cubides.
Con información de Reuters
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